El bienio republicano-socialista y sus reformas

Entre 1931 y 1933, la Segunda República estuvo gobernada por una coalición de republicanos de izquierda y socialistas que impulsó el proyecto reformista más ambicioso de la España contemporánea. Con Niceto Alcalá‑Zamora como presidente de la República y Manuel Azaña al frente del gobierno, el objetivo fue modernizar el país mediante la democratización del sistema político, la secularización del Estado y profundas reformas sociales, económicas y territoriales. La amplitud de este programa explica tanto su importancia histórica como las fuertes resistencias que generó.

Política religiosa y educación

Uno de los ejes centrales del bienio fue la política religiosa. La República se declaró Estado laico y estableció una clara separación entre la Iglesia y el Estado. Se garantizó la libertad de conciencia y de cultos, se eliminó la financiación pública de las órdenes religiosas y se disolvió la Compañía de Jesús, por considerar incompatible su obediencia al Papa con la soberanía nacional. Además, se impulsó una educación pública, laica, obligatoria y gratuita, reduciendo el peso de la Iglesia en la enseñanza mediante la Ley de Congregaciones Religiosas de 1933. Estas medidas respondían a un ideal de ciudadanía igualitaria, pero provocaron una fuerte oposición de la jerarquía eclesiástica y de amplios sectores católicos.

Reforma militar

La reforma militar, impulsada por Azaña, buscó modernizar el ejército y garantizar su subordinación al poder civil. Se pretendía reducir el exceso de oficiales, profesionalizar las Fuerzas Armadas y evitar su intervención en la vida política. Para ello se ofrecieron retiros voluntarios con sueldo íntegro a los mandos contrarios al nuevo régimen. Aunque la reforma fue aceptada por algunos sectores, otros la interpretaron como un ataque al prestigio del ejército, alimentando el descontento conservador. En este contexto se produjo la Sanjurjada de agosto de 1932, un intento fallido de golpe de Estado encabezado por el general Sanjurjo, que reflejó la oposición a las reformas republicanas.

Orden público y fuerzas policiales

Para reforzar el orden público y asegurar la lealtad al régimen se creó la Guardia de Asalto, concebida como una fuerza policial afín a la República y destinada a intervenir en situaciones de orden público urbano.

Cuestión agraria

La cuestión agraria constituyó uno de los principales desafíos del bienio. El atraso del campo español, marcado por el latifundismo en el sur, el minifundio en el norte y la precariedad de jornaleros y colonos, exigía una intervención urgente. La Ley de Reforma Agraria de 1932 permitió la expropiación de tierras mal explotadas o de utilidad social para su reparto entre campesinos, con el objetivo de crear una clase media rural favorable a la República. Sin embargo, la falta de recursos económicos y la resistencia de los grandes propietarios ralentizaron su aplicación y limitaron sus resultados.

Organización territorial

En relación con la organización territorial, el nuevo régimen abrió la vía autonómica como respuesta a las demandas regionalistas. El Estatuto de Núria de 1932 devolvió a Cataluña la Generalitat y le otorgó competencias en ámbitos como la administración, la cultura y el orden público, siempre dentro de la unidad del Estado. Paralelamente se iniciaron proyectos estatutarios para el País Vasco y Galicia, que quedaron paralizados tras la llegada de las derechas al poder en 1933.

Reformas sociales y laborales

En el ámbito social y laboral se aprobaron importantes medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Entre las principales reformas destacan:

  • Consolidación de la jornada laboral de ocho horas.
  • Regulación de contratos y refuerzo de mecanismos de arbitraje laboral.
  • Mayor protagonismo de la UGT bajo el ministerio de Trabajo de Francisco Largo Caballero.

No obstante, la CNT, contraria al parlamentarismo, consideró insuficientes las reformas y protagonizó huelgas e insurrecciones, como la de Casas Viejas en enero de 1933, cuya dura represión dañó gravemente la imagen del gobierno.

Educación

Finalmente, la educación fue uno de los logros más visibles del bienio. Partiendo de una elevada tasa de analfabetismo y de un sistema dominado por las órdenes religiosas, el gobierno impulsó la construcción de miles de escuelas, aumentó el número de docentes, fomentó la incorporación de las mujeres a la enseñanza y desarrolló iniciativas como las Misiones Pedagógicas y las bibliotecas ambulantes. La escuela pública se concibió como un instrumento de formación cívica y progreso social, aunque los resultados estuvieron limitados por la escasez de recursos y el corto periodo de gobierno.

La Constitución de 1931

La Constitución de 1931 fue el marco jurídico del nuevo régimen republicano y una declaración de principios de modernidad democrática. Fue elaborada por las Cortes Constituyentes elegidas en junio de 1931 y estableció un Estado republicano, democrático, social y laico, con el objetivo de evitar la concentración de poder y ampliar los derechos individuales y colectivos.

Principios y estructura

El texto definía a España como una “República democrática de trabajadores de toda clase”, subrayando el valor social del trabajo y la orientación social del Estado. La soberanía residía en el pueblo y se ejercía mediante unas Cortes unicamerales elegidas por sufragio universal a partir de los 23 años.

Sufragio femenino

Una de las principales novedades fue el reconocimiento del sufragio femenino. Tras un intenso debate parlamentario, se aprobó el voto de las mujeres gracias a la defensa de Clara Campoamor, frente a la postura de Victoria Kent, que consideraba que el voto femenino estaría condicionado por la influencia de la Iglesia. En las elecciones de 1933 las mujeres votaron por primera vez, situando a España entre los países pioneros en igualdad política.

Derechos y laicidad

La Constitución recogía un amplio catálogo de derechos y libertades: libertad de expresión, reunión y asociación, inviolabilidad del domicilio, garantías judiciales, derecho de huelga, igualdad jurídica entre hombres y mujeres, matrimonio civil y posibilidad de divorcio, así como una educación pública, laica, obligatoria y gratuita. Este conjunto de derechos convirtió al texto constitucional en uno de los más avanzados de su tiempo.

La laicidad fue uno de los pilares fundamentales del texto. Se proclamó la separación entre Iglesia y Estado, se prohibió a las órdenes religiosas ejercer actividades en la enseñanza, la industria y el comercio, y se disolvió la Compañía de Jesús por razones de soberanía nacional. Estas medidas provocaron una fuerte oposición de la Iglesia y de los sectores católicos conservadores, que las interpretaron como un ataque a la tradición religiosa.

Organización territorial e institucional

En el ámbito territorial, la Constitución reconocía la posibilidad de autonomía regional mediante estatutos aprobados por referéndum y por las Cortes. Aunque no se implantó un modelo federal, se adoptó el llamado “Estado integral”, que admitía la diversidad cultural y lingüística dentro de la unidad del Estado. Cataluña obtuvo su Estatuto en 1932, mientras que País Vasco y Galicia avanzaron con mayor lentitud.

Desde el punto de vista institucional, se estableció un sistema unicameral con un poder legislativo fuerte. El Presidente de la República, elegido por seis años, tenía funciones representativas y arbitrales, con capacidad para proponer al jefe de gobierno y disolver las Cortes en casos concretos. El Gobierno respondía políticamente ante el Parlamento y el Poder Judicial se declaraba independiente, con un Tribunal de Garantías Constitucionales encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución.

Principios sociales

Asimismo, la Constitución incorporó principios sociales como la función social de la propiedad, la posibilidad de expropiación por causa de utilidad pública con indemnización, la protección del campesinado y de la clase trabajadora y la igualdad laboral entre hombres y mujeres.

El bienio radical-cedista o contrarreformador

Las elecciones de noviembre de 1933 supusieron un giro decisivo en la Segunda República. La izquierda concurrió dividida y desgastada por los conflictos del primer bienio, mientras que la derecha se presentó más cohesionada. La CEDA, liderada por José María Gil‑Robles, se convirtió en la principal fuerza parlamentaria, y el Partido Radical de Alejandro Lerroux pasó a ser su socio de gobierno. El estreno del voto femenino, en un contexto de fuerte movilización católica, contribuyó al triunfo conservador, inaugurando un periodo calificado por la izquierda como “bienio negro”.

El presidente Niceto Alcalá‑Zamora, reacio a entregar el poder directamente a la CEDA, encargó formar gobierno a Lerroux. No obstante, el peso parlamentario de los cedistas condicionó la acción gubernamental, que adoptó una línea de revisión y paralización de las reformas del primer bienio. El objetivo fue tranquilizar a propietarios, Iglesia y Ejército (incluida la amnistía a los implicados en la Sanjurjada), a costa de reabrir tensiones sociales y territoriales.

Medidas económicas y laborales

En el ámbito agrario, la reforma de 1932 quedó prácticamente paralizada y se devolvieron tierras expropiadas, generando frustración entre los jornaleros. En materia laboral, se recortaron las competencias de los jurados mixtos y se debilitó la mediación estatal, fortaleciendo a la patronal. La UGT denunció la pérdida de derechos y la CNT intensificó su estrategia insurreccional.

Religión y territorios

En el terreno religioso se suavizó la aplicación del laicismo constitucional, se reabrieron centros religiosos y se rehabilitó la enseñanza confesional. En política territorial, aunque se mantuvo el Estatuto catalán, los proyectos vasco y gallego quedaron bloqueados, alimentando el malestar nacionalista.

Octubre de 1934

El discurso de orden de Gil‑Robles, con ecos autoritarios, despertó temor en la izquierda, reforzado por el ascenso de Mussolini y Hitler en Europa. La entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno de Lerroux, en octubre de 1934, fue interpretada como una involución antirrepublicana y desencadenó una amplia movilización obrera.

El PSOE, la UGT y otras fuerzas convocaron una huelga general; la CNT se sumó. En Asturias, la Alianza Obrera permitió una coordinación excepcional y la huelga derivó en una insurrección: los mineros tomaron cuarteles, ocuparon poblaciones y establecieron comités revolucionarios durante dos semanas, socializando minas y servicios. La respuesta del Estado fue una dura ofensiva dirigida por el general López Ochoa, con unidades africanas al mando de Francisco Franco. La represión fue feroz, con más de mil muertos y una profunda huella traumática.

En Cataluña, el presidente Lluís Companys proclamó el “Estado Catalán dentro de la República Federal Española”. El intento fue sofocado en horas y se suspendieron el Estatuto y la Generalitat. En el resto del país, la huelga tuvo impacto desigual, evidenciando la falta de coordinación y la división estratégica de la izquierda.

Represión y consecuencias

La represión posterior incluyó miles de detenciones, cierres de sedes obreras y juicios militares, con el arresto de dirigentes como Francisco Largo Caballero e incluso Manuel Azaña, pese a haber condenado la insurrección. Octubre de 1934 marcó un punto de no retorno: la convivencia parlamentaria quedó gravemente dañada y la polarización se intensificó.

A la crisis social se sumaron escándalos de corrupción, como el del estraperlo, que afectaron gravemente al Partido Radical y erosionaron al gobierno. La coalición se descompuso y, en 1935, Alcalá‑Zamora disolvió las Cortes. El fracaso del bienio radical‑cedista —por su mezcla de contrarreformas, represión y descrédito moral— preparó el terreno para las elecciones de febrero de 1936 y el ascenso del Frente Popular, último intento de recomponer el proyecto republicano antes del estallido de la Guerra Civil.

La etapa del Frente Popular

La convocatoria electoral de febrero de 1936 se produjo en un contexto de fuerte desgaste del gobierno conservador, debido a la represión de la Revolución de Octubre de 1934 y a diversos escándalos de corrupción, como el caso del estraperlo o el caso Nombela.

Formación y programa

La izquierda aprendió de la derrota electoral de 1933 y se presentó unida en la coalición del Frente Popular, integrada por republicanos de izquierda, socialistas y comunistas, con el apoyo externo de sectores anarquistas. Su programa era breve y táctico, centrado en la amnistía de los presos de octubre de 1934, la reanudación de la reforma agraria, el restablecimiento del autogobierno catalán, la aplicación de políticas sociales y la defensa de la legalidad constitucional.

Campaña y victoria

La campaña electoral fue muy intensa y altamente polarizada. Por primera vez se utilizaron técnicas modernas de propaganda como carteles, octavillas y emisiones de radio. La derecha se agrupó en torno a la CEDA, los monárquicos y una Falange en crecimiento, con un discurso centrado en el orden y la “salvación nacional”. La izquierda apeló a la reparación de agravios y a la recuperación del espíritu reformista de 1931. El Frente Popular obtuvo la mayoría de escaños, aunque el resultado en votos fue muy ajustado.

Gobierno y tensiones

La victoria del Frente Popular generó tanto grandes expectativas como profundos temores. Se decretó la amnistía de los presos de 1934, se restituyó la Generalitat de Cataluña y se reactivó la reforma agraria. Al mismo tiempo aumentaron las huelgas y los conflictos laborales, especialmente en las ciudades. La vida política se radicalizó aún más, con enfrentamientos entre militantes de izquierda y falangistas, atentados y represalias, lo que alimentó una espiral de violencia creciente.

En el País Vasco se aprovechó la coyuntura política para retomar la redacción del Estatuto de Autonomía, paralizado durante el bienio radical‑cedista. En mayo de 1936, Manuel Azaña pasó de la presidencia del gobierno a la Presidencia de la República, tras la destitución de Alcalá‑Zamora por las Cortes. La jefatura del gobierno recayó en Santiago Casares Quiroga. El nuevo ejecutivo intentó mantener la autoridad del Estado y continuar las reformas sin provocar una nueva insurrección conservadora, pero su margen de maniobra era muy reducido: la izquierda social presionaba para acelerar los cambios, la derecha cuestionaba la legitimidad del régimen y en el seno del ejército avanzaba una conspiración.

Conspiración y golpe de 1936

La conspiración militar se organizó en torno al llamado Plan de Mola, coordinado desde Pamplona. El general Sanjurjo, exiliado en Portugal tras el fracaso del golpe de 1932, fue designado líder simbólico, mientras que Franco, inicialmente dubitativo, acabó sumándose a la trama. El clima de violencia política, la existencia de organizaciones paramilitares como Falange y la debilidad del orden público favorecieron la idea de un pronunciamiento “salvador”.

La tensión alcanzó su punto máximo en julio de 1936. El asesinato del teniente José Castillo el 12 de julio y, como represalia, el secuestro y asesinato del diputado monárquico José Calvo Sotelo el día 13 actuaron como detonantes definitivos. Para la derecha, estos hechos demostraban el colapso del Estado de derecho; para los militares conspiradores, justificaron el inicio del golpe. El 17 de julio de 1936 se sublevó la guarnición militar de Marruecos y el 18 la insurrección se extendió a la península. El golpe no triunfó en todo el territorio: fracasó en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, pero tuvo éxito en amplias zonas rurales y en parte del norte y del sur. El resultado fue la división del país en dos zonas enfrentadas. Comenzaba la Guerra Civil española.

Fundamentos institucionales e ideológicos del régimen de Franco

La dictadura franquista se configuró desde el final de la Guerra Civil como un régimen autoritario, personalista y antidemocrático, en el que el general Francisco Franco concentró un poder prácticamente ilimitado. La victoria militar de 1939 fue su principal fuente de legitimidad y se presentó como resultado del “Alzamiento Nacional”, considerado una cruzada contra la anti‑España. En torno a este principio se construyó un sistema político diseñado para impedir el pluralismo y garantizar el control social.

El franquismo no se basó en una ideología única, sino en una síntesis de corrientes que habían apoyado el bando sublevado: falangistas, carlistas, monárquicos, militares y una parte importante de la Iglesia católica. De esta combinación surgió una ideología caracterizada por el nacionalismo español centralista, el nacionalcatolicismo y un fuerte anticomunismo y antiliberalismo.

Organización del poder y Leyes Fundamentales

El liberalismo fue rechazado por considerarse responsable de la decadencia nacional, mientras que el marxismo y la democracia parlamentaria fueron presentados como amenazas a la unidad de España. El régimen exaltó valores como la patria, la autoridad, la jerarquía, la disciplina y la obediencia al Caudillo, legitimando así la ausencia de libertades políticas.

Tras el Decreto de Unificación de 1937, Falange Española Tradicionalista y de las JONS se convirtió en el partido único, integrado en el Movimiento Nacional, instrumento de encuadramiento político y social. Con el tiempo, y tras la derrota de las potencias fascistas en la II Guerra Mundial, el peso falangista fue disminuyendo en favor del Ejército y del catolicismo.

El Estado franquista se definió como autoritario, centralista y corporativo. Se suprimieron todos los partidos y sindicatos, sustituidos por la Organización Sindical Española (OSE), de afiliación obligatoria y controlada por el Estado. La huelga estuvo prohibida y no existieron libertades políticas ni sindicales. Las Cortes Españolas, creadas en 1942, fueron un órgano meramente consultivo. Franco concentró todos los poderes: jefe del Estado, jefe del Gobierno, generalísimo de los ejércitos y líder del Movimiento Nacional.

La institucionalización del régimen se realizó mediante las Leyes Fundamentales del Reino, que pretendían dar una apariencia constitucional sin limitar el poder del Caudillo. Entre ellas destacaron: el Fuero del Trabajo (1938), la Ley de Responsabilidades Políticas (1939), el Fuero de los Españoles (1945), la Ley de Referéndum (1945), la Ley de Sucesión (1947), que declaraba a España reino y otorgaba a Franco el derecho a designar sucesor, la Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) y la Ley Orgánica del Estado (1967). El Ejército y los cuerpos represivos fueron pilares esenciales del régimen, convirtiendo a España en un auténtico Estado policial.

Nacionalcatolicismo y moral pública

El nacionalcatolicismo se consolidó como uno de los pilares ideológicos más estables del régimen, especialmente desde 1945. La Iglesia católica recuperó un papel central en la vida pública y proporcionó una importante legitimidad al franquismo. Controló la educación, influyó decisivamente en la legislación moral y social y reforzó un modelo de sociedad tradicional.

Se impuso una moral católica estricta, con un papel subordinado de la mujer, la derogación del divorcio, la penalización del aborto y una fuerte censura cultural. Se difundió la idea de España como “unidad de destino en lo universal”, donde lo político y lo religioso se identificaban plenamente.

El franquismo contó con el apoyo de los grupos sociales vencedores en la Guerra Civil: grandes propietarios agrarios, clases medias rurales, militares, clero y sectores de la burguesía. A partir de los años sesenta, el crecimiento económico amplió las clases medias urbanas, generalmente despolitizadas y favorables a la estabilidad.

La sociedad de posguerra (vencedores y vencidos) y la represión política de posguerra

La sociedad española surgida tras la Guerra Civil quedó profundamente marcada por el trauma del conflicto y por el modelo social impuesto por la dictadura franquista. La posguerra no supuso un proceso de reconciliación, sino la instauración de una sociedad dividida entre vencedores y vencidos, basada en la exclusión, la represión y el miedo. El régimen aplicó una política sistemática de depuración contra quienes habían apoyado o simpatizado con la República, manteniendo incluso la situación excepcional de “Estado de Guerra” hasta 1948.

Beneficios para los vencedores

Para los vencedores del conflicto —militares, falangistas, monárquicos, grandes propietarios agrarios y jerarquía eclesiástica— la victoria significó la consolidación o recuperación de privilegios. Muchos ocuparon cargos en la administración, el Ejército, las empresas públicas y las organizaciones del Movimiento Nacional. En el ámbito rural, los terratenientes recuperaron tierras e influencia tras la supresión de la reforma agraria republicana. Este grupo constituyó la base social del régimen y se benefició de oportunidades laborales, políticas y económicas, asegurando su fidelidad a la dictadura.

Represión contra los vencidos

Por el contrario, los vencidos sufrieron una represión dura y sistemática. Miles de personas fueron detenidas, sometidas a juicios sumarísimos, ejecutadas o encarceladas. La represión franquista se caracterizó por su amplitud y continuidad en el tiempo. Se abrieron centenares de miles de expedientes de depuración en sectores como la enseñanza, la administración, la justicia o la industria. Bastaba con haber mostrado simpatía por la República para ser sancionado con inhabilitación profesional, confiscación de bienes o prisión.

Las cárceles y campos de concentración se saturaron en los primeros años de posguerra, y muchos presos fueron utilizados como mano de obra forzosa en grandes obras públicas, como el Valle de los Caídos. Las familias de los represaliados padecieron estigmatización social y enormes dificultades para acceder a empleo, vivienda o ayudas. La discriminación se institucionalizó mediante informes de conducta elaborados por autoridades locales, párrocos o jefes falangistas, que condicionaban cualquier trámite administrativo.

Control social y violencia simbólica

La represión no afectó solo a los vencidos, sino al conjunto de la sociedad. La vigilancia policial, la censura en prensa y enseñanza, la prohibición de libros y autores, y el control de la vida asociativa generaron un clima de miedo generalizado. Las libertades políticas y civiles desaparecieron por completo en un contexto de fuerte militarización y control ideológico.

Las organizaciones juveniles del régimen y la Iglesia desempeñaron un papel fundamental en la socialización de valores autoritarios, como la obediencia, el patriotismo y la sumisión a la autoridad. La Sección Femenina de Falange impuso un modelo femenino basado en la maternidad, la obediencia y el ámbito doméstico. Las mujeres que habían participado activamente durante la República sufrieron una represión específica, que incluyó violencia física y sexual, humillaciones públicas como el rapado del cabello y, en algunos casos, la separación forzosa de sus hijos.

En este contexto de represión y escasez se desarrolló una auténtica cultura del silencio. El miedo inhibió la expresión de cualquier disidencia y condicionó la memoria familiar durante generaciones. La posguerra dejó una sociedad profundamente empobrecida, dividida y marcada por la violencia estructural del Estado, que utilizó el terror como instrumento de control y cohesión social. El exilio de numerosos intelectuales, científicos y artistas supuso además un grave empobrecimiento cultural cuyas consecuencias se prolongaron durante décadas.

La autarquía económica. Extensión del hambre y la penuria

Los primeros años del franquismo estuvieron marcados por la implantación de un modelo económico autárquico, cuyo objetivo era alcanzar la autosuficiencia nacional y reconstruir la economía sin depender del exterior. Esta política, inspirada en parte por los regímenes fascistas europeos y reforzada por el aislamiento internacional de la posguerra, resultó profundamente ineficaz dadas las devastadoras condiciones en las que se encontraba España tras la Guerra Civil.

Consecuencias económicas

La autarquía generó graves desequilibrios económicos, escasez de productos básicos y un crecimiento muy limitado. Aunque favoreció la creación de empresas públicas en sectores estratégicos y protegió a determinadas industrias mediante fuertes barreras arancelarias, lo hizo a costa de la competitividad y del bienestar general de la población.

Para alcanzar este desarrollo “independiente”, el régimen aplicó una intensa política intervencionista. El Estado controló la producción agrícola e industrial, fijó precios, estableció monopolios y reguló la distribución mediante el racionamiento. Un ejemplo destacado fue el Servicio Nacional del Trigo, encargado de regular la producción y distribución cerealística, aunque su gestión fue ineficaz y favoreció el desabastecimiento.

Industria pública y problemas agrarios

En el ámbito industrial, el intervencionismo tampoco logró resultados satisfactorios. En 1941 se creó el Instituto Nacional de Industria (INI), que impulsó empresas públicas en sectores estratégicos como la siderurgia, la energía o el transporte, con la creación de RENFE. Aunque algunas de estas iniciativas tendrían relevancia en décadas posteriores, en los años cuarenta y cincuenta su rendimiento fue limitado. Además, la apuesta industrial se realizó en detrimento del sector agrario, que permaneció atrasado y escasamente mecanizado.

Escasez y cartillas de racionamiento

La posguerra fue un periodo de extrema dureza para la población. Incluso los sectores vencedores padecieron hambre, enfermedades y graves carencias materiales. Entre 1940 y 1952 se implantó un sistema de cartillas de racionamiento para garantizar el acceso a productos básicos, aunque su mala gestión y la corrupción lo hicieron ineficaz.

El estraperlo, o mercado negro, se convirtió en un medio imprescindible de subsistencia para muchos hogares, incrementando las desigualdades sociales. Mientras una minoría vinculada al régimen accedía a bienes y privilegios, la mayoría de la población apenas cubría sus necesidades básicas.

La falta de inversión, la escasa modernización tecnológica, la carencia de materias primas y el grave problema de la vivienda agravaron la situación. La producción agrícola se mantuvo en niveles muy bajos debido al mal estado de los campos tras la guerra y a la ausencia de maquinaria. El resultado fue una prolongada crisis alimentaria, con dietas empobrecidas, reaparición de enfermedades carenciales y elevadas tasas de mortalidad, especialmente en el medio rural.

Aislamiento internacional y cambio de rumbo

El aislamiento internacional agravó aún más la crisis económica. Tras la Segunda Guerra Mundial, España fue marginada por las potencias vencedoras debido al carácter dictatorial del régimen y a su inicial afinidad con las potencias fascistas. Un ejemplo significativo fue el envío de la División Azul al frente ruso en apoyo de Alemania. España quedó excluida del Plan Marshall, perdiendo una oportunidad clave para la modernización económica. En 1946, la ONU recomendó la retirada de embajadores, intensificando el aislamiento diplomático y económico.

Durante la década de 1950 los límites del modelo se hicieron evidentes: inflación, endeudamiento, baja productividad y empobrecimiento generalizado. Ante esta situación comenzaron a ganar influencia tecnócratas vinculados al Opus Dei, que defendían la necesidad de estabilización y apertura económica. No obstante, el cambio de rumbo no se consolidó hasta 1959 con el Plan de Estabilización.

La oposición del exilio y la resistencia del interior

La oposición al franquismo entre 1939 y 1959 se desarrolló en dos ámbitos principales: el exilio exterior y la resistencia interior. Ambos actuaron en condiciones muy difíciles, con escasos recursos y sin una coordinación eficaz durante la mayor parte del periodo. La victoria franquista obligó a más de 400.000 personas a abandonar España, principalmente hacia Francia, México y distintos países de América Latina. Entre los exiliados se encontraban dirigentes políticos, intelectuales, militares republicanos y numerosas familias que huían de la represión.

Acciones y limitaciones del exilio

En el exilio, los distintos grupos políticos trataron de mantener la legitimidad de la Segunda República. Socialistas, comunistas —que fueron ganando peso progresivamente—, anarquistas y republicanos impulsaron diversas instituciones, entre ellas el Gobierno de la República en el exilio, con el objetivo de lograr reconocimiento internacional durante los años cuarenta. Hubo también intentos de acción directa, como la invasión guerrillera del valle de Arán en 1944, organizada por el Partido Comunista, que fracasó rápidamente. En general, la capacidad de influencia del exilio fue limitada: las potencias aliadas, centradas primero en la reconstrucción europea y después en la lucha contra el comunismo en el contexto de la Guerra Fría, no priorizaron la caída del franquismo y acabaron aceptando progresivamente el régimen de Franco. Pese a ello, el exilio desempeñó un papel fundamental en la conservación de una cultura democrática alternativa y en la denuncia internacional del carácter dictatorial del régimen.

Resistencia interior

La resistencia interior atravesó varias fases. En los primeros años de posguerra surgieron los grupos guerrilleros conocidos como maquis, formados por antiguos combatientes republicanos que no pudieron o no quisieron exiliarse. Actuaron en zonas montañosas del norte, Aragón, Cataluña y Andalucía, realizando sabotajes, emboscadas y propaganda clandestina. Aunque su actividad se prolongó hasta finales de los años cincuenta, nunca supuso una amenaza real para la estabilidad del régimen.

En las ciudades, la oposición se articuló a través de redes clandestinas organizadas por partidos como el PCE, el PSOE y grupos libertarios. El Partido Comunista adoptó una estrategia de resistencia interior basada en la infiltración en los sindicatos verticales, la creación de células clandestinas y la difusión de propaganda. La fuerte represión policial limitó su eficacia, pero permitió mantener una mínima contestación política.

Durante los años cincuenta, coincidiendo con una ligera mejora económica y un cierto descenso del terror inicial, surgieron nuevas protestas obreras en zonas industriales como Asturias, el País Vasco y Cataluña. Destacan huelgas como la de mayo de 1947 en la margen izquierda del Nervión, en la que participaron unos 30.000 trabajadores. Estas movilizaciones anticiparon formas de oposición más organizadas que se desarrollarían en décadas posteriores.

El ámbito universitario se convirtió también en un foco de contestación. A partir de 1956 comenzaron las primeras protestas estudiantiles, protagonizadas por nuevas generaciones críticas con el inmovilismo político y el control ideológico. Paralelamente existió una resistencia cultural protagonizada por escritores, artistas y científicos que trataron de mantener espacios de libertad intelectual frente a la censura.

En conjunto, la oposición al franquismo entre 1939 y 1959 no logró poner en peligro la continuidad del régimen. Sin embargo, mantuvo viva la memoria democrática, evidenció la falta de unanimidad social y sentó las bases de la movilización política y social que se desarrollaría a partir de los años sesenta.

La política internacional: del aislamiento a la integración

La política exterior del franquismo entre 1939 y 1959 atravesó tres etapas diferenciadas: la afinidad con las potencias fascistas durante la Segunda Guerra Mundial, el aislamiento internacional posterior y la progresiva integración en el bloque occidental en el contexto de la Guerra Fría.

Relaciones con el Eje y aislamiento

Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen franquista mostró una clara afinidad ideológica con Alemania e Italia. El encuentro entre Francisco Franco y Adolf Hitler en Hendaya, en octubre de 1940, tuvo como objetivo negociar la posible entrada de España en la guerra junto al Eje. Aunque España mantuvo formalmente la neutralidad, su apoyo fue evidente mediante el envío de la División Azul al frente ruso, el suministro de wolframio a Alemania y una intensa propaganda antiliberal y anticomunista.

Franco confiaba en beneficiarse de una victoria del Eje para reforzar su posición internacional y recuperar territorios como Gibraltar o Marruecos. Sin embargo, la derrota de las potencias fascistas en 1945 dejó al régimen en una situación de debilidad y descrédito internacional. En 1946 la ONU aprobó una resolución recomendando la retirada de embajadores y la exclusión de España de los principales organismos internacionales.

Guerra Fría y acercamiento a Estados Unidos

El inicio de la Guerra Fría modificó progresivamente esta situación: a partir de 1947, la lucha contra el comunismo pasó a ser prioritaria para las potencias occidentales, lo que permitió que el régimen franquista comenzara a ser visto como un posible aliado estratégico. Durante los años cincuenta se produjo un acercamiento entre España y Estados Unidos. En 1953 se firmaron los Pactos de Madrid, acuerdos de carácter claramente desigual, por los que Estados Unidos obtuvo bases militares en territorio español a cambio de ayuda económica y apoyo político al régimen. Ese mismo año se firmó también el Concordato con la Santa Sede, reforzando la legitimidad internacional del franquismo.

Fin del aislamiento y consecuencias

En 1955 España fue admitida en la ONU, lo que supuso el reconocimiento diplomático pleno del régimen y el fin del aislamiento. Aunque España siguió excluida de proyectos de integración europea como la Comunidad Económica Europea, su estatus internacional cambió de forma significativa, pasando de paria diplomático a aliado estratégico de Occidente.

Esta integración tuvo consecuencias internas importantes. La ayuda económica estadounidense facilitó una cierta mejora material y permitió emprender reformas que culminarían en el Plan de Estabilización de 1959. Además, el régimen suavizó su discurso, reduciendo el peso simbólico de Falange y reforzando una imagen más moderada y tecnócrata, acompañada de una amnistía parcial.

La evolución de la política internacional del franquismo estuvo condicionada por los grandes conflictos del siglo XX. La supervivencia y consolidación del régimen no pueden entenderse sin el contexto de la Guerra Fría, que otorgó a España una utilidad estratégica pese a su carácter dictatorial. El paso del aislamiento a la integración fue clave para la estabilidad del régimen y para el inicio de la transformación económica del país.