1.3. Conquista y Romanización de la Península Ibérica: Aportaciones Sociales, Económicas y Culturales

La conquista romana de la Península Ibérica se extendió desde el 218 a. C. hasta el 19 a. C. y se divide en tres fases principales:

  1. La Segunda Guerra Púnica (218-197 a. C.), desencadenada por el ataque cartaginés a Sagunto. En esta etapa, los romanos conquistaron el este y el sur peninsular.
  2. Las Guerras Lusitanas y Celtíberas (154-133 a. C.), marcadas por el asesinato de Viriato y el asedio de Numancia. Durante este periodo, se conquistó el centro y el oeste de la península.
  3. La última etapa, en la que Augusto conquistó Cantabria y Asturias, completando el dominio romano.

La romanización fue el proceso por el cual los pueblos autóctonos de Hispania adoptaron la cultura romana. Fue un proceso discontinuo, debido al distinto nivel de desarrollo de las diferentes zonas (más temprano en el sur que en el norte). Los principales cauces de romanización fueron:

  • La urbanización, con la creación de nuevas ciudades y la refundación de antiguas, siguiendo el plano ortogonal.
  • El ejército, que estableció colonias y canabae (asentamientos civiles junto a campamentos militares).
  • La concesión de la ciudadanía romana, inicialmente a las élites locales y, posteriormente, a todos los habitantes libres del Imperio (Edicto de Caracalla, 212 d. C.).

Las principales aportaciones romanas a la Península Ibérica fueron diversas:

  • Un derecho común para todos los ciudadanos.
  • Una división territorial en provincias (como Lusitania, Tarraconense y Bética).
  • Una economía caracterizada por ser urbana, esclavista y colonial.
  • Una extensa urbanización y una avanzada infraestructura (calzadas, acueductos, puentes).
  • Una identidad cultural común, basada en una lengua (el latín) y, posteriormente, una religión monoteísta.

Cuando el cristianismo penetró en la región, fue inicialmente perseguido. Sin embargo, con el Edicto de Milán (313 d. C.), la persecución cesó, y con el Edicto de Tesalónica (380 d. C.), el cristianismo se oficializó como religión del Imperio.

1.4. El Reino Visigodo: Origen, Organización Política y los Concilios de Toledo

En el año 409 d. C., vándalos, suevos y alanos irrumpieron en la Península Ibérica. Para expulsarlos, los romanos y los visigodos firmaron el Foedus de Walia en el 418 d. C. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente (476 d. C.), los visigodos fueron derrotados por los francos en la Batalla de Vouillé (507 d. C.), lo que les obligó a establecerse definitivamente en la Península Ibérica, con Toledo como capital.

Los visigodos llevaron a cabo tres importantes procesos de unificación en la península:

  • Unificación territorial: Leovigildo derrotó a los suevos, y Suintila expulsó a los bizantinos y sometió a los vascones, logrando el control casi total de la península.
  • Unificación religiosa: Los visigodos eran arrianos, pero tras el III Concilio de Toledo (589 d. C.), convocado por Recaredo, se convirtieron al catolicismo, la religión de la mayoría hispanorromana.
  • Unificación legislativa: Recesvinto unificó las leyes para hispanorromanos y visigodos en el Liber Iudiciorum (también conocido como Fuero Juzgo).

La organización del reino visigodo presentaba las siguientes características:

  • Economía

    Se observó una tendencia hacia el modelo del Bajo Imperio, con una creciente ruralización, un comercio limitado y el predominio de los latifundios.

  • Sociedad

    Hubo una gran polarización entre la nobleza territorial y la mayoría campesina. La nobleza estaba compuesta por los gardingos (entre quienes se elegía al rey), los bucelarios (guerreros al servicio de la nobleza) y la Iglesia.

  • Organización Territorial

    La península se dividió en seis provincias, en las que mandaba un dux; en las ciudades, la autoridad recaía en el comes civitatis.

  • Organización Política

    El rey ostentaba el poder, pero se apoyaba en órganos consultivos como el Aula Regia, el Officium Palatinum y los influyentes Concilios de Toledo, que, además de asuntos religiosos, trataban cuestiones políticas y legislativas.

2.2. Al-Ándalus: Reinos de Taifas y el Reino Nazarí de Granada

Tras la caída del Califato de Córdoba y la muerte de Almanzor, el proceso de Reconquista avanzó, y el califato se fragmentó en numerosos reinos de taifas. Estos reinos, aunque redujeron su número con el tiempo, vivieron un periodo de esplendor cultural y económico, y pagaban las parias, tributos exigidos por los reinos cristianos a cambio de no ser atacados.

En 1085, Alfonso VI de Castilla conquistó Toledo, un hecho que alarmó a los gobernantes de las taifas, quienes solicitaron la ayuda de los almorávides. Estos derrotaron a Alfonso VI en la Batalla de Sagrajas (Zalaca) en 1086. Sin embargo, los almorávides no lograron consolidar su poder debido a la imposibilidad de conquistar Toledo y Zaragoza, la creciente presión de los almohades y su estricto rigorismo religioso.

Posteriormente, los almohades, tras su llegada a la península en 1146, establecieron el segundo periodo de taifas y, en 1172, unificaron los territorios musulmanes con capital en Sevilla. En 1195, derrotaron a los cristianos en la Batalla de Alarcos, pero en 1212 fueron decisivamente derrotados en la crucial Batalla de las Navas de Tolosa.

El tercer periodo de taifas surgió a medida que los reinos cristianos avanzaban en la Reconquista, dejando como único reducto musulmán el Reino Nazarí de Granada, que perduraría hasta 1492.

2.6. Organización Política de Castilla, Navarra y Aragón a Finales de la Edad Media

Con el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, se produjo una transición de la monarquía feudal a una monarquía autoritaria, centralizando progresivamente el poder en la figura del rey. Este cambio se vio impulsado por la influencia del Derecho Romano (que legitimaba la elección divina del monarca) y el Código de las Siete Partidas de Alfonso X.

En Castilla, se crearon nuevas instituciones para fortalecer el poder real:

  • El Consejo Real (sustituto de la Curia Regia), formado por expertos.
  • Las Cortes (las de León en 1188), que Fernando III unificó para Castilla y León, aunque su poder era limitado frente al monarca.
  • La Audiencia (creada en 1371), que en el siglo XV se transformó en la Chancillería de Valladolid.
  • Además, existían la Cancillería e instituciones de Hacienda que recaudaban tributos como el diezmo portuario, el montazgo y la alcabala, entre otros.

La Corona de Aragón presentaba una organización diferente, basada en el pactismo y una confederación de reinos. Sus principales instituciones eran:

  • Los virreyes, representantes del monarca en cada reino.
  • Las Cortes (de Aragón, Valencia y Cataluña), que no se unificaron y poseían mayor poder que las castellanas, ya que el rey debía negociar con ellas.
  • Las Diputaciones (como la Generalitat de Cataluña en 1359 y la Diputación del Reino de Aragón en 1412), originalmente para recaudación, pero que adquirieron un significativo poder político.
  • El cargo de Justicia de Aragón, garante de los fueros y libertades del reino.

Navarra, con menor autonomía, contaba con un Consejo Real, unas Cortes y la Diputación de los Tres Estados.

En el ámbito local castellano, los concejos abiertos evolucionaron a concejos cerrados, donde el poder recayó en oligarquías locales que controlaban los municipios. En el siglo XIV, apareció la figura del regidor, un miembro de la oligarquía que representaba al rey. Sin embargo, con los Reyes Católicos (siglo XV), se consolidó la figura del corregidor, un representante directo del monarca, generalmente de su confianza, que supervisaba la administración municipal.

3.1. Reyes Católicos: Unión Dinástica e Instituciones

En 1468, se firmó el Tratado de los Toros de Guisando, por el cual Isabel sería reconocida como heredera al trono de Castilla, siempre que no se casara sin el consentimiento de Enrique IV. Sin embargo, Isabel se casó en secreto con Fernando de Aragón, lo que llevó a Enrique IV a nombrar heredera a Juana la Beltraneja.

Tras la muerte de Enrique IV, Isabel se proclamó reina en Segovia, dando inicio a la Guerra de Sucesión Castellana entre Isabel y Juana. Esta contienda finalizó en 1479 con el Tratado de Alcaçovas, que consolidó la unión dinástica (pero no institucional) entre Castilla y Aragón, formalizada en la Concordia de Segovia.

Ambos monarcas compartían el objetivo de consolidar una monarquía autoritaria. Para ello, llevaron a cabo diversas acciones:

  • Restauración del Orden Social

    • Creación de la Santa Hermandad en Castilla (un cuerpo de seguridad rural).
    • Firma de la Sentencia Arbitral de Guadalupe en Aragón (1486), que puso fin a los malos usos señoriales.

  • Reducción del Poder de la Nobleza

    • Creación de nuevos consejos.
    • Lograron que Fernando fuera nombrado Gran Maestre de las Órdenes Militares, incorporando sus rentas y ejércitos a la Corona.

  • Unificación Religiosa de la Península

    • Establecimiento del Tribunal del Santo Oficio (Inquisición) en 1480 en Sevilla.
    • Expulsión de los judíos en 1492.
    • Hostigamiento a los mudéjares (con la intervención del Cardenal Cisneros) hasta su expulsión definitiva en 1502.

  • Reorganización del Estado

    • Creación de nuevos consejos especializados (como el de Castilla, el de Órdenes y el de la Inquisición).
    • Establecimiento de dos Chancillerías (Valladolid y Granada) y dos Audiencias en Castilla (Valladolid y Sevilla), y una Audiencia en cada reino de la Corona de Aragón.
    • Potenciación de la figura del corregidor como representante real en los municipios.

3.6. Los Austrias del Siglo XVII: El Gobierno de los Validos y la Crisis de 1640

Los llamados Austrias Menores (Felipe III, Felipe IV y Carlos II) fueron monarcas que, careciendo de la talla política de sus predecesores, delegaron el gobierno en validos, figuras de confianza que ejercían el poder en su nombre.

  • Felipe III (1598-1621) y el Duque de Lerma

    El valido de Felipe III fue el Duque de Lerma, un político ambicioso que, entre otras decisiones, trasladó la corte a Valladolid. Durante su valimiento, se firmó la Tregua de los Doce Años (con las Provincias Unidas) y la paz con Inglaterra. A pesar de estos acuerdos, la economía no se recuperó, y entre 1609 y 1614 se decretó la expulsión de los moriscos, lo que supuso una grave pérdida demográfica y económica.

  • Felipe IV (1621-1665) y el Conde-Duque de Olivares

    Con la llegada de Felipe IV al trono, emergió la figura del Conde-Duque de Olivares, quien se propuso dos objetivos principales: restaurar la reputación imperial de España (poniendo fin a la Tregua de los Doce Años y reanudando la guerra) y reformar el país. Para ello, ideó tres planes ambiciosos:

    • La creación de una red nacional de erarios (bancos públicos).
    • La unificación institucional y jurídica de la nación (buscando una mayor centralización).
    • La formación de la Unión de Armas, un ejército permanente sostenido por todos los reinos de la Monarquía Hispánica.

    Estas ambiciosas reformas se intentaron en un momento inoportuno, generando un creciente descontento hacia Olivares y desencadenando dos revueltas importantes en 1640:

    • Una revuelta antiseñorial en Cataluña, conocida como el Corpus de Sangre, que derivó en una secesión temporal.
    • Una revuelta independentista en Portugal, liderada por el Duque de Braganza. La independencia de Portugal se consolidó en 1668 (Tratado de Lisboa) bajo el reinado de Carlos II.

  • Carlos II (1665-1700)

    Carlos II fue un monarca con graves problemas de salud e incapaz de gobernar eficazmente, lo que acentuó la crisis de la monarquía y la lucha por su sucesión.

4.1. Guerra de Sucesión Española, el Sistema de Utrecht y los Pactos de Familia

En 1700, tras la muerte de Carlos II sin descendencia, se inició la Guerra de Sucesión Española, un conflicto tanto civil (entre partidarios de Felipe de Anjou y el Archiduque Carlos) como internacional, que involucró a potencias como Inglaterra, los Países Bajos, Saboya y Portugal.

Tras el nombramiento del Archiduque Carlos como Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Inglaterra presionó para finalizar la guerra con el Tratado de Utrecht (1713). En este tratado, Felipe V fue reconocido como rey de España a cambio de renunciar al trono francés, y España cedió a Inglaterra Menorca, Gibraltar, el Navío de Permiso y el Asiento de Negros. La guerra contra Austria continuó y finalizó en 1714 con el Tratado de Rastatt, por el cual España cedió el Milanesado, Nápoles y Cerdeña a Austria.

Tras la guerra, se estableció un nuevo equilibrio de poderes en Europa, y la política exterior española se centró en la recuperación de territorios italianos, impulsada en gran medida por los intereses dinásticos de Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V. Para ello, se recurrió a los Pactos de Familia con Francia:

  • Primer Pacto de Familia (1733)

    España intervino en la Guerra de Sucesión de Polonia, recuperando Nápoles y Sicilia para el futuro Carlos III.

  • Segundo Pacto de Familia (1743)

    España participó en la Guerra de Sucesión Austriaca, recuperando el Ducado de Parma para Felipe, hermano de Carlos III.

Durante el reinado de Fernando VI (1746-1759), se buscó una política de neutralidad y paz. Se firmó un Concordato con la Santa Sede y se reconstruyó la flota naval.

El Tercer Pacto de Familia (1761) fue firmado por Carlos III en el contexto de las guerras coloniales. España participó en la Guerra de los Siete Años (perdiendo Florida, aunque recuperando Luisiana de Francia) y en la Guerra de Independencia de Estados Unidos (recuperando Florida y Menorca).