El Sexenio Democrático

En los últimos años de Is II, la crisis económica y política llevó a firmar el Pacto de Osetende en 1866 para derrocarla. En 1868 el General Topete apoyado por Prim y Serrano elaboraron el “Manifiesto España con honra” en el que se invita a los españoles a acudir con armas para defender la libertad y el orden. Esta insurrección se extendió y se crearon Juntas revolucionarias. La victoria de la Batalla de Alcolea por parte del General Serrano provocó la dimisión del gobierno y el exilio de Isabel II. A esto se le llamó “La Gloriosa” y marcó el inicio del Sexenio Democrático (1868-1874). Comenzó con un gob provisional encabezado por Prim y Serrano, ellos disolvieron las Juntas revolucionarias, la libertad de culto y convocaron elecciones mediante el sufr univ masc, el resultado de las elecciones supusieron la mayoría a favor de la Monarquía y la creación de un nuevo gob. En la oposición hay partidos minoritarios como los carlistas, alfonsinos… en 1869 se aprobó una nueva constitución en la que se establece la soberanía nacional, el suf univ más, la libertad individual y una división de poderes (legis bicameral, congreso y senado, poder Eje encabezado por el rey y por último el judicial que se sitúa en los tribunales). Tras esto, el General Serrano fue nombrado regente y prim jefe.

La Primera Guerra Carlista

Al morir Fer VII en 1833 heredó el trono Isanel II, su hija sin embargo, los absolutistas no la reconocen como reina, lo que les lleva a apoyar a su hermano Carlos M Isidro quien difundió el “Manifiesto de Abrantes” donde reclamaba su derecho al trono y se autoproclama rey de España. De esta forma comienza la primera guerra carlista (1933-1940). El carlismo tenía el lema de “Dios, Patria, Rey”. Esta ideología defendía el absolutismo monárquico, consideraba que la iglesia estructuraba el orden social, apoyaba el mantenimiento del Antiguo Régimen y a su sistema particularista (fueros). Fueron apoyados por la zona noreste de España (país Vasco, Navarra y Cataluña), el clero, la nobleza agraria y el campesinado. Además de las monarquías absolutas de Austria: Prusia y Rusia; y el papado. La causa isabelina se verá apoyada por los liberales. También será defendida por las zonas urbanas, la alta nobleza, la jerarquía eclesiástica y la burguesía. Y a nivel exterior, se sitúan a su favor Gran Bretaña, Francia y Portugal. En la primera fase de este conflicto Carlos establece sus cortes en Elizondo en 1824, contando con militares importantes como Zumalacarregui, Gómez y Cabrera. Se forman las tropas de Zumalacarregui las cuales se extenderán hacia el oeste con la técnica de “las guerrillas”. Consiguen ocupar Tolosa, Vergara, Elibar y Durango, pero fracasan en San Sebastián y Bilbao, donde muere Zumalacarregui en 1835, conocido como “el gran estratega”. Las tropas de Cabrera se extienden por Cataluña, pero no unifican sus territorios lo que genera una pérdida del apoyo diplomático. En la segunda fase de la guerra se decantan por el bando liberal a partir de la victoria de Espartero en Luchana 1836. Ante esta situación los carlistas dedican aportar una nueva estrategia “las expediciones”.

En búsqueda de apoyo, lo más importante son la expedición de Gómez en 1836, en la que llevará la actividad carlista a Andalucía; y la expedición Real en 1837, en la que se dirigen a Madrid para conquistarla, sin embargo son derrotados, viéndose obligados a regresar al norte. Todo esto genera una división entre los carlistas dando lugar a los Transicionistas, quienes negociaron con los liberales a través del convenio de Vergara en 1839. Con este tratado se pone fin a la guerra carlista, se mantienen los fueros del País Vasco y Navarra y los oficiales carlistas se unen al ejército isabelino. Todo ello da lugar a la Marcha de Carlos V a Francia en septiembre de 1839. Por otro lado, de la división de los carlistas también salen los Intransigibles quienes no llegan a un acuerdo con los liberales y continúan la guerra, hasta que son derrotados en la guerra de Maestrazgo en 1842, cuando parten a Francia. Esta guerra traerá consigo una serie de consecuencias generales.

Agricultura

España en el siglo XIX seguía siendo un país agrícola, la tierra era la principal fuente de riqueza, pero era un sector atrasado debido a la estructura de la propiedad ya que en el Ant Rég la propiedad estaba amortizada en manos del clero, nobleza y municipios, también llamados “mano muertas”. Los bienes no podían ser repartidos, eran exclusivos para la familia o instituciones. Para tratar de solucionar esto, los liberales del s.XIX intentaron una reforma agraria, fomentando la propiedad privada, aumentando el número de propietarios, modernizar el campo y desarrollando una economía de mercado. Pretendían abrir la agricultura al mercado capitalista, modernizar las exportaciones, así como aumentar las rentas agrarias para convertir a los campesinos en consumidores. Las primeras medidas adoptadas fueron la “Ley de Desvinculación” en 1836, que suprimió los mayorazgos y las vinculaciones facultando así a los propietarios a vender sus tierras, y la abolición de los señoríos jurisdiccionales en 1837, que permitió que las tierras pasasen a manos de sus antiguos propietarios como propiedad privada, convirtiendo a los antiguos señores en propietarios y a los campesinos en arrendatarios. Las medidas más revolucionarias fueron las políticas desamortizadoras, que consistían en la nacionalización por parte del Estado de las tierras eclesiásticas y municipales para su venta a particulares en subasta pública.

Los objetivos eran; sangrando la hacienda, financiar al ejército liberal, desmantelar el clero (defensor del carlismo) y crear una clase media de propietarios. Esto permitió poner en cultivo tierras abandonadas y aumentar los alimentos, se fomentó la concentración de la propiedad y los campesinos tuvieron que pagar altas sumas por su uso. Durante el Bienio Progresista, en el reinado de Isabel II, se llevó a cabo la ley de Desamortización General de Pascual Madoz en 1856, que afectó a bienes municipales, la iglesia… El dinero recaudado pretendía mejorar la situación de Hacienda, fomentar la inversión pública y financiar el ferrocarril. Hubo protestas de los sectores religiosos que se acogieron a las disposiciones formadas en el Concordato de la Santa Sede en 1851. La ley de Madoz afectó a los ayuntamientos que se vieron perjudicados en sus haciendas locales. El proceso fue igual que el de Mendizábal y la gran beneficiaria fue la burguesía agraria mientras que los pequeños campesinos se vieron damnificados al perder el derecho al uso de las tierras comunales. Las consecuencias fueron diversas ya que se aumentó la superficie cultivada, pero las transformaciones de la agricultura fueron lentas y la productividad fue baja. Por ello a finales del siglo, la economía seguía siendo agraria y más atrasada que en Europa. Además, pese a la aparición de nuevos propietarios no se logró crear una clase media campesina. En conclusión, pese a algunos logros las medidas adoptadas fueron insuficientes para conseguir una reforma agraria perdiendo así la oportunidad de impulsar la industrialización.