Marco General de los Derechos Fundamentales en España

El Título I de la Constitución Española (CE) consagra los derechos y deberes fundamentales, estructurando el Estado social y democrático de Derecho. La protección de estos derechos se articula mediante un sistema de garantías reforzadas para aquellos reconocidos en la Sección Primera del Capítulo II (arts. 15 a 29 CE), y una protección ordinaria para el resto.

Clasificación de los Derechos Fundamentales por Contenido Material

Atendiendo a su función, los derechos fundamentales se agrupan en categorías clave:

  • Derechos de Libertad: Garantizan un ámbito de autonomía personal frente a injerencias estatales. Imponen principalmente deberes de abstención a los poderes públicos. Incluyen la vida (art. 15), libertad ideológica y religiosa (art. 16), libertad personal (art. 17), expresión e información (art. 20), intimidad (art. 18), y asociación (art. 22).
  • Derechos de Participación (Políticos): Permiten la intervención ciudadana en la formación de la voluntad estatal. Incluyen el derecho de participación en asuntos públicos (art. 23), reunión (art. 21) y sufragio.
  • Derechos de Prestación (Sociales): Exigen una actuación positiva de los poderes públicos para asegurar condiciones materiales de vida digna. Aunque muchos son principios rectores, algunos tienen naturaleza de derecho fundamental, como el derecho a la educación (art. 27) y la tutela judicial efectiva (art. 24).
  • Derechos de Garantía o Instrumentales: Aseguran la protección y efectividad de los demás derechos, destacando la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).

Garantías Constitucionales de los Derechos Fundamentales

El artículo 53 CE establece un sistema de protección escalonado:

1. Derechos Especialmente Protegidos (Sección 1.ª, arts. 15-29 CE y art. 14 CE)

Estos derechos gozan de las máximas garantías:

  • Garantía Normativa Reforzada: Eficacia directa (vinculan a todos los poderes públicos, art. 53.1 CE) y reserva de ley orgánica para su desarrollo esencial (art. 81.1 CE). El legislador debe respetar su contenido esencial (STC 11/1981).
  • Garantías Jurisdiccionales:
    • Procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios (art. 53.2 CE).
    • Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en caso de vulneración por poderes públicos.

2. Principios Rectores de la Política Social y Económica (arts. 39 a 52 CE)

Recogidos en el Capítulo III del Título I, son normas programáticas que orientan la acción estatal hacia un orden económico y social justo (art. 9.2 CE). Su eficacia es indirecta (art. 53.3 CE):

  • Vinculan a poderes públicos e inspiran la legislación y jurisprudencia.
  • Solo generan derechos subjetivos exigibles a través de las leyes que los desarrollen.

Abarcan materias como la familia (art. 39), el trabajo y Seguridad Social (arts. 40-41), la salud (art. 43), el medio ambiente (art. 45) y la vivienda (art. 47).

Análisis de Derechos Fundamentales Específicos

Libertad de Pensamiento, Ideología y Religión (Arts. 16 y 10.1 CE)

La libertad de pensamiento protege la esfera más íntima de la persona (forum internum), siendo un presupuesto del pluralismo. Se integra en el artículo 16.1 CE (libertad ideológica, religiosa y de culto).

Contenido Esencial:

  1. Libertad para formar convicciones sin imposición de ideología oficial.
  2. Libertad para mantenerlas o modificarlas.
  3. Derecho a no exteriorizarlas (prohibición de declaraciones forzosas).

La dimensión interna es absoluta. Solo la manifestación externa está sujeta a límites legales legítimos (orden público).

El Estado se rige por los principios de aconfesionalidad y neutralidad (art. 16.3 CE), sin perjuicio del deber de cooperación.

Derecho a la Educación (Art. 27 CE)

Derecho fundamental de naturaleza principalmente prestacional, con una dimensión de libertad (libertad de enseñanza).

Obligaciones Estatales:

  • Organizar y sostener un sistema educativo público (art. 27.5 CE).
  • Garantizar la enseñanza básica obligatoria y gratuita (art. 27.4 CE).
  • Orientar la educación al pleno desarrollo de la personalidad y respeto a los principios democráticos (art. 27.2 CE).

La titularidad es universal. El contenido incluye el acceso en igualdad, mérito y capacidad, y la existencia de un sistema de becas y ayudas públicas (STC 212/2005).

Derecho del Trabajo y Libertad Sindical (Arts. 28, 35, 37 CE)

El constitucionalismo social sitúa el trabajo como eje central. El artículo 35 CE reconoce el derecho y deber de trabajar, la libertad de elección de oficio, promoción profesional y remuneración suficiente, prohibiendo la discriminación por sexo.

Libertad Sindical (Art. 28.1 CE)

Derecho fundamental con doble dimensión:

  • Positiva: Derecho a fundar sindicatos y afiliarse libremente.
  • Negativa: Derecho a no ser obligado a afiliarse.

El contenido esencial colectivo incluye los derechos de negociación colectiva, huelga y conflicto colectivo (art. 37 CE).

Derecho de Huelga (Art. 28.2 CE)

Derecho de titularidad individual y ejercicio colectivo para la defensa de intereses laborales. La ley debe garantizar los servicios esenciales de la comunidad.

  • Prohibiciones clave: Sustitución de huelguistas (esquirolaje) y cierre patronal arbitrario (STC 11/1981).
  • Garantía: Piquetes informativos pacíficos.

Derechos de Participación Política (Art. 23 CE)

Manifestación esencial de la soberanía popular (art. 1.2 CE).

Contenido del Art. 23 CE:

  1. Sufragio Activo: Derecho a votar en elecciones libres, iguales, directas y secretas.
  2. Sufragio Pasivo: Derecho a acceder a cargos públicos representativos en condiciones de igualdad.
  3. Participación Directa: Referéndum, iniciativa legislativa popular.

Los partidos políticos (art. 6 CE) son instrumentos fundamentales para expresar el pluralismo y canalizar la participación.

El acceso a cargos públicos (art. 23.2 CE) incluye la permanencia y el ejercicio pleno de las funciones (ius in officium), sin estar ligados por mandato imperativo (art. 67.2 CE).

Derechos de Intimidad, Honor y Domicilio (Art. 18 CE)

Derecho al Honor (Art. 18.1 CE)

Se identifica con la buena reputación o consideración social. Se lesiona por expresiones injuriosas o vejatorias (STC 176/1995). Entra en conflicto con la libertad de expresión, resolviéndose mediante ponderación, valorando la relevancia pública.

Derecho a la Intimidad Personal y Familiar (Art. 18.1 CE)

Garantiza un ámbito reservado de la vida, excluido del conocimiento ajeno. Abarca salud, vida sexual, convicciones y relaciones afectivas. La veracidad de un hecho no legitima su divulgación si afecta a la esfera íntima.

Inviolabilidad del Domicilio (Art. 18.2 CE)

Garantía formal de intangibilidad del espacio donde se desarrolla la vida privada. El concepto de domicilio es amplio (no solo vivienda habitual).

La entrada o registro solo es legítima bajo tres supuestos:

  1. Consentimiento libre del titular.
  2. Resolución judicial motivada.
  3. Flagrante delito.

Toda prueba obtenida sin cobertura legal es nula.

Libertad de Expresión y Opinión (Art. 20 CE)

El artículo 20.1.a) CE garantiza la libre difusión de pensamientos, ideas y opiniones.

  • Libertad de Opinión: Protege juicios de valor subjetivos. No está sujeta al requisito de veracidad.
  • Libertad de Información: Ampara la comunicación de hechos verificables, exigiendo diligencia y veracidad profesional.

Ambos derechos tienen posición preferente, pero no son ilimitados. El límite principal es el respeto a otros derechos fundamentales (honor, intimidad) y la prohibición absoluta de censura previa (art. 20.2 CE).

Derecho a la Igualdad (Art. 14 CE)

Pilar del Estado social y democrático de Derecho. Garantiza la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación por cualquier condición personal o social.

Dimensiones:

  • Igualdad ante la ley: Trato idéntico a situaciones iguales, salvo criterios objetivos y razonables.
  • Prohibición de discriminación: Veda el trato desfavorable directo o indirecto.

El TC aplica el juicio de igualdad para determinar la legitimidad de tratos desiguales. Son admisibles las medidas de acción positiva (art. 9.2 CE) para lograr la igualdad real y efectiva.

Derechos de Libertad y Seguridad Personal

Libertad Personal (Art. 17 CE)

Derecho a no ser privado de libertad física sino en los casos y formas previstos por la ley.

Detención Preventiva:

  • Límite temporal absoluto de 72 horas.
  • Derechos del detenido: información, asistencia letrada, no declarar, reconocimiento médico.

Habeas Corpus (Art. 17.4 CE)

Procedimiento inmediato y antiformalista para garantizar la puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Debe resolverse en 24 horas.

Derecho de Petición (Art. 29 CE)

Facultad de dirigirse a los poderes públicos para solicitar decisiones o informes. Es un derecho fundamental de ejercicio individual o colectivo.

El derecho se satisface con la formulación de la solicitud y la obligación de la autoridad de acusar recibo y motivar la denegación. No genera un derecho a obtener lo solicitado.

Derechos de los Extranjeros en España (Art. 13 CE)

El régimen se basa en el artículo 13 CE, distinguiendo cuatro categorías de derechos:

  1. Reservados a españoles: Derechos de participación política (sufragio activo y pasivo).
  2. Vinculados a la dignidad humana: Corresponden en las mismas condiciones que a los españoles (vida, intimidad, tutela judicial).
  3. Atribuidos a “todas las personas”: Reunión, asociación, etc.
  4. Atribuibles por ley o tratado: Residencia, trabajo, etc.

El artículo 13.3 CE regula la extradición y el derecho de asilo.

Derecho a la Vida e Integridad (Art. 15 CE)

El derecho a la vida es el presupuesto ontológico de todos los demás derechos.

  • Titularidad: La persona nacida. El nasciturus es un bien constitucionalmente protegido.
  • Límites: No existe un derecho fundamental a morir, aunque la ley puede habilitar la eutanasia bajo estrictos requisitos (STC 19/2023).

La integridad física y moral prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes (contenido esencial inderogable). Las intervenciones corporales no voluntarias requieren consentimiento informado, cobertura legal, control judicial y proporcionalidad.

Derecho de Reunión (Art. 21 CE)

Derecho fundamental de ejercicio colectivo, pacífico y sin armas. Se proyecta en reuniones en lugares cerrados o en lugares de tránsito público.

Rige un sistema de comunicación previa, no de autorización. La autoridad solo puede prohibir o modificar si existe un peligro real de alteración del orden público para personas o bienes, mediante resolución motivada y recurrible.

Derecho a la Vivienda (Art. 47 CE)

Reconocido como principio rector (Capítulo III, Título I), impone un deber prestacional a los poderes públicos para promover una vivienda digna y adecuada.

Su efectividad se articula mediante políticas de vivienda protegida, ordenación del territorio y regulación del suelo, exigiendo la participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas.