Las Grandes Reformas de la Segunda República (1931-1936)

La Segunda República Española se proclamó el 14 de abril de 1931. El Gobierno Provisional, que estuvo en funciones de abril a diciembre de 1931, convocó elecciones a Cortes Constituyentes para junio de ese mismo año. En diciembre de 1931 se aprobó la Constitución. Niceto Alcalá Zamora fue nombrado presidente de la República, y Manuel Azaña presidió un gobierno formado por republicanos de izquierda y socialistas.

Comenzó así el período conocido como Bienio Reformista (diciembre de 1931 – noviembre de 1933). Durante este tiempo, el gobierno legalizó una serie de reformas, algunas de las cuales ya habían sido aprobadas por el Gobierno Provisional y por la Constitución. El objetivo principal era transformar y modernizar las estructuras sociales, políticas y económicas del país. Sin embargo, estas reformas se vieron afectadas por el contexto de la crisis económica de 1929 y por las dificultades económicas que sufría España.

Reformas Clave del Bienio Reformista

Reforma Militar o Ley Azaña

Esta reforma consistió en un conjunto de leyes, algunas aprobadas por el Gobierno Provisional y otras por el gobierno reformista. Su objetivo era modernizar y democratizar el ejército español, así como evitar su intervención en la política. La ley obligó a los militares a jurar fidelidad a la República y ofreció el retiro voluntario a todos los oficiales, conservando el sueldo íntegro. También se reorganizaron las regiones y las academias militares. Esta reforma provocó la oposición de un sector del ejército y el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo en 1932.

Reforma Agraria

El Gobierno Provisional había aprobado un decreto que obligaba a los propietarios a cultivar las tierras y contratar jornaleros dentro del propio municipio. La Ley de Reforma Agraria de 1932 fue implementada por el Instituto de Reforma Agraria (IRA). Esta ley permitía al gobierno expropiar, con indemnización, los latifundios mal aprovechados para repartirlos entre los campesinos sin tierras. El objetivo era aumentar la producción agrícola y mejorar la situación del campesinado. Sin embargo, los resultados fueron muy limitados debido a su complejidad técnica, el escaso presupuesto y la fuerte oposición de los partidos de derecha y de los terratenientes. Su lenta aplicación provocó enfrentamientos entre los sindicatos anarquistas de la CNT y la FAI con las fuerzas de orden público.

Reforma Educativa

La Constitución de 1931 establecía la enseñanza pública obligatoria, gratuita y laica. Se prohibieron los centros privados religiosos y la asignatura de religión. Se mejoraron los métodos pedagógicos y la formación de profesores, y se construyeron numerosas escuelas primarias para erradicar el elevado analfabetismo de la población. Para las zonas rurales se creó el Patronato de Misiones Pedagógicas, que consistían en escuelas ambulantes que llegaban a todos los núcleos de población para alfabetizar a sus habitantes.

Reforma Religiosa

La Constitución de 1931 establecía la libertad de culto y la separación entre Iglesia y Estado. Además, se promulgaron más leyes para restringir el poder e influencia de la Iglesia: se disolvió la Compañía de Jesús y se confiscaron sus bienes; se estableció el matrimonio civil y el divorcio, y se cerraron los colegios de enseñanza religiosa. Las consecuencias de las reformas educativa y religiosa provocaron que la Iglesia, los sectores católicos y la derecha se posicionaran en contra del gobierno republicano.

Reforma Territorial

La Constitución de 1931 contemplaba la descentralización del Estado y la concesión de estatutos de autonomía a las nacionalidades históricas. En septiembre de 1932, las Cortes aprobaron el Estatuto de Autonomía de Cataluña. En octubre de 1936, durante la Guerra Civil, se aprobó el Estatuto de Autonomía del País Vasco. El Estatuto de Autonomía de Galicia, promovido por el Partido Galleguista de Castelao, fue aprobado por referéndum popular en junio de 1936; sin embargo, la Guerra Civil impidió su aprobación por las Cortes. Las fuerzas políticas de derecha, la Iglesia y un sector del ejército consideraron esta reforma como un ataque a la integridad territorial de España.

Reforma Laboral

Largo Caballero, secretario general del PSOE y la UGT, trató de mejorar la situación de los obreros. Reformó las negociaciones de los contratos de trabajo, estableció seguros sociales y favoreció la actividad de los sindicatos. Esta reforma encontró la fuerte oposición de los empresarios y dueños de fábricas.

Consecuencias y Fin del Bienio Reformista

La puesta en práctica de las reformas se encontró limitada por la inestabilidad política y la fuerte oposición contra el gobierno, no solo por parte de la oligarquía terrateniente y burguesa, y la Iglesia, sino también por los sindicatos anarquistas y los partidos de derecha.

El presidente de la República, Alcalá Zamora, disolvió las Cortes y convocó elecciones generales para noviembre de 1933. En estas elecciones votaron, por primera vez en España, las mujeres. Los partidos de derecha se presentaron unidos y ganaron las elecciones. Alejandro Lerroux lideró un gobierno de derecha (noviembre de 1933 – febrero de 1936) que derogó las reformas aprobadas por el gobierno anterior.

En febrero de 1936 se celebraron nuevas elecciones, que ganó el Frente Popular, una coalición formada por partidos de izquierda. El nuevo gobierno aprobó las reformas derogadas por el gobierno anterior y concedió la amnistía para todos los represaliados en las revueltas de 1934.

Las reformas y la ajustada victoria del Frente Popular sirvieron a la derecha para cuestionar las elecciones y crear un ambiente de enfrentamiento generalizado en el país. El 18 de julio de 1936, los generales Sanjurjo, Mola y Franco, apoyados por sectores como la Iglesia, los partidos de derecha, los terratenientes, la burguesía financiera e industrial, y una parte de la población, lideraron un golpe de Estado que llevó a España a la Guerra Civil (1936-1939).