CONSTITUCIÓN DE 1931 Y BIENIO REFORMADOR

   A pesar del incremento de concejales monárquicos en zonas rurales, las elecciones municipales de 1931 fueron un triunfo republicano:

el Rey se exilió y en Madrid se proclamó la República.
   Los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián formaron un Gobierno Provisional.

Niceto Alcalá Zamora (Derecha Liberal Republicana) ocupaba la presidencia, y Manuel Azaña (Acción Republicana), la cartera de Guerra. Mientras convocaron elecciones a Cortes constituyentes el 28 de junio de 1931, también se enfrentaron al problema catalán y al eclesiástico.
   El gobierno envió a dos ministros catalanes y al ministro de Justicia a Barcelona para convencer a Maciá (líder de Ezquerra Republicana de Cataluña) de que retrasara su proclama de la República Catalana independiente, que aceptó a cambio de crear un gobierno ejecutivo y tramitar en las Cortes un Estatuto para Cataluña.
   Por elogiar la monarquía, el arzobispo de Toledo y el obispo de Vitoria fueron expulsados de Ẽsp. Además, la inauguración de un Centro Monárquico en Madrid derivó en más enfrentamientos y en la quema de iglesias. Esto fue el distanciamiento definitivo entre Iglesia y República.


   Frente a una derecha sin cohesión, la coalición republicano-socialista ganó las elecciones. La primera tarea de las Cortes, bajo la presidencia de Julián Besteiro (socialista), fue elaborar una constitución. Se proyectó por una Comisión Constitucional en muy poco tiempo, inspirada en las modernas y democráticas constituciones de la República de Weimar (Alemania), de Austria o de México. Tras intensos debates, sobre todo en los de asuntos religiosos, el 9 de diciembre se aprobó la Constitución en las Cortes.
  

La Constitución definía a España como “una República de trabajadores de toda clase” y establecía un Estado dotado de un fuerte poder central y que admitía la existencia de regiones autónomas (Cataluña, Galicia y País Vasco) cuyos estatutos tenían que ser aprobados por las Cortes. También devuelve la soberanía nacional.
   Su declaración de derechos es la más amplia de todo el constitucionalismo español. Es más, los ciudadanos podían dirigirse al Tribunal de Garantías Constitucionales para hacer efectivo cualquier derecho. Los principales eran el sufragio universal pleno, el matrimonio civil, el divorcio, y la igualdad educativa y laboral. El derecho a la propiedad era reconocido, pero existía la posibilidad de socializar o nacionalizar la propiedad y los servicios.
   En cuanto a la división de poderes, el legislativo recaía en las Cortes (unicamerales), donde los diputados se elegían cada cuatro años. También poseían un gran control sobre el gobierno. El ejecutivo lo ejercían el presidente de la República y el Gobierno. El presidente lo elegían los diputados y un número igual de compromisarios. Su mandato duraba seis años y podía disolver las Cortes (2 veces). El gobierno tenía capacidad ejecutiva y respondía ante las Cortes de sus actuaciones. El poder judicial era autónomo, y los jueces independientes del gobierno. El pueblo podía participar en la administración judicial a través de los jurados.
  

La Constitución establecía un Estado laico, con separación de Iglesia y Estado, libertad de culto, etc. Esto provocó la dimisión de Zamora como presidente de gobierno, pero tras el visto bueno de la Constitución fue elegido Presidente de la República y, Manuel Azaña, Pte. de Gobierno.
Durante el Bienio reformador (dic1931 – sep1933), Azaña, para modernizar el país, emprendió varias reformas:

REFORMA MILITAR

Azaña era conocedor de los asuntos militares. Para reducir, modernizar, y someter al ejército al poder civil elaboró la Ley de Retiro de oficialidad para los militares que no quisieran jurar lealtad a la República, sustituyó las capitanías militares por divisiones orgánicas, derogó la Ley de Jurisdicciones y cerró la Academia General de Zaragoza. No obstante, la reforma, considerada una ofensa por los africanistas, fue un fracaso.

REFORMA RELIGIOSA

Para reducir la influencia de la Iglesia, se disolvió la orden de los jesuitas y se limitaron las posesiones de las órdenes religiosas (Ley de Congregaciones). Ante esta situación, la jerarquía eclesiástica se enfrentó a la República.

REFORMA AGRARIA
   Fue la de mayor envergadura: casi la mitad de los trabajadores se dedicaban a la agricultura. Sin embargo, en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura más del 50% de las tierras eran latifundios de grandes propietarios, por lo que con esta reforma se autorizaba la expropiación sin indemnización de las tierras de la Grandeza de España y con indemnización en los casos que debía autorizar el Instituto de Reforma Agraria (IRA). Esta reforma molestó tanto a propietarios, que se sentían amenazados, como a campesinos, por el escaso rendimiento.

REFORMA EDUCATIVA

El objetivo era establecer una educación primaria gratuita y para todos. El presupuesto de educación aumentó un 50% y se realizaron las Misiones Pedagógicas (teatro ambulante “La Barroca”).

REFORMA TERRITORIAL. LAS AUTONOMÍAS

Maciá, tras retirar su Estat Catalá, elaboró el Estatuto de Nuria, que fue discutido y aprobado en las Cortes (1932). Al Estatuto se opuso la derecha y Lerroux, pero fue aprobado por Azaña. El Estatuto establecía un gobierno (Generalidad) y un Parlamento autónomo en las competencias económica, social, educativa y cultural; así como lengua cooficial el catalán.


   En el País Vasco, el PNV y los carlistas elaboraron el Estatuto de Estrella, que no fue aprobado por ser muy confesional y tradicional (oposición de la izquierda). El Estatuto de Galicia (1936) no pudo ser discutido por el estallido de la Guerra Civil.

REFORMAS LABORALES
   Largo Caballero (ministro de Trabajo) impuso la Ley de Contratos de Trabajo (negociación colectiva), los Jurados Mixtos de obreros y empresarios, la Ley de Términos Municipales (prioridad para trabajar de la gente de un lugar sobre la gente de fuera) y la jornada de ocho horas diarias.
   El laicismo republicano y las reformas del gobierno molestaron a amplios sectores sociales y llevaron a la derecha a organizarse. Se creó la Acción Nacional con jóvenes de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que daría lugar a la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) de Gil Robles.

Los nacionalista-fascistas crearon las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), y los monárquicos y nacionalistas la Renovación Española (Calvo Sotelo)

. El carlismo se reunificó en la Comunión Tradicionalista Española. José Antonio Primo de Rivera fundó la Falange Española (variante española del fascismo), a la que se adhirieron las JONS.
   A pesar de la creciente oposición a Azaña, el pronunciamiento militar del general Sanjurjo fracasó (1932). Los izquierdistas y anarquistas también se oponían a la República calificándola de burguesa. CNT y UGT se radicalizaron. La filiación del Partido Comunista (la Pasionaria) aumentó.
   Los alborotos de los campesinos defraudados por la lenta transformación social fueron castigados con gran violencia, lo que provocó una fuerte presión de la prensa al gobierno de Azaña, que dimitió en 1933. Las elecciones generales se celebraron en noviembre de 1933 y las mujeres españolas votaron por primera vez.

CONCLUSIÓN


La República fue una etapa de graves oscilaciones gubernamentales, debido a…

– …su apoyo sobre un consenso muy frágil, formado por un sector de las clases medias y por el obrerismo más moderado, que tuvo que enfrentarse a una nutrida oposición que se enfrentó al nuevo régimen.

                   – …la falta de cultura democrática, la inestabilidad política, la conflictividad social y la intransigencia de sus adversarios, que condujeron a la República a tensiones sociales, aprovechadas por los enemigos de la democracia para intentar acabar con ella (Guerra Civil).