La Crisis del Antiguo Régimen y la Guerra de la Independencia (1808-1814)

A principios del siglo XIX, España, bajo el reinado de Carlos IV, se mantenía anclada en el Antiguo Régimen, con una sociedad estamental y una economía feudal y agrícola. Esta situación contrastaba con la Revolución Francesa de 1789, que se convirtió en un modelo para los liberales y en una amenaza para las monarquías absolutistas como la española. Carlos IV, quien delegó el gobierno en su valido Manuel Godoy, se enfrentó a múltiples problemas:

  • Económicos: Malas cosechas, hambruna, dificultades en el comercio colonial debido a los ataques ingleses y una crisis financiera provocada por los gastos bélicos, llevando a Godoy a iniciar la primera desamortización de la historia de España.
  • Sociales: Un profundo malestar social debido a la hambruna, la crisis económica y las guerras.
  • Políticos: La guerra contra la Francia revolucionaria (1793), la posterior alianza con Napoleón contra Inglaterra (1795) y la derrota en la Batalla de Trafalgar (1805), que cortó las comunicaciones con América.

Las Abdicaciones de Bayona y la Ocupación Napoleónica

En 1807, Godoy firmó el Tratado de Fontainebleau, permitiendo el paso de tropas francesas por España para invadir Portugal. Sin embargo, Napoleón aprovechó la crisis interna española. Tras el Motín de Aranjuez (1808), Carlos IV abdicó en su hijo Fernando VII, pero ambos fueron convocados por Napoleón a Bayona, donde renunciaron a la corona a favor del emperador francés. Este nombró a su hermano José I como rey de España e impuso el Estatuto de Bayona, un texto con elementos liberales pero otorgado, no aprobado por representantes nacionales.

El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levantó contra los franceses, dando inicio a la Guerra de la Independencia (1808-1813). La resistencia se organizó en Juntas Revolucionarias, que gobernaban en las zonas libres y coordinaban la lucha. Mientras, José I solo contó con el apoyo de los “afrancesados”, españoles que veían en la colaboración una vía para modernizar el país. La guerra destacó por la táctica de guerrillas y la participación internacional, como las tropas inglesas bajo el mando de Wellington.

En 1810, las Cortes de Cádiz, reunidas en una España libre de ocupación, elaboraron la Constitución de 1812, que estableció principios liberales como la soberanía nacional y la separación de poderes. Sin embargo, con el Tratado de Valençay (1813), Fernando VII fue restaurado en el trono y derogó toda la obra liberal, restaurando el absolutismo. Aun así, el liberalismo ya había echado raíces e influiría en los movimientos políticos del siglo XIX.

En conclusión, este período marcó la crisis definitiva del Antiguo Régimen en España y el inicio de una larga lucha entre absolutismo y liberalismo.

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

Contexto y Convocatoria de las Cortes

Tras la ocupación napoleónica de España en 1808 y la ausencia del rey Fernando VII, las Juntas Locales y Provinciales organizaron la resistencia contra los franceses. La Junta Suprema Central, convertida en Regencia en 1810, convocó Cortes Generales Extraordinarias en Cádiz con el objetivo de legitimar el gobierno en ausencia del monarca, conocer la voluntad de la nación e iniciar reformas liberales. Cádiz fue elegida por ser una ciudad bien defendida y libre de la ocupación francesa.

Composición y Tendencias Políticas

Las Cortes reunieron a 301 diputados, predominantemente clérigos, funcionarios, abogados e intelectuales, muchos de ellos de ideología liberal. Se dividieron en tres grupos:

  • Liberales: Defendían la soberanía nacional y la eliminación del Antiguo Régimen.
  • Moderados/Jovellanistas: Apoyaban una soberanía compartida entre el rey y las Cortes estamentales.
  • Absolutistas/Realistas: Querían mantener la soberanía exclusiva del rey y el sistema tradicional.

La Constitución de 1812 (“La Pepa”)

Aprobada el 19 de marzo de 1812, la Constitución estableció un nuevo modelo político liberal:

  1. Monarquía constitucional: El poder del rey quedaba limitado por la Constitución.
  2. Soberanía nacional: El poder residía en las Cortes, no en el monarca.
  3. División de poderes: Legislativo (Cortes unicamerales y rey), Ejecutivo (rey) y Judicial (tribunales independientes).
  4. Derechos y libertades: Sufragio universal masculino, libertad de imprenta, igualdad ante la ley, abolición de privilegios estamentales y creación de un sistema fiscal y militar justo.
  5. Milicia Nacional: Cuerpo armado ciudadano para defender las libertades.
  6. Estado confesional católico: Se mantenía la religión católica como oficial.

Dificultades y Reacción Absolutista

A pesar de su carácter revolucionario, la Constitución no pudo aplicarse plenamente debido a la guerra contra Napoleón y a la oposición del pueblo, aún aferrado a las tradiciones. Los absolutistas redactaron el Manifiesto de los Persas, pidiendo a Fernando VII que anulase la obