El Fin de la Restauración: Contexto y Causas de la Crisis

El periodo de la Restauración en España, que se extendía desde finales del siglo XIX, entró en una profunda crisis a principios del siglo XX, marcada por una creciente inestabilidad social, política y militar. Este contexto de desprestigio institucional y malestar generalizado sentaría las bases para el colapso del régimen parlamentario y el ascenso de soluciones autoritarias.

Las Juntas Militares de Defensa y la Crisis Militar

En 1916, una parte de los oficiales del ejército formó las Juntas Militares de Defensa para exigir al gobierno mejoras económicas y profesionales, especialmente un sistema de ascensos por riguroso orden de antigüedad. En la Guerra del Rif, los oficiales “africanistas” (con destino en África) ganaban más y ascendían más rápidamente que los “peninsulares”, ya que se premiaban los méritos de guerra. Esto provocaba muchos agravios entre unos militares y otros. Las Juntas Militares eran ilegales y rompían la disciplina militar. Además, suponían un riesgo para la estabilidad del sistema político, pues amenazaban con un golpe militar si no se tenían en cuenta sus peticiones. Sin embargo, contaban con el apoyo del rey, y el gobierno conservador de Dato tuvo que legalizarlas, lo que fue un gravísimo error político.

La Huelga General Revolucionaria de 1917 y la Crisis Obrera

La inflación provocada por la Gran Guerra había causado desde 1915 un constante descenso del poder adquisitivo de los salarios y un aumento de la desigualdad social. Las empresas obtenían grandes beneficios, pero la inflación dejaba sin valor los aumentos salariales. El movimiento obrero había ganado mucha fuerza, especialmente los sindicatos anarquistas agrupados en la CNT. Aunque en menor medida, también la UGT socialista había crecido en afiliación e influencia. En agosto de 1917 se inició una huelga general revolucionaria convocada por primera vez conjuntamente por la UGT y la CNT. Se paralizaron las comarcas industriales de Barcelona y Vizcaya, las grandes ciudades y las cuencas mineras asturianas. Creyéndose al borde de una situación revolucionaria, el gobierno respondió con extrema dureza. Utilizó al ejército para terminar con las protestas. Se produjeron más de 70 muertes y unas 2000 detenciones, y el comité de huelga, formado por cuatro líderes de la UGT, fue juzgado y condenado a cadena perpetua. Miles de obreros fueron despedidos. A pesar del fracaso de la huelga, en los años siguientes los sindicatos de trabajadores continuaron con sus protestas logrando importantes avances sociales, como la jornada de 40 horas semanales (Huelga de la Canadiense, Barcelona, 1919), pero cada vez en un ambiente de mayor violencia política: entre 1919 y 1923 hubo miles de muertos por atentados cruzados entre anarquistas, policías y pistoleros al servicio de la patronal, especialmente en Barcelona, pero no solo en esa ciudad.

La Guerra del Rif y el Desastre de Annual (1921)

A los gravísimos problemas sociales y políticos en España se unió la terrible derrota del “Desastre de Annual” (julio y agosto de 1921). España había recibido la zona norte del actual Marruecos como protectorado, quedando la parte central y sur para el protectorado francés. En 1909, el gobierno de Maura comenzó la construcción de un ferrocarril entre Melilla y el centro del Rif, donde se suponía que existían grandes yacimientos mineros en los que tenían intereses importantes políticos y, posiblemente, el propio rey de España. Pero algunas de las cabilas rifeñas (grupos tribales) se oponían a la ocupación española, mientras que otras eran aliadas. Durante años se mantuvo una situación de inestabilidad en la que se alternaban periodos de hostilidad con otros de tranquilidad. Pero el líder Abd el Krim consiguió agrupar a todas las cabilas y derrotar contundentemente a las tropas españolas y coloniales, mal armadas, mal entrenadas y mal dirigidas. En la retirada desde el fuerte de Annual murieron miles de soldados, muchos de ellos incluso tras rendirse, y los rifeños llegaron casi hasta las afueras de Melilla. De nuevo, como ocurrió en 1898, se abrió un gran debate entre políticos civiles y mandos militares: ¿quiénes eran los responsables de la catástrofe? Los políticos de la oposición exigieron “responsabilidades” y llegaron a acusar al propio monarca de haber alentado a los militares para acelerar la ocupación. Entre 1919 y 1923, el sistema político canovista entró en descomposición. Las clases medias y altas comenzaron a creer que solo una solución autoritaria y de carácter militar podía evitar que se desencadenara una revolución socialista. Esta deriva autoritaria no ocurrió solo en España; algo parecido estaba ocurriendo en otros lugares de Europa. En octubre de 1922, los fascistas de Mussolini se habían hecho con el poder en Italia con la connivencia del rey Víctor Manuel III.

