La Ley para la Reforma Política y el fin de la dictadura franquista

Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos I fue proclamado rey dos días después. Aunque en su discurso habló de una nueva etapa, mantuvo el régimen franquista nombrando a Arias Navarro como presidente del Gobierno. En ese momento, se plantearon tres opciones políticas:

  • El inmovilismo, defendido por el sector más duro del franquismo (el “búnker”), que rechazaba cualquier cambio.
  • La reforma, impulsada por políticos aperturistas como Fraga, que proponían cambios limitados sin contar con la oposición.
  • La ruptura, apoyada por la oposición democrática (PCE, PSOE y otros partidos), unida en la Coordinación Democrática o Platajunta, que buscaba una “ruptura democrática pactada” a través de elecciones libres.

En 1976 aumentaron las protestas y huelgas, sobre todo en zonas industriales, lo que provocó una fuerte represión policial. El caso más grave fueron los sucesos de Vitoria, donde murieron varios huelguistas. El gobierno de Arias no supo manejar la situación, la reforma quedó bloqueada por los inmovilistas, y el régimen perdió apoyo.

El rey entendió que era necesario un cambio real y nombró a su antiguo maestro, Torcuato Fernández-Miranda, como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Fernández-Miranda, aunque era franquista, ayudó a preparar la transición desde dentro. En julio de 1976, Juan Carlos I forzó la dimisión de Arias Navarro y, con ayuda de Fernández-Miranda, logró que Adolfo Suárez fuera elegido presidente del Gobierno. Suárez comenzó a cambiar el sistema: aprobó una amnistía para presos políticos, disolvió el Movimiento Nacional y legalizó sindicatos y partidos políticos (excepto el PCE, por el momento). Su medida más importante fue presentar la Ley para la Reforma Política, que reconocía la soberanía del pueblo y permitía elecciones libres. Aunque era una ley del propio sistema franquista, fue aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo en un referéndum el 15 de diciembre de 1976. Esto permitió pasar legalmente de la dictadura a la democracia, siguiendo la idea de ir “de la ley a la ley”.

Los obstáculos de la reforma política

Aunque la dictadura franquista fue eliminada en poco tiempo y de forma legal, la transición hacia la democracia enfrentó graves obstáculos. Uno de los principales fue el terrorismo, tanto de extrema izquierda como de ultraderecha: Grupos como ETA, GRAPO y FRAP cometieron asesinatos y secuestros con la intención de provocar al Ejército para que interviniera y así iniciar una revolución. En enero de 1977, un comando de ultraderecha asesinó a cinco abogados laboralistas del PCE en la calle Atocha de Madrid, intentando provocar una reacción violenta de los comunistas y forzar la intervención militar.

Sin embargo, ni la sociedad ni el Ejército cayeron en la provocación. El PCE reaccionó pacíficamente y la sociedad mostró solidaridad, lo que fortaleció la transición y la idea de reconciliación nacional. Durante todo el proceso de transición hubo cientos de muertes violentas, causadas principalmente por el terrorismo, pero también por la represión policial. En el ámbito económico, España sufría una recesión debido a la crisis internacional de 1973, empeorada por la inacción del Gobierno, centrado en los problemas políticos.

La consolidación democrática y la Constitución de 1978

Las primeras elecciones democráticas y los Pactos de la Moncloa

Una vez eliminada la dictadura, Adolfo Suárez continuó con el proceso hacia la democracia. Convocó elecciones para el 15 de junio de 1977 y, para darles mayor legitimidad, tomó una decisión muy arriesgada: legalizó el PCE, lo que provocó fuertes protestas del Ejército y de los sectores franquistas. Además, don Juan de Borbón (padre del rey) renunció a sus derechos dinásticos en favor de Juan Carlos I, lo que ayudó a legitimar el nuevo régimen. En esas elecciones, Suárez ganó con su partido, la Unión de Centro Democrático (UCD), una coalición de partidos centristas, aunque no logró la mayoría absoluta. Una de sus primeras decisiones fue aprobar la Ley de Amnistía, que liberó a presos políticos de ambos bandos como gesto de reconciliación nacional.

Frente a la grave crisis económica, con una inflación del 24,5%, Suárez impulsó una política de consenso que llevó a los Pactos de la Moncloa. En ellos participaron partidos políticos, sindicatos y la patronal para acordar medidas urgentes:

  • Reducción del gasto público
  • Devaluación de la peseta
  • Reforma fiscal
  • Liberalización de la economía.

Además, los Pactos de la Moncloa tuvieron un valor simbólico muy importante: unieron a antiguos enemigos, como Fraga (exministro franquista) y Carrillo (líder comunista durante la guerra civil), lo que reforzó la reconciliación nacional y dejó atrás los enfrentamientos del pasado.

La Constitución de 1978

La Constitución de 1978 fue redactada por una comisión compuesta por políticos de distintas ideologías: Fraga (derecha), Pérez-Llorca, Cisneros y Miguel Herrero (UCD), Roca (catalanista), Peces-Barba (socialista) y Solé Tura (comunista). Fue un ejemplo de política de consenso, ya que participaron todas las fuerzas políticas, excepto el PNV, que se abstuvo. Fue aprobada por referéndum popular el 6 de diciembre de 1978 y sigue vigente en la actualidad. En ella se define a España como un Estado social y democrático de Derecho, con soberanía nacional y una monarquía parlamentaria como forma de gobierno. El rey cumple funciones representativas y moderadoras.

El poder legislativo recae en las Cortes Generales, compuestas por el Congreso y el Senado, elegidos por sufragio universal. El poder ejecutivo es ejercido por el presidente del Gobierno, propuesto por el rey y elegido por las Cortes. El poder judicial es independiente y cuenta con el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Esta Constitución reconoce una amplísima declaración de derechos y libertades, como la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la intimidad, a la reunión, a la asociación, a la educación, a la huelga, al divorcio, al trabajo y a una vivienda digna. En cuanto a la organización territorial, se afirmó la cooficialidad de las lenguas en sus respectivas comunidades autónomas. Por último, se establece que el Estado es aconfesional, aunque mantiene relaciones de cooperación con la Iglesia Católica.

La crisis de UCD y el golpe de Estado

Después de aprobarse la Constitución, se celebraron nuevas elecciones el 1 de marzo de 1979, pero esta vez sin consenso, y Suárez enfrentó varios problemas. Felipe González, líder del PSOE, se consolidó como la segunda fuerza política, hubo críticas dentro de su propio partido (UCD), perdió apoyo en las grandes ciudades tras las elecciones municipales, y la violencia de ETA aumentó. Además, su relación con el rey se deterioró. Todo esto llevó a su dimisión en enero de 1981, siendo sustituido por Leopoldo Calvo-Sotelo. En ese periodo, el clima de desencanto y el aumento del terrorismo causaron malestar en el Ejército.

Esto provocó que un grupo de militares, como el general Armada y el teniente coronel Tejero, intentaron dar un golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. Durante la investidura de Calvo-Sotelo, Tejero y varios guardias civiles ocuparon el Congreso y secuestraron a los diputados. Al mismo tiempo, en Valencia, Milans del Bosch sacó tanques a las calles. Tras horas de incertidumbre, el rey intervino con un discurso televisado, mostrando su apoyo al orden constitucional. El golpe no fue apoyado por el resto del Ejército y, al día siguiente, Tejero se rindió. Finalmente, Calvo-Sotelo fue investido presidente, restaurando la normalidad política. Durante su breve mandato, avanzó en la integración de España en la OTAN y la CEE y pactó con el PSOE para continuar el proceso autonómico. Debido a las divisiones en su partido, convocó elecciones anticipadas para el 28 de octubre de 1982.

El Estado de las autonomías

El proceso de autonomías en España comenzó tras la demanda de los nacionalismos dentro de la Platajunta para reconocer a las regiones como “nacionalidades”. El Gobierno de Suárez respondió creando un régimen preautonómico para algunas regiones, comenzando con Cataluña en 1977, seguida por el País Vasco, Galicia, Navarra y Andalucía. La Constitución de 1978 permitió que todas las regiones tuvieran el mismo estatus de autonomía bajo el principio de “café para todos”. Cataluña y el País Vasco pudieron acelerar su proceso, mientras que el resto lo hicieron de forma más lenta.

El Estado de las Autonomías implica transferir competencias del Gobierno central a las Comunidades Autónomas en áreas ejecutivas, legislativas y judiciales, creando Gobiernos y tribunales autonómicos. La Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) de 1982 reguló este traspaso, pero fue recurrida por los nacionalistas y modificada en 1983. Desde entonces, han surgido tensiones por las competencias y la financiación entre el Gobierno central y las autonomías.

El papel internacional de España

Durante la transición, uno de los principales objetivos de España fue integrarse en el orden internacional. El primer paso fue su entrada en la OTAN en 1981, lo que permitió que el Ejército tuviera un papel en misiones exteriores, tras casi 60 años sin intervención internacional. España participó en misiones humanitarias y de seguridad durante las guerras de Yugoslavia y el Golfo en los años 90. En 2003, bajo el gobierno del PP, España reforzó su colaboración con Estados Unidos en las guerras de Afganistán e Irak, pero en 2004, el gobierno socialista retiró las tropas de Irak debido a la falta de aprobación de la ONU, lo que tensionó las relaciones con Estados Unidos. En 1985, España ingresó en la Comunidad Económica Europea (CEE), lo que impulsó su integración en la economía de mercado global y le permitió recibir ayudas económicas significativas. España también ha presidido el Consejo de la Unión Europea en varias ocasiones.