La reforma política

El sistema político del general Franco no podía sostenerse tras su muerte. Desaparecido Carrero Blanco, nadie podía mantener el franquismo. España tenía la estructura económica similar a la de los países europeos democráticos y lo mismo ocurría con los modos de vida. Era preciso salir del subdesarrollo político. La caída de Salazar en Portugal en 1974, las presiones de la CEE, de los EEUU, de la Iglesia del Vaticano II exigían la desaparición del franquismo.

La continuidad era defendida por el “bunker”, los dirigentes políticos del régimen, la mayor parte de los altos mandos militares y los grupos oligárquicos.

La desaparición brusca del sistema era preconizada por la Junta Democrática, desde la Plataforma de Convergencia Democrática preferían una ruptura pactada con los poderes fácticos. Una minoría del régimen, encabezada por el rey, buscaba la reforma desde el sistema.

Confirmado como Presidente del primer Gobierno de la Monarquía, Arias Navarro se inclinaba al inmovilismo. Para que la reforma fuese posible era necesario desplazarle del poder.

Cumplido el mandato del presidente franquista de las Cortes, Juan Carlos nombró a Fernández Miranda, quien aconsejó al rey como lograr la reforma política. En un despacho rutinario, el rey manifestó su descontento por la marcha de los asuntos del país. Arias, no acostumbrado a recriminaciones, enfadado, presento su dimisión. El rey se la aceptó en el acto.

En julio de 1976, el rey nombró Presidente del Gobierno a Adolfo Suárez. El nombramiento fue mal visto por la oposición y por quienes, procedentes del franquismo, querían la reforma.

Se concedió una amnistía a presos políticos; y Suárez expuso ante los principales jefes militares las reformas que pensaba hacer y nombró vicepresidente al general Gutiérrez Mellado.

Se procedió a la aprobación de la Ley de Reforma Política. Las futuras Cortes quedarían formadas por dos cámaras: el Congreso y el Senado. Aunque tal ley suponía la desaparición de las estructuras franquistas y de las mismas Cortes, éstas la aprobaron por amplísima mayoría.

Según la legislación franquista la ley debía ser aprobada en referéndum. La oposición pidió la abstención; los conservadores el no. Se aprobó el 15 de diciembre de 1976.

Las primeras elecciones democráticas

La Ley de Reforma Política obligaba al gobierno a convocar elecciones generales. Antes era preciso legalizar la existencia de partidos políticos y regular tales elecciones. En febrero de 1977 se publicó un Decreto-ley, pactado con la oposición, que regulaba el Derecho de Asociación Política. Se tramitó la legalización de más de 150 partidos: no el Partido Comunista de España por la oficiosa oposición del ejército. La no legalización del PCE planteaba la legitimidad de las elecciones. El 9 de abril, Sábado Santo, se legalizó el PCE. El ministro de Marina dimitió y el rey y con Gutiérrez Mellado serenaron los ánimos.

En abril se convocaron elecciones generales que se celebrarían el 15 de junio. Los resultados electorales de 1977 y de 1979, confirmaron dos grandes partidos a escala nacional (UCD y PSOE), la existencia de otros dos grupos minoritarios a derecha e izquierda (AP y PCE), el resurgimiento de los nacionalistas (CIU y PNV) y el fracaso del franquismo (Fuerza Nueva y Falange) y de la extrema izquierda: Partido de los Trabajadores de España (PTE). Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) y Liga Comunista Revolucionaria (LCR).

La Constitución de 1978

De los resultados electorales al Congreso se deducía que los sectores próximos al franquismo (AP) o los partidarios de la ruptura (PCE) habían fracasado. Los partidarios de la reforma (UCD y PSOE, al que luego se uniría el PSP) eran los vencedores.

Adolfo Suárez al frente de la UCD formó un nuevo gobierno sin mayoría, que había de gobernar mediante pactos.

Las nuevas Cortes no tenían el carácter de constituyentes, pero todos pensaban que la redacción de una Constitución era su tarea principal. El proyecto fue redactado por una comisión de representantes, y fruto del consenso. El resultado fue una Constitución que reflejaba las ideas más importantes de los distintos grupos políticos.

Aprobada la Constitución por las Cámaras se sometió a referéndum el 6 de diciembre de 1978. Participaron dos tercios de los votantes (con abstención muy amplia en el País Vasco). Los votos favorables fueron el 87,8%. Una vez sancionada, entró en vigor el 29 de diciembre.

La Constitución define España como un “Estado social y democrático de derecho”. La acción del gobierno queda limitada por el Derecho. Se establece el sufragio universal. Se fija como obligación del Estado promover el bienestar por medio prestaciones públicas a fin de garantizar a los ciudadanos unas condiciones de vida dignas. El Título primero de la Constitución trata de los derechos y libertades individuales, para salvaguardar estos derechos se crea la figura del Defensor del Pueblo.

Las instituciones fundamentales de la democracia española son: La Corona, las Cortes, el Gobierno, el Tribunal Constitucional y el poder judicial.

• El Rey desempeña la Jefatura del Estado, con cargo vitalicio y hereditario. Las atribuciones son la representación del Estado, la sanción de las leyes y el mando supremo nominal de las Fuerzas Armadas. El rey carece de poderes políticos.

• El poder legislativo reside en las Cortes Generales, formadas por el Congreso de Diputados y el Senado.

• El Consejo de Ministros o Gobierno es el poder ejecutivo.

• El Tribunal Constitucional se ocupa de controlar la constitucionalidad de las leyes, y también resuelve los posibles conflictos entre las normativas aprobadas por las Comunidades autónomas y las normativas del Estado.

La organización territorial en el Estado de las autonomías.

Antes de ser aprobada la Constitución, España ya era preautonómica. En octubre de 1979 se aprobaron en referéndum regionales los estatutos, vasco y catalán (art. 151 de la Constitución). En marzo del 80, las primeras elecciones autonómicas, ganaron los partidos nacionalistas.

Bajo la presidencia de Calvo Sotelo se aprobaron diversos Estatutos de Autonomía y otras regiones fueron elaborando los propios y eligiendo sus órganos de gobierno.

La Constitución define a las Comunidades autónomas como poseedoras de un sistema de autogobierno y asumen funciones y competencias, que se especifican en los Estatutos: Asamblea legislativa, Presidencia de la Comunidad y Tribunal Superior de Justicia, a veces un a modo de Defensor del Pueblo. La Constitución regula las competencias del poder central y de las Comunidades autónomas.

En el aspecto económico, las regiones autónomas disponen de sus propios recursos, ya que se autofinancian mediante los impuestos cedidos por el Estado, con los recargos sobre impuestos nacionales y con las posibles tasas de nueva creación. Existen 17 Comunidades y dos Ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). Para salvaguardar el principio de solidaridad entre las diferentes Comunidades autónomas, la Constitución establece un Fondo de Compensación económica destinado a corregir e intentar neutralizar los desequilibrios interregionales.

La consolidación del sistema democrático no fue fácil. La ultraderecha atacó a la prensa que apoyaba la apertura y periódicos como Diario 16, El Papus, El País o La Gaceta del Norte sufrieron la violencia que quería poner fin al cambio democrático.

En diciembre de 1976 el GRAPO secuestró al presidente del Consejo de Estado. El 23 de enero de 1977 moría un estudiante en una manifestación pro amnistía El 24 era secuestrado, por el GRAPO, el teniente general Villaescusa; moría una estudiante por el impacto de un bote de humo; y un grupo ultraderechista asesinaba a cinco abogados de CCOO en la calle Atocha. El 25, se produjeron graves incidentes como protesta por los asesinatos de Atocha, el 27 fue jornada de paro y protesta; el 28, el GRAPO asesinó en Madrid a dos policías y un guardia civil, el 29, al finalizar el funeral, el vicepresidente fue increpado por un militar ultraderechista. Suárez se dirigió por televisión al país afirmando que el terrorismo no cambiaría el rumbo político emprendido, y serenó los ánimos. Oriol y Villaescusa serían liberados el 11 de febrero.

En noviembre de 1978, aprobada la Constitución por las cámaras, se descubrió en Madrid una conspiración de militares -“operación Galaxia”-que pretendían impedir el referéndum.

Aprobada la Constitución era necesario convocar nuevas elecciones generales. Y se decidió también convocar elecciones municipales para democratizar los ayuntamientos.

En las elecciones de marzo de 1979, UCD, PSOE y PCE ascendieron, Alianza Popular sufrió un descalabro, y los partidos nacionalistas sufrieron un ligero descenso. La extrema derecha, Unión Nacional, obtuvo un escaño en el Congreso. En abril, municipales, PSOE y PCE obtuvieron buenos resultados y sus pactos les permitieron gobernar en las grandes ciudades.

El gobierno comenzó el desarrollo de la Constitución a través de Leyes Orgánicas; entre ellas las destinadas a la cuestión autonómica. Para frenarlo, la extrema derecha protagonizaría el intento de golpe de Estado del teniente coronel Tejero.

La UCD se descomponía, y Adolfo Suárez dimitió como Presidente del Gobierno a finales de enero de 1981. Suárez propuso a Leopoldo Calvo Sotelo para presidente. Cuando, el 23 de febrero, se estaba procediendo a la votación de investidura, el Congreso fue ocupado por fuerzas de la Guardia Civil al mando de Tejero. El golpe de Estado fracasó con la intervención del rey quien ordenó a los generales someterse a la autoridad del legítimo poder civil. Unos días después Calvo Sotelo fue confirmado por el Congreso como presidente del gobierno.

Del gobierno de Calvo Sotelo al primer gobierno socialista

En octubre de 1981 el Congreso aprobó la entrada de España en la OTAN, efectiva en mayo de 1982, el PSOE prometió que si llegaba al gobierno sometería a referéndum la permanencia.

UCD se ida disgregando, y con la imposibilidad de gobernar, Calvo Sotelo convocó elecciones para el 28 de octubre de 1982. El PSOE las ganó con mayoría absoluta, y Felipe González formó gobierno.  Se había sustituido el gobierno de forma pacífica y constitucional. Alianza Popular, que dirigía Fraga, se convirtió en el segundo partido del país.

El gobierno socialista optó por una política antiinflacionista (devaluación de la peseta, aumento fiscal, limitación salarial), y se vio obligado realizar la reconversión industrial.

En 1984 realizó una reforma del Ejército,  las fuerzas armadas quedaban subordinadas al poder civil.

Prosiguió las negociaciones para la Integración de España en la Comunidad Económica Europea. El 12de junio de 1985 se firmó en el Palacio Real de Madrid el correspondiente tratado de adhesión que entraría en vigor el 1 de enero de 1986.

Felipe González convocó un referéndum en marzo de 1986 a fin de ratificar la permanencia en la OTAN. Ahora los socialistas eran partidarios de continuar en la Alianza, lo contrario sería mal vista por Estados Unidos y la CEE. El gobierno y el Partido Socialista tuvieron que hacer un gran esfuerzo para convencer sobre la necesidad del voto afirmativo. Los gastos de la campaña fueron tan grandes que el PSOE necesitó ingresos extraoficiales, empresas fantasmas ligadas al partido (FILESA) fueron encargadas de recaudar esos fondos.