El Expediente Picasso: Un Catalizador del Cambio

El Expediente Picasso fue un informe elaborado en 1922 por el general Juan Picasso para investigar las causas y responsabilidades del Desastre de Annual (1921). El informe reveló negligencias, corrupción y mala gestión por parte de altos mandos militares y autoridades políticas. Señalaba especialmente al general Silvestre y dejaba entrever posibles responsabilidades del rey Alfonso XIII. El contenido del expediente generó una gran crisis política, pero nunca fue completamente debatido en el Parlamento debido a presiones del ejército y la monarquía. El escándalo debilitó aún más el sistema político de la Restauración y aumentó el malestar social y militar. Este contexto de desprestigio institucional facilitó el golpe de Estado del general Primo de Rivera en 1923, quien instauró una dictadura con el respaldo del rey. Así, el informe tuvo una influencia clave en el colapso del régimen parlamentario y el ascenso del poder militar en España.

El Golpe de Estado de Primo de Rivera (1923)

El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, declaró el estado de guerra con un manifiesto “Al país y al ejército españoles”, prometiendo “ocupar el poder de forma temporal para terminar con el terrorismo, el separatismo, el desorden y la politización de la guerra de Marruecos”. Primo de Rivera utilizó la vieja idea del «cirujano de hierro» de Joaquín Costa para presentarse ante los españoles como un regeneracionista. Afirmó que su intención era sanear el país, acabar con el caciquismo, hacer las reformas necesarias y después volver a la vigencia de la Constitución. Alfonso XIII nombró presidente del gobierno a Primo de Rivera y se hizo cómplice de la dictadura.

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

Del Directorio Militar al Directorio Civil (1925-1930)

Apoyado en su éxito en Marruecos, en 1925 el dictador transformó el Directorio militar en un Directorio civil. Nombró un nuevo gobierno formado en su mayoría por políticos conservadores y católicos y unos pocos militares. La intención era transformar la dictadura en un sistema más tolerable, pero también más estable y permanente. Primo de Rivera ya no tenía la idea de volver a reinstaurar la Constitución, sino que deseaba permanecer en el poder. El nuevo gobierno tomó una serie de medidas:

  • En 1926, creó la Organización Corporativa Nacional para regular las relaciones entre trabajadores y empresarios bajo la supervisión del Estado, reuniendo en cada empresa comités paritarios para resolver de forma pactada los conflictos laborales. Estaban prohibidos los sindicatos de clase, tanto anarquistas como socialistas, aunque la UGT fue tolerada y el sindicato socialista colaboró con el régimen en la formación de los comités paritarios.
  • Convocó una Asamblea Nacional Consultiva (1927). Sus miembros no eran elegidos por sufragio ni representaban a partidos políticos, sino que se elegían por las llamadas corporaciones (ayuntamientos, diputaciones provinciales y representantes de la administración, del ejército, de la justicia, de la iglesia y de la economía). La nueva Asamblea no ejerció la soberanía ni legisló; tan solo asesoró al gobierno en la redacción de las leyes. Por tanto, carecía de poder legislativo.
  • Se elaboró una especie de Constitución llamada Estatuto Fundamental de la Monarquía (1929) que limitaba los derechos políticos y personales y no establecía la división de poderes. Nunca llegó a entrar en vigor.
  • Realizó una política muy centralista, basada en el nacionalismo español, que reprimió duramente el catalanismo. Primo de Rivera suprimió la Mancomunidad de Cataluña, prohibió el uso del catalán en actos oficiales y en la educación, y persiguió a sus defensores. Poco a poco, la burguesía catalana, que lo había apoyado muchísimo inicialmente, comenzó a separarse del dictador.

La Economía y las Políticas Sociales durante la Dictadura

Los siete años de duración de la Dictadura fueron un periodo de notable crecimiento económico, hecho que fue muy destacado por la propaganda del régimen. El desarrollo económico de España se vio muy favorecido por la situación internacional, los llamados “felices Años 20”, previos al crack financiero de 1929. El dinero era abundante y barato, con intereses de préstamo bajos. El Estado intervino en la economía construyendo obras públicas:

  • Se inició la construcción de pantanos con fines hidroeléctricos y de regadío, y se crearon las confederaciones hidrográficas para gestionar las cuencas de los ríos (una idea de Joaquín Costa).
  • Se amplió la red de ferrocarriles y carreteras.
  • Avanzó la electrificación, sobre todo en las ciudades, pero no en las zonas rurales.

Para ganarse el apoyo de las clases bajas y trabajadoras, el gobierno realizó políticas de protección social y familiar: construcción de viviendas baratas, leyes de promoción de los seguros obreros, ayudas a las familias numerosas, entre otras. Al crecer la economía, disminuyó mucho el paro, aumentaron los salarios, los precios permanecieron estables y disminuyó la conflictividad social. Hay que tener en cuenta, además, que las huelgas y las manifestaciones obreras estaban prohibidas, al igual que los sindicatos, especialmente los anarquistas. Pero la UGT fue tolerada, aunque su actividad fuera “ilegal”. De hecho, muchos ugetistas formaban parte de los comités paritarios que resolvían los conflictos en las empresas.