13.1 La normalización democrática y la alternancia política hasta 2018. La amenaza del terrorismo de ETA y el terrorismo yihadista.  En Octubre de 1982, tras la convocatoria de elecciones por Calvo Sotelo, se produjo una clara normalización democrática, ya que el PSOE de Felipe González obtuvo una mayoría absoluta histórica, superando los 10 millones de votos. Como consecuencia, la UCD prácticamente desaparecíó y fue sustituida por Alianza Popular de Manuel Fraga como principal fuerza de la derecha, iniciándose así una etapa de estabilidad basada en la alternancia política. En cuanto a los gobiernos socialistas (1982-1996), en su primera legislatura (1982-1986), el ejecutivo tuvo que afrontar una grave crisis económica, por lo que aplicó un plan de estabilización que incluyó la reconversión industrial, cerrando industrias obsoletas. Aunque estas medidas generaron conflicto con los sindicatos, permitieron modernizar la economía. Paralelamente, el gobierno combatíó el terrorismo de ETA y reformó el Ejército, eliminando el riesgo de Golpe de Estado. Asimismo, se aprobaron importantes reformas sociales como la LODE, la reforma universitaria y la despenalización parcial del aborto. Finalmente, España ingresó en la CEE en 1986, consolidando su integración europea, mientras que el gobierno cambió su postura sobre la OTAN, defendiendo su permanencia mediante referéndum. Por otro lado, durante la segunda legislatura (1986-1989), se produjo un fuerte crecimiento económico, impulsado por fondos europeos, lo que permitíó el desarrollo del Estado del Bienestar (sanidad, educación y pensiones). Sin embargo, este crecimiento generó desigualdades, lo que llevó a la huelga general de 1988. Posteriormente, en la tercera legislatura (1989-1993), España proyectó una imagen moderna con los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla (1992), aunque la economía entró en crisis a comienzos de los años noventa, aumentando el paro y la inflación.  A continuación, la crisis económica se vio agravada por escándalos de corrupción (FILESA, caso Guerra) y, especialmente, por el caso de los GAL, que evidenció la “guerra sucia” contra ETA. Como resultado, en 1993 el PSOE perdíó la mayoría absoluta y dependíó de nacionalistas (CiU). Finalmente, la pérdida de apoyos llevó a la convocatoria electoral de 1996. En segundo lugar, con el gobierno del PP de José María Aznar (1996-2004), se produjo un giro político. Inicialmente sin mayoría absoluta, gobernó con apoyo nacionalista y aplicó una política económica liberal, logrando cumplir los criterios del Tratado de Maastricht, reducir el paro y permitir la entrada en el euro (1999).  



Además, el asesinato de Miguel Ángel Blanco (1997) generó una gran movilización social contra ETA. No obstante, el Pacto de Lizarra y el Plan Ibarretxe reflejaron el auge del nacionalismo vasco.  Posteriormente, tras la mayoría absoluta de 2000, se consolidó el crecimiento económico (“milagro español”) y se introdujo el euro físico en 2002. Asimismo, se firmó el Pacto Antiterrorista, que permitíó ilegalizar partidos vinculados a ETA. En política exterior, tras los atentados del 11-S, España apoyó las guerras de Afganistán e Irak, lo que generó gran rechazo social. Este contexto explica los atentados del 11M de 2004 en Madrid, que causaron 193 muertos. La gestión del gobierno y la atribución inicial a ETA provocaron la derrota electoral del PP. En tercer lugar, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), el PSOE gobernó sin mayoría absoluta con apoyo de nacionalistas. Se impulsaron reformas autonómicas, especialmente en Cataluña, cuyo estatuto generó conflicto tras su recorte por el Tribunal Constitucional. En el ámbito antiterrorista, ETA declaró el alto el fuego definitivo en 2010, lo que supuso el fin de la violencia. Desde el punto de vista económico, inicialmente se vivíó una etapa de prosperidad con bajo paro y súperávit. Sin embargo, la crisis económica de 2008, vinculada a la burbuja inmobiliaria, provocó un fuerte aumento del paro, déficit y deuda. Ante la presión de la UE, el gobierno aplicó recortes, redujo salarios públicos y reformó el artículo 135 de la Constitución, priorizando la estabilidad presupuestaria. Como consecuencia, el desgaste político llevó a la victoria del PP en 2011. Finalmente, durante el gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), se aplicaron políticas de austeridad, con subida de impuestos y recortes en servicios públicos. La crisis financiera obligó al rescate bancario (como Bankia) con fondos europeos. Aunque desde 2014 comenzó la recuperación, persistieron altas tasas de paro y desigualdad.


En el ámbito político, destacó el proceso independentista catalán, que culminó con el referéndum ilegal del 1 de Octubre de 2017 y la aplicación del artículo 155, suspendiendo la autonomía. Además, la corrupción del PP (casos Gürtel y Púnica) y otros escándalos (como el caso Urdangarin) deterioraron la imagen institucional, incluso provocando la abdicación de Juan Carlos I en 2014. Por otro lado, el sistema político evoluciónó hacia el fin del bipartidismo, con la aparición de Podemos y Ciudadanos, lo que dificultó la formación de gobiernos. Paralelamente, aunque ETA desaparecíó, surgíó el terrorismo yihadista como nueva amenaza, destacando los atentados de Barcelona y Cambrils (2017). En 2018, la condena del PP por corrupción permitíó la aprobación de una moción de censura, que llevó a Pedro Sánchez (PSOE) a la presidencia. De este modo, se cerró una etapa caracterizada por la consolidación democrática, la alternancia política y la transformación de las amenazas terroristas, desde ETA hasta el yihadismo.


13.2 Evolución económica, social y demográfica. La mujer en la sociedad española. En 1982 el PSOE llegó al poder en un contexto de crisis económica profunda, agravada por la ausencia previa de reformas. El gobierno aplicó una política social-liberal. Por un lado, amplió el gasto público para construir el Estado del Bienestar (sanidad y educación universal), financiado mediante una reforma fiscal progresiva. Por otro, entre 1983 y 1985 aplicó medidas de ajuste: control de la inflación (congelación salarial), reducción del gasto y una reconversión industrial que supuso el cierre de empresas públicas del INI (especialmente siderurgia y naval), afectando a regiones como Asturias, País Vasco o Cádiz. También se inició la privatización con la venta de SEAT a Volkswagen. El desempleo siguió siendo muy elevado. Para reducirlo se promovíó el empleo y se flexibilizó el mercado laboral, aumentando los contratos temporales, aunque sin lograr reducir el paro. Paralelamente, se consolidó el Estado del Bienestar: la Ley General de Sanidad (1986) universalizó la asistencia; las pensiones se ampliaron con la ley de 1990; y en educación se reformó la universidad (1983), se ampliaron becas y la LOGSE (1990) extendíó la enseñanza obligatoria hasta los 16 años. Con fondos de la CEE se modernizaron infraestructuras (autovías y AVE). También hubo avances sociales: divorcio (1981), aborto parcial (1985) e incorporación de la mujer a cuerpos como la Policía. Entre 1986 y 1991 se produjo una fase de crecimiento económico impulsada por la entrada en la CEE, la inversión extranjera y la modernización empresarial. El sistema financiero se reestructuró mediante fusiones. Los sindicatos moderaron inicialmente sus demandas, pero ante el crecimiento exigieron mejoras salariales. El gobierno mantuvo su política, endurecíó el acceso a pensiones y fomentó el empleo juvenil precario, lo que provocó la huelga general de 1988. A pesar de ello, solo se ampliaron temporalmente las prestaciones por desempleo.  Desde 1991 comenzó una nueva crisis económica, con destrucción de empleo y tasas de paro cercanas al 25%. La integración en el Sistema Monetario Europeo obligó a devaluaciones de la peseta. Además, los criterios de convergencia para el euro exigieron reducir el déficit, lo que llevó a recortes sociales desde 1994. El descontento social se reflejó en la derrota del PSOE en las elecciones europeas de ese año.


En 1996 el PP llegó al poder y profundizó en políticas neoliberales. Impulsó un amplio programa de privatizaciones (Telefónica, Iberdrola, Campsa) y control del gasto para cumplir los criterios europeos. Desde ese momento comenzó una recuperación económica, favorecida por la Ley del suelo de 1998, que impulsó la construcción y sentó las bases de la burbuja inmobiliaria. La entrada en el euro en 2002 consolidó el crecimiento. La expansión del crédito y la recalificación de terrenos generaron un aumento masivo de la construcción y el endeudamiento familiar. Paralelamente, se favorecíó la educación privada, se reformó el sistema educativo (LOCE) y se flexibilizó el mercado laboral, aumentando la precariedad. Tras 2004, el PSOE mantuvo en gran medida el modelo económico anterior, lo que permitíó reducir el paro hasta el 8% gracias a sectores como la construcción y el turismo. Sin embargo, el encarecimiento de la vivienda evidenciaba el riesgo de la burbuja. Destacaron avances sociales: matrimonio igualitario (2005), ley de violencia de género, ley de dependencia (2007) y ampliación de derechos. La crisis de 2008, originada en EE.UU. Por las hipotecas subprime y el colapso de Lehman Brothers, afectó gravemente a España por el peso del sector inmobiliario. Se disparó el paro (más del 25%), cayó el consumo y el PIB. El gobierno primero aumentó el gasto público, elevando el déficit. En 2010, presionado por la UE, aplicó recortes: bajada de salarios públicos, congelación de pensiones, aumento de la edad de jubilación, reforma laboral y modificación del artículo 135 de la Constitución, priorizando el pago de la deuda. 
En 2011 el PP volvíó al poder y aplicó una política de austeridad: subida de impuestos (IVA, IRPF), recortes en sanidad y educación, reforma laboral que abarató el despido y debilitó la negociación colectiva. También se produjo el rescate bancario con fondos europeos (hasta 100.000 millones previstos, 65.000 utilizados). Estas medidas aumentaron la precariedad, aunque evitaron la intervención total de la economía. La situación mejoró progresivamente tras la intervención del BCE. En el ámbito demográfico, entre 1975 y 1998 descendíó la natalidad por cambios económicos y sociales (incorporación de la mujer al trabajo, uso de anticonceptivos, retraso de la maternidad). 


Entre 1998 y 2008 aumentó ligeramente por la inmigración, pero volvíó a caer tras la crisis. La mortalidad se mantiene baja, con alta esperanza de vida (85 años) y envejecimiento de la población. La inmigración tuvo un papel clave: pasó de 500.000 extranjeros en 1995 a 4,7 millones en 2015, impulsada por el crecimiento económico. Desde 2008 disminuyó por la crisis. Socialmente, se consolidó una amplia clase media hasta 2008, pero la crisis aumentó la desigualdad: el 25% de la población está en riesgo de pobreza y la riqueza se concentra en una minoría. La economía presenta una estructura terciarizada, propia de países desarrollados. El feminismo ha avanzado desde el franquismo hasta la actualidad. La Constitución de 1978 reconocíó la igualdad legal, desarrollada mediante leyes como el divorcio, el aborto o la protección contra la violencia de género. Aunque se han logrado avances importantes, persisten desigualdades salariales, menor presencia en puestos directivos y problemas graves como la violencia de género. Finalmente, destaca el crecimiento del asociacionismo y las ONG, que actúan en ámbitos como derechos humanos, pobreza o sanidad. Organizaciones como Cruz Roja o Cáritas reflejan el compromiso social ante problemas que el Estado no cubre completamente, en un contexto de desconfianza hacia las instituciones y mayor participación ciudadana.


14.1 Consecuencias económicas, sociales y políticas del proceso de integración en la Uníón Europea. Participación de las instituciones europeas. Los precedentes de la integración se remontan a la dictadura. En 1962, el gobierno de Franco solicitó formalmente la apertura de negociaciones con la CEE. La respuesta fue negativa debido al «Informe Birkelbach», que exigía sistemas democráticos para los países aspirantes. En 1970 se logró firmar un Acuerdo Preferencial estrictamente comercial. Este tratado supuso un balón de oxígeno para el capitalismo español, evidenciando la marginación internacional del régimen y su exclusión de los órganos de decisión europeos. La muerte del dictador y el inicio de la Transición convirtieron la integración en una prioridad nacional. En 1977, el gobierno de Adolfo Suárez solicitó oficialmente la adhesión plena. Las negociaciones iniciadas en 1979 resultaron extremadamente complejas. Existían serias dudas sobre la solidez de la democracia española, acentuadas tras el intento de Golpe de Estado del 23-F en 1981. El recelo económico de países como Francia, ante la competencia de los productos agrícolas españoles, provocó un prolongado bloqueo en el proceso negociador. El impulso definitivo llegó con el primer gobierno socialista de Felipe González. El 12 de Junio de 1985 se firmó en Madrid el Tratado de Adhesión, que entró en vigor el 1 de Enero de 1986. El ingreso exigíó sacrificios estructurales. España tuvo que acometer una drástica reconversión industrial en la siderurgia y la construcción naval para sanear sus empresas. El cierre de fábricas y el aumento del paro generaron una fuerte conflictividad social. Se impusieron cuotas lácteas y un «desarme arancelario» progresivo para terminar con el proteccionismo tradicional de la economía española.  La integración fue el motor de la modernización del país. Consolidó la democracia y el Estado de Derecho, reforzando la cooperación antiterrorista y culminando con la firma del Acuerdo Schengen en 1991 para la libre circulación de personas. España vivíó una etapa de crecimiento económico sin precedentes. La llegada masiva de capitales y la recepción de los Fondos Estructurales y de Cohesión permitieron financiar infraestructuras básicas como el AVE y las autovías. La renta per cápita pasó del 69% de la media comunitaria en 1986 al 78% en cinco años, consolidando el Estado de Bienestar con sanidad y educación universal. 


El proceso de convergencia dio un salto cualitativo con el Tratado de Maastricht en 1992, que transformó la CEE en la Uníón Europea. España aceptó los rigurosos criterios de convergencia económica relativos a la inflación, el déficit público y la deuda. Pese a la crisis de 1993, el esfuerzo de ajuste permitíó cumplir los requisitos en 1998 para entrar en la Eurozona. El 1 de Enero de 2002, el euro sustituyó a la peseta, cediendo la soberanía monetaria al Banco Central Europeo. España ha pasado de ser un país receptor a un actor influyente en las instituciones europeas. Cuenta con una representación de 54 eurodiputados y ha ostentado la Presidencia del Consejo en cinco ocasiones. El país participa en grandes decisiones de política exterior. Figuras como Javier Solana o Josep Borrell simbolizan este compromiso. La integración europea ha sido el marco natural para superar el atraso histórico, convirtiendo a España en un socio fundamental de una Uníón democrática y eficaz. 


14.2 Situación actual de la Uníón Europea y expectativas de futuro. Los valores del europeísmo: principios que guían la idea de la Uníón Europea y actitud participativa ante los programas y proyectos comunitarios. La historia de la Uníón Europea comienza con la voluntad de transformar el continente tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, estableciendo una interdependencia económica que hiciera materialmente imposible cualquier nuevo conflicto armado. El hito fundamental de este proceso fue la creación de la Comunidad Económica Europea en 1958, impulsada por Alemania, Francia, Italia y los países del Benelux, quienes sentaron las bases de un mercado común. A lo largo de las décadas, este proyecto inicial de cooperación comercial se ha expandido hasta integrar a veintisiete países, consolidando un mercado interior basado en la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales, que constituye el principal motor de la economía europea. La realidad actual de la organización trasciende lo económico para abarcar la salud, la justicia, el medio ambiente y la seguridad exterior. Los ciudadanos de la Uníón disfrutan de derechos fundamentales protegidos por tratados internacionales, incluyendo la libertad de vivir, estudiar o trabajar en cualquier Estado miembro bajo las mismas condiciones que los nacionales de dicho país. Logros como el Espacio Schengen, que permite transitar casi todo el continente sin controles fronterizos, y la implantación del euro como moneda única en diecinueve de sus Estados, representan la culminación de un proceso de integración social y monetaria único en la historia contemporánea. El funcionamiento democrático de la Uníón se apoya en una arquitectura institucional compleja donde el Parlamento Europeo, elegido directamente por la población, representa los intereses de los ciudadanos, mientras que el Consejo defiende la soberanía de los Estados miembros. Este sistema busca la transparencia y la proximidad en la toma de decisiones, fomentando la participación activa mediante mecanismos como la Iniciativa Ciudadana Europea. No obstante, la cohesión del grupo se ve constantemente puesta a prueba por las desigualdades socioeconómicas entre las regiones mediterráneas, nórdicas y del este, lo que obliga a mantener políticas de convergencia que aseguren unos niveles mínimos de bienestar y protección social para todos los europeos.


El Tratado de Lisboa de 2009 dotó a la Uníón de personalidad jurídica propia y reforzó la Política Exterior y de Seguridad Común, actualmente dirigida por el español Josep Borrell. Esta herramienta busca proyectar los valores de paz, democracia y respeto a los derechos humanos en un escenario internacional marcado por la polarización entre las grandes potencias y las amenazas a la seguridad regional. La gestión de crisis recientes, como la pandemia del COVID-19 y la guerra en Ucrania, ha obligado a los estados miembros a actuar con una rapidez y solidaridad sin precedentes, reforzando la autonomía estratégica de Europa y su capacidad de respuesta ante emergencias globales. La mirada al futuro se centra en el cumplimiento del Pacto Verde Europeo, un compromiso ambicioso para convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en el año 2050. Este objetivo requiere una transformación profunda de la economía mediante inversiones en tecnologías limpias, la descarbonización del sector energético y una nueva Política Agrícola Común que garantice la seguridad alimentaria de forma sostenible. Paralelamente, la Uníón mantiene abierta su puerta a nuevas ampliaciones con países candidatos como Ucrania o los Estados balcánicos, siempre supeditadas al cumplimiento de estrictos requisitos democráticos, asegurando que el proyecto europeo siga siendo un referente de libertad y prosperidad en el Siglo XXI.


15.1 Seguridad, cooperación mundial y participación en organismos internacionales. La seguridad nacional e internacional. Instrumentos estatales e internacionales para preservar los derechos, las libertades y el bienestar de la ciudadanía. La privilegiada situación geográfica de España la sitúa como un enclave estratégico fundamental, actuando como puerta de entrada a Europa y puente cultural y político con Iberoamérica y la ribera sur del Mediterráneo. Esta posición explica su papel protagonista en la diplomacia internacional y su activa participación en organismos globales. España ingresó en la ONU en 1955, asumiendo desde entonces un compromiso firme con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la lucha contra el terrorismo. Desde 1989, el país ha mantenido una presencia constante en misiones de paz y ayuda humanitaria, destacando su labor en países como el Líbano o Colombia, además de contar con una Misión Permanente ante la ONU donde desempeñan su labor más de 1.500 profesionales españoles. La integración en la estructura defensiva occidental se consolidó en 1982 con el ingreso en la OTAN durante el gobierno de Calvo Sotelo, decisión que fue ratificada en el referéndum de 1986 bajo la presidencia de Felipe González. La relevancia española en esta alianza alcanzó su cénit con la presidencia de Javier Solana entre 1995 y 1999. A nivel operativo, las Fuerzas Armadas han intervenido en conflictos internacionales de gran calado, como las Guerras del Golfo y las campañas de Afganistán e Irak, aunque en este último caso las tropas fueron retiradas en 2004 por el gobierno de Rodríguez Zapatero. Actualmente, España mantiene su compromiso con la seguridad colectiva mediante misiones contra la piratería en el Índico, fuerzas de interposición en los Balcanes y el apoyo material y financiero a Ucrania frente a la invasión rusa. La política exterior española otorga una prioridad histórica a Iberoamérica, donde el país se ha convertido en el principal inversor y promotor de las Cumbres Iberoamericanas desde 1991. En el Magreb, las relaciones son vitales pero complejas, especialmente con Argelia por el suministro de gas y con Marruecos debido al control migratorio, la soberanía de Ceuta y Melilla y el reciente apoyo español al plan de autonomía marroquí para el Sáhará Occidental.


 Por otro lado, la proyección económica se manifiesta en la pertenencia al FMI, el Banco Mundial y el G-20, mientras que la solidaridad internacional se canaliza a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la labor de diversas ONG en áreas de conflicto o pobreza extrema. El modelo de desarrollo nacional ha evolucionado hacia la sostenibilidad para afrontar la emergencia climática, alineándose con la Agenda 2030 de la ONU y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). España ha constituido la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) para coordinar esfuerzos entre universidades, centros de investigación y empresas privadas. Los retos prioritarios del país incluyen la erradicación de la pobreza, el cierre de la brecha de género, la transición hacia energías limpias y la lucha contra la precariedad laboral. Este compromiso busca no solo proteger el medio ambiente, sino también revitalizar el medio rural y revertir el actual reto demográfico bajo un nuevo paradigma de consumo responsable. La seguridad nacional se concibe hoy como un concepto global e interconectado que supera la mera vigilancia interior ejercida por la Policía Nacional, la Guardia Civil y los cuerpos autonómicos. En el contexto actual, las amenazas son híbridas e incluyen el terrorismo, las campañas de desinformación, el crimen organizado y la vulnerabilidad del ciberespacio. Para responder a estos desafíos, España integra su Sistema de Seguridad Nacional en estructuras internacionales como Europol, Interpol y la agencia ENISA de ciberseguridad. El Estado de derecho se garantiza mediante la adhesión a la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, asegurando que la protección de las libertades y el bienestar de la ciudadanía española se sustente en una cooperación internacional robusta y resiliente.


Problemas internos Carlos I


Fueron las Comunidades, donde los comuneros reivindicaban que el rey no abandonase el país, no sacara dinero del reino y que las Cortes tuviesen mas atribuciones, se extendió en ciudades como León o Burgos; las Germánías, revuelta social contra la nobleza, se reclamaba la reducción de la deuda, democratización de municipios o medidas contra caballeros y especuladores, destacaron en Valencia y Mallorca; y los problemas religiosos, la guerra de religión y aparición de protestantes. 

Desamortizaciones de Madoz

Desamortizaciones de Mendizábal:


en 1836, fue un proceso por el cual el Estado expropio y vendió bienes de la iglesia con el objtivo de reducir la deuda publica y financiar la guerra carlista., esto provoco que las tierras pasasem a manos privadas (burguesía) y supuso una gran transformación económica y social.

Motín de aranjuez:


Problemas internos Felipe II

Fueron los moriscos, que acusan a los cristianos del trato que les dan, Felipe II actúa y acaba con el conflicto mediante la muerte y expulsión de los moriscos de Castilla; y el problema de Aragón, los nobles se oponen a la intervención tan directa del rey que les esta perjudicando, Antonio Pérez, su hombre de confianza le traiciona y se acoge en el fuero de Aragón, el intento de entregarle provoco un motín popular en Zaragoza en 1851, el rey acaba con esta sublevación entrando con el ejercito en Aragón e imponiendo su autoridad a la fuerza.

Presidentes I República:

figueras, se caracterizo por la supresión del impuesto de consumo, pero su incapacidad para controlar las tensiones sociales llevo a su dimisión. Le siguió Pi y Margall, trato de implementar un sistema federal y enfrento un movimiento cantonalista que defendía la independencia de las ciudades. Nicolás salmerón, negativo a firmar penas de muerte contra cantonalistas, lo llevo a dimitir. Castelar, asumió la presidencia con una política mas autoritaria aunque la situación seguía sin estabilizarse.


Gobiernos socialistas de Felipe Gonzales: los gobiernos socialistas de Felipe González (1982-1989) se iniciaron con una primera legislatura en 1982 marcada por una grave crisis económica. En este contexto, se aplico un estricto plan de estabilización que invluyo una profunda reconverison industrial , con el cierre de numerosas empresas. Aunque las medidas generaron rechazo en los sindicatos, fueron eficaces para sanear la economía y sentar las bases de la recuperación. El gobierno tuvo que hacer frente a la actividad terrorista de ETA y emprendió una reforma del ejercito destinada a eliminar el riesgo del golpismo, considerada uno de sus mayores éxitos. Se impulsaron importantes reformas sociales y educaticas, como la aprobación de la LODE, que estableció la enseñanza gratuita y obligatoria hasta los 16 años, junto con la reforma universitaria y despenalización parcial del aborto. En política exterior, españa se integro en la CEE el 1 de Enero de 1986, cumpliendo el objetivo. El gobierno modifico su postura respecto a la OTAN, pasando del rechazo al apoyo, confirmado en el referéndum convocado por González cuyo resultado favorable supuso el momento de mayor fuerza política. Por otro lado, durante esos años se completo el mapa autonómico mediante la aprobación de los estatutos de autonomía. En 1986, el PSOE revalido su mayoría absoluta, lo que acentúo la crisis de la oposición: Manuel azaña no mejoro los resultados y el PCE se integro en Izquierda Unida. La segunda legislatura (1986-1989) se caracterizo por un intenso crecimiento económico hasta 1992, impulsado por inversiones publicas e infraestructuras y por los fondos procedentes de la CEE. Este desarrollo permitió una notable expansión de los servicios públicos (educación, sanidad y pensiones) financiados mediante un sistema fiscal relativamente progresivo, lo que consolido por primera vez un Estado del Bienestar en españa. El crecimiento también genero grandes desigualdades sociales, lo que provoco la reacción de los sindicatos de Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, que convocaron huelga general el 14 de Diciembre de 1988. Esta movilización paralizo el país y obligo al gobierno a negociar y a moderar parcialmente sus políticas liberalizadoras. En 1989, el PSOE volvió a ganar por mayoría absoluta pero con una reducción de los votos.