La dictadura de Primo de Rivera

La dictadura de Primo de Rivera fue un régimen con un vago programa regeneracionista inspirado en el modelo intervencionista y corporativista de los regímenes autoritarios en auge en la Europa de entreguerras como la Italia fascista de Mussolini. En 1923, el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, encabezó un pronunciamiento militar contra el gobierno constitucional, sin hallar prácticamente oposición. Primo presentó la dictadura como algo transitorio, “hasta que se extirparan los males del país”. El rey Alfonso XIII le llamó para formar un nuevo gobierno y le concedió el cargo de presidente y de ministro único (Directorio Militar). Contó con el apoyo de la alta burguesía, clases medias y Ejército.

El Directorio Militar (1923 – 1925)

El Directorio Militar proclamó el Estado de Guerra durante dos años: suspendió la Constitución de 1876, disolvió las Cortes, prohibió las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos, impuso el orden público con duras medidas represivas contra la CNT y el PCE y reprimió cualquier manifestación de nacionalismo no español, lo que conllevaría una radicalización del nacionalismo catalán hacia posturas separatistas. Los ayuntamientos fueron disueltos y sustituidos por juntas de “vocales asociados” elegidos por los mayores contribuyentes, estrechamente vinculados al sistema caciquil. Su reforma de la administración, que decía pretender acabar con el sistema caciquil, lo que hizo fue reforzarlo aún más. Primo de Rivera cosechó un éxito importante con el desembarco de las tropas españolas en Alhucemas, alcanzando sus objetivos iniciales y controlando todo el protectorado un año después.

El Directorio Civil (1925 – 1930)

En esta segunda fase de la dictadura, Primo sustituyó el Directorio Militar por un gobierno civil con clara intención de permanecer en el poder y declaró su voluntad de construir un régimen corporativista inspirado en las dictaduras autoritarias de la Europa de entreguerras, especialmente la Italia fascista de Mussolini. Impulsó desde el poder la formación de un gran partido de derechas, la Unión Patriótica (1924).

Carecía de programa e ideología definidas, y no fue más que un mero instrumento de propaganda gubernamental para asegurar el apoyo popular al régimen. En 1926 anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva, compuesta por representantes del Estado y de la administración y de la Unión Patriótica, con el objetivo de elaborar una nueva “constitución”. Sin embargo, además de estar bajo control del gobierno, sus funciones eran meramente consultivas. La dictadura se benefició de la coyuntura expansiva internacional de los años veinte. Su política económica se caracterizó por el intervencionismo estatal y el nacionalismo económico. Sus objetivos fueron impulsar la industria nacional mediante unos elevados aranceles proteccionistas y la concesión de ayudas a las grandes empresas. También se crearon grandes monopolios estatales como la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA) y Telefónica (hoy, Movistar). El fomento de las obras públicas fue uno de los aspectos más destacados de esta etapa. La escasa conflictividad social del periodo se explica en parte por la represión, pero también gracias al desarrollo de una amplia política social y de una legislación laboral, basada en la intervención y mediación por parte del Estado y en la integración de las organizaciones obreras moderadas y reformistas. Su puesta en práctica contó con la colaboración de los socialistas, que la consideraron ventajosa para consolidar tanto al partido como al sindicato.

El Final de la dictadura

A partir de 1926, la dictadura empezó a perder apoyos y arreciaron las críticas y la oposición. Así, encontramos el pronunciamiento militar conocido como la “sanjuanada” protagonizado por militares descontentos y el alejamiento de muchos de los militares con el régimen, a partir sobre todo de la aprobación de una norma general que suprimía los ascensos por estricta antigüedad. Por otra parte, fue en aumento el ascenso de los partidos republicanos y la oposición al régimen de intelectuales, periodistas, …, que se enfrentaron al dictador, a pesar de la rígida censura. Primo de Rivera, falto de apoyos, incluso del grueso de los militares y del rey, cuya imagen había quedado ligada al régimen dictatorial, presentó su dimisión en enero de 1930. En septiembre de 1927, Primo de Rivera decreta la división provincial de Canarias creando la provincia de Las Palmas. Para compensar a Tenerife, creó la Universidad de La Laguna, entre otras medidas.

El fin de la Restauración

A comienzos del siglo XX, el sistema político de la Restauración aún seguía vigente y se sustentaba en una monarquía liberal, aunque no democrática, que se apoyaba en la Constitución de 1876. Este sistema había funcionado con bastante estabilidad gracias al pacto entre los dos grandes partidos dinásticos (Liberal y Conservador) para alternarse pacíficamente en el gobierno. Sin embargo, el inicio del reinado de Alfonso XIII en 1902 coincidirá con una larga y permanente crisis política y con el colapso final del sistema de la Restauración.

Debido a muchas causas como: la pérdida de fuerza del caciquismo por el desarrollo urbano, el aumento de la oposición política y social (republicanos, nacionalistas, socialistas y anarquistas que permanecían al margen de la legalidad del régimen) y el debilitamiento de los partidos de turno (habían muerto sus líderes y no habían acuerdos en el interior de los partidos); el gobierno y los partidos dinásticos se unieron a la corriente del Regeneracionismo pretendiendo llevar a cabo algunas reformas para hacer una revolución desde arriba, desde el poder, para evitar que se produjera una revolución desde abajo. Querían modernizar España, pero sin alterar las bases del sistema de la Restauración. A esto se le conoce como revisionismo político.

El gobierno del partido conservador estaba liderado por Francisco Silvela y posteriormente por Antonio Maura. Este último, intentó regenerar el sistema a partir de la formación de una nueva clase política que tuviese el apoyo social de las llamadas masas neutras, indiferentes hasta entonces a la participación política. Con su ayuda pretendía configurar un Estado fuerte y eficaz, desbancar a la vieja casta caciquil e impedir un excesivo protagonismo de las clases populares. Su proyecto modificó la Ley electoral y la Ley de Administración Local para poner fin al caciquismo, pero esta reforma electoral fue muy superficial y solo estableció el voto obligatorio y más controles sobre las juntas electorales. Además, al introducir la elección automática y al solo haber un único candidato en un distrito, se favoreció el caciquismo, que lograba la elección del candidato previsto simplemente evitando que tuviera rivales.

El proyecto reformista también intentó integrar el catalanismo aprobando una tímida autonomía para Cataluña, sin éxito.

Por otra parte, se adoptaron medidas proteccionistas para impulsar la actividad industrial española y se mejoró la legislación laboral con la Ley protectora de accidentes de trabajo, la Ley sobre las condiciones de trabajo de mujeres y niños y la Ley de huelga, entre otras, y se creó el Instituto Nacional de Previsión (1908). Finalmente, el Gobierno impulsó una activa política exterior en la que se aceptaba que España interviniera en Marruecos.

El talante autoritario de Maura, su falta de entendimiento con el Partido Liberal y, sobre todo, la dura represión de la Semana Trágica en 1909 supuso el fin de su principal etapa al frente del Gobierno.

Después de Maura, en 1910, el liberal José Canalejas, líder del Partido Liberal, llevó a cabo el último intento regeneracionista. Canalejas planteó la separación de la Iglesia y Estado y promovió la denominada Ley de Candado, que prohibía temporalmente la implantación de nuevas órdenes religiosas en España.

Por otro lado, como respuesta a las reivindicaciones regionalistas y nacionalistas, su gobierno elaboró el proyecto de la Ley de Mancomunidades (permitía que varias diputaciones provinciales se unieran para la gestión de servicios administrativos) y la Ley de Cabildos Insulares para dar cierta autonomía a cada una de las Islas Canarias y acabar con el pleito intercapitalino entre Gran Canaria y Tenerife.

Asimismo, el gobierno de Canalejas reformó el sistema impositivo y promovió la Ley de reclutamiento que establecía como obligatorio el servicio militar en tiempos de guerra.

Todas estas reformas parecían marchar bien, hasta que Canalejas fue brutalmente asesinado por un anarquista en 1912. Su asesinato marcó el final de la etapa regeneracionista promovida desde el propio sistema. A partir de entonces se agravó la crisis de los partidos del turno, tanto por las divisiones internas como por la falta de entendimiento entre ambos.