El Reformismo Conservador de Antonio Maura

A partir de 1903, Antonio Maura (presidente del Gobierno) protagonizó el último intento de renovar el Partido Conservador y llevar a cabo un amplio programa reformista (maurismo). Este programa incluía entre sus propuestas: intentar poner fin al caciquismo, reformar la administración local y la ley electoral; incorporar a otras fuerzas políticas al sistema, en especial al catalanismo de la Lliga, y fomentar una política exterior nacionalista y expansionista en Marruecos para superar la derrota de 1898. Sin embargo, se encontró con la oposición de amplios sectores de su partido y del ejército, viéndose obligado a dimitir tras los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona (1909).

El Regeneracionismo Liberal de José Canalejas

Después de un breve gobierno de Moret, José Canalejas (Partido Liberal) es nombrado presidente del Gobierno y aplica una política regeneracionista: la Ley de Mancomunidades Provinciales para Cataluña, el establecimiento del servicio militar obligatorio, la Ley del Candado (que limitaba el número de órdenes religiosas), un nuevo programa educativo y el acuerdo diplomático con Francia sobre Marruecos… hasta que es asesinado en 1912 por un anarquista. A la muerte de Canalejas (1912), los partidos dinásticos cayeron en la división interna. Ningún líder era capaz de conseguir el respaldo suficiente; la inestabilidad política y el bloqueo parlamentario eran permanentes, provocando la disolución de las Cortes.

La Constitución de la Segunda República

Entre sus principales contenidos destacan: la soberanía pasa a ser popular, un concepto más amplio que el de soberanía nacional. El poder legislativo reside en una sola cámara (Congreso de los Diputados), mientras que el poder ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República, quien es también Jefe del Estado y nombra al Presidente del Gobierno. Ambos están sometidos a las Cortes, así como el poder judicial, que reside en el Tribunal Supremo.

Bienio Reformista (Diciembre 1931 – Noviembre 1933)

Niceto Alcalá-Zamora fue elegido presidente de la República (hasta 1936) y Manuel Azaña, presidente del Gobierno hasta 1933. Durante los dos años siguientes a la aprobación de la Constitución, el gobierno de centro-izquierda emprendió una serie de reformas que consideraba indispensables para modernizar la sociedad, aunque generaron una gran oposición.

La Reforma Educativa

Se aumentó el número de escuelas, se mejoró la formación y el sueldo de profesores y maestros, y se implantó la coeducación de niños y niñas. Se secularizó la enseñanza, se crearon nuevos planes de estudio, dotación de becas y difusión de la lectura mediante la creación de bibliotecas públicas, escolares y municipales. Esto acabó con el monopolio de las órdenes religiosas en la enseñanza, lo que provocó una fuerte resistencia y críticas por parte de la Iglesia.

La Reforma Militar

Las fuerzas armadas se caracterizaban por su atraso técnico, el exceso de oficiales, su inactividad y su activismo político. Manuel Azaña, como ministro de la Guerra, llevó a cabo varias medidas modernizadoras:

  • Redujo el número de oficiales promoviendo el retiro voluntario.
  • Reestructuró la administración militar creando las regiones militares en lugar de las capitanías.
  • Reorganizó las academias militares (cerrando la de Zaragoza, dirigida por Franco).
  • Sometió la jurisdicción militar a la civil.

Se creó la Guardia de Asalto (una policía urbana leal a la República) y se obligó a los militares a jurar fidelidad a la República. Aunque gran parte del ejército, incluida la Marina y la Aviación, se mantuvo fiel, el alcance de estas reformas no gustó a muchos militares profundamente antirrepublicanos. En 1932, el general José Sanjurjo protagonizó un fallido golpe de Estado, la Sanjurjada, mientras el malestar militar aumentaba. En principio, no parecía dirigido contra la República, sino contra determinadas políticas del Gobierno (autonomías, Iglesia, reformas militares…). Solo triunfó en Sevilla y fue aplastado con facilidad.

La Reforma Agraria

La desigual distribución de la propiedad de la tierra, el masivo número de jornaleros sin tierra y el atraso técnico de la agricultura eran problemas endémicos del país desde las desamortizaciones del siglo XIX. La Ley de Reforma Agraria (1932) pretendía llevar a cabo una redistribución de la propiedad para satisfacer la urgente necesidad de los jornaleros, castigar el absentismo de los propietarios y modernizar las explotaciones. Permitía la expropiación de latifundios para ser parcelados y repartidos, pero se aplicó con muchísima lentitud y en medio de una fuerte resistencia de los propietarios y descontento de los campesinos, hasta verse interrumpidos los repartos en 1934. El fracaso de la reforma agraria provocó la radicalización de la agitación anarquista; en enero de 1933, en Casas Viejas (Cádiz), la FAI (Federación Anarquista Ibérica) hizo un llamamiento a la insurrección que acabó en una dura represión de la Guardia de Asalto contra los peones agrícolas.