1. La caracterización general de la demanda

La demanda es el acto inicial del proceso civil. Consiste en una petición dirigida al tribunal contra una o varias personas, de manera que, si se estima, el demandado puede resultar perjudicado. Su función no es solo iniciar el proceso, sino también fijar el conflicto jurídico que el tribunal deberá resolver, porque en ella se contienen las pretensiones ejercitadas por el actor. Su fundamento constitucional se encuentra en el art. 24.1 CE, como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva. Desde el punto de vista procesal, refleja claramente el principio dispositivo y el principio de aportación de parte, porque el proceso solo comienza si alguien demanda, el actor decide a quién demanda, delimita el objeto del proceso y selecciona los hechos y fundamentos jurídicos en que basa su pretensión.

2. La estructura formal de la demanda

La demanda debe presentarse por escrito, salvo supuestos excepcionales de demanda sucinta en ciertos juicios verbales en que no son preceptivos abogado ni procurador. En los casos ordinarios, la demanda debe seguir una estructura formal precisa, que permite identificar el litigio, sus fundamentos y lo que se pide al tribunal. Esa estructura incluye:

  • Encabezamiento
  • Hechos
  • Fundamentos de derecho
  • Peticiones
  • Lugar, fecha y firma

2.1. El encabezamiento

En el encabezamiento se identifica el tribunal al que se dirige la demanda, así como las partes y, en su caso, el procurador y el abogado que actúan por el actor. También deben indicarse los domicilios y demás datos útiles para la localización, especialmente del demandado. Si el actor conoce varios domicilios del demandado, debe indicarlos por orden de preferencia para facilitar su emplazamiento. Suele añadirse también una referencia al tipo de proceso y al objeto de la demanda, aunque esto no es estrictamente obligatorio.

2.2. Los hechos

Los hechos deben exponerse de forma clara, ordenada y separada, normalmente en párrafos numerados. La finalidad es que el tribunal pueda comprender sin dificultad la base fáctica de la pretensión. También deben identificarse los documentos y medios de prueba a los que se haga referencia. Además, en este apartado debe indicarse si ha existido negociación previa o si no fue posible realizarla, y, si se acudió a un MASC, debe justificarse documentalmente, en relación con el requisito de procedibilidad introducido por la LO 1/2025.

2.3. Los fundamentos de derecho

Los fundamentos de derecho también deben presentarse de forma ordenada y separada, normalmente con numeración romana. Lo habitual es comenzar con los fundamentos procesales (competencia, capacidad, adecuación del procedimiento), seguir con los fundamentos sustantivos relativos al fondo del asunto y, en su caso, terminar con la referencia a las costas. En este apartado no basta con citar artículos: también pueden incorporarse criterios jurisprudenciales y doctrinales que refuercen la pretensión del actor.

2.4. Las peticiones

La petición principal, formulada tradicionalmente en el suplico, es la parte esencial de la demanda. Sin una petición sustantiva clara, la demanda no sería válida, porque faltaría el contenido de la pretensión. Debe formularse con claridad y precisión, normalmente pidiendo la condena del demandado y, en su caso, la imposición de costas. Junto a la petición principal pueden formularse peticiones accesorias o complementarias mediante otrosí digo, como la solicitud de medidas cautelares o de otras actuaciones complementarias.

2.5. El lugar, la fecha y la firma

La demanda termina con la indicación del lugar y la fecha y con la firma del abogado y del procurador, cuando su intervención es preceptiva. Si no lo es y el actor actúa por sí mismo, será él quien firme. Aunque pueda parecer un aspecto formal menor, la falta de firma cuando es exigible constituye un defecto que puede impedir la admisión hasta que se subsane.

3. La determinación de la clase de proceso que debe seguirse

El actor debe indicar qué tipo de procedimiento considera aplicable, bien por razón de la materia o, subsidiariamente, por razón de la cuantía. Esto determina si la pretensión debe tramitarse por juicio ordinario, juicio verbal o por un procedimiento especial. Sin embargo, la calificación que hace el demandante no vincula plenamente al tribunal, que puede corregirla de oficio si es incorrecta. También puede ser impugnada por el demandado al contestar la demanda.

4. La fijación de la cuantía litigiosa

El actor debe fijar la cuantía litigiosa, bien señalando una cuantía exacta, una cuantía relativa o indicando que no es posible determinarla. La cuantía es importante porque influye en el tipo de procedimiento, en los honorarios, en las tasas y en la posibilidad de recurrir en apelación. El tribunal puede corregirla de oficio o conceder plazo para subsanarla si está mal fijada, y el demandado puede impugnarla cuando esa cuantía afecte al procedimiento o al derecho de recurso.

5. La fijación del objeto del proceso

El objeto del proceso es el conflicto jurídico planteado en la demanda, es decir, aquello sobre lo que el tribunal debe pronunciarse. Tiene gran importancia porque sirve para determinar la litispendencia, la cosa juzgada y la congruencia de la sentencia. El objeto del proceso se integra por dos elementos: el petitum y la causa petendi.

6. El petitum

El petitum es la petición o resultado jurídico que el actor pretende obtener del proceso. Toda demanda debe contener al menos una petición sustantiva, porque sin ella el proceso carece de objeto.

6.1. Las clases de acciones

En función del petitum pueden distinguirse tres grandes clases de acciones:

  • Acciones meramente declarativas: Se pide reconocer o negar la existencia de un derecho o situación jurídica.
  • Acciones constitutivas: Se pide crear, modificar o extinguir una situación jurídica.
  • Acciones de condena: Se pide que el tribunal ordene al demandado realizar o abstenerse de realizar una determinada conducta.

6.2. La petición de dinero o bienes fungibles

Cuando se reclama una suma de dinero o bienes fungibles, debe pedirse una condena al pago. Esa condena puede formularse indicando una cantidad exacta, señalando bases de liquidación o, en algunos casos, con reserva de liquidación posterior.

6.3. La condena de futuro

Como regla general, no cabe pedir una condena de futuro. Sin embargo, existen excepciones, como la relativa a intereses y prestaciones periódicas, o en materia de arrendamientos, cuando se acumula a la acción de desahucio la reclamación de rentas.

7. La causa petendi

La causa petendi o causa de pedir es la fundamentación fáctica y jurídica de la pretensión. Está integrada por dos elementos: los hechos y el fundamento jurídico.

7.1. Los hechos

Son los llamados hechos constitutivos, porque de ellos nace, según el actor, el derecho cuya tutela se solicita. Deben ser expuestos de forma clara y ordenada.

7.2. El fundamento jurídico

Es la base legal o jurídica que el actor invoca. Aunque el actor se equivoque al citar una norma concreta, opera el principio iura novit curia y el tribunal debe aplicar la norma correcta, siempre que no altere el objeto del proceso.

7.3. La preclusión de la alegación de hechos y títulos jurídicos

El art. 400.1 LEC impone al demandante la carga de alegar en la demanda todos los hechos y fundamentos jurídicos que conozca. No puede reservarse algunos para un pleito posterior con el mismo objeto.

8. La aportación de documentos y otras pruebas con la demanda

Con la demanda deben presentarse los documentos procesales necesarios, así como los documentos y demás medios de prueba en que el actor base su pretensión.

8.1. Los documentos procesales

Incluyen el poder de representación, documentos que acrediten la representación, valor de la cosa litigiosa y la acreditación del intento de actividad negociadora previa.

8.2. Los documentos y otras pruebas en que el actor funda su pretensión

El actor debe aportar los documentos que tenga en su poder. Si no los tiene, debe designar el archivo o lugar en que se hallan. También debe anunciar dictámenes periciales o informes de investigadores privados.

9. Las copias de la demanda y de los documentos

El actor debe aportar copias suficientes para las demás partes. Esta exigencia forma parte de las garantías del principio de contradicción.

10. La admisión, inadmisión o suspensión de la admisión de la demanda

El tribunal debe controlar si concurren los presupuestos procesales necesarios para que el procedimiento continúe válidamente.

10.1. El reparto

Presentada la demanda, se procede a su reparto entre los jueces o secciones del Tribunal de Instancia correspondiente.

10.2. La remisión al tribunal territorialmente competente

Cuando la competencia territorial es imperativa y la demanda se presenta ante un tribunal incompetente, el LAJ debe advertirlo y, si el juez lo confirma, la demanda se remitirá de oficio al tribunal competente.

10.3. La admisión a trámite

Si no existen defectos procesales, el LAJ dicta decreto admitiendo a trámite la demanda y ordenando el emplazamiento del demandado.

10.4. La inadmisión por falta de jurisdicción o competencia

La demanda será inadmitida cuando se aprecie falta de jurisdicción, competencia judicial internacional, competencia objetiva o competencia funcional.

10.5. La suspensión de la admisión

Si el defecto es formal y subsanable, se suspende su tramitación y se concede plazo al actor para subsanar, aplicando el principio pro actione.

11. Los efectos de la demanda

La demanda produce efectos procesales (litispendencia) y materiales (interrupción de la prescripción, mora, etc.).

11.1. La litispendencia

Es el conjunto de efectos procesales que surgen con la admisión a trámite de la demanda, aunque se retrotraen al momento de su presentación.

11.2. La incoación del proceso

Desde que nace la litispendencia, se entiende también iniciado el proceso a todos los efectos.

11.3. La prohibición de procesos posteriores con el mismo objeto y partes

Tiene como finalidad evitar sentencias contradictorias y proteger la futura cosa juzgada.

11.4. La perpetuatio

El principio de perpetuatio (lite pendente nihil innovetur) significa que el proceso debe resolverse atendiendo a la situación existente al tiempo de la demanda.

11.5. Los efectos materiales de la demanda

Destacan la interrupción de la prescripción, la constitución en mora del demandado y la posibilidad de rescindir contratos celebrados sobre las cosas litigiosas.

12. La ampliación de la demanda

Antes de que el demandado conteste o expire el plazo, el actor puede ampliar la demanda, ya sea de forma subjetiva (nuevas personas) u objetiva (nuevas acciones), siendo una excepción a la regla de inmodificabilidad del objeto del proceso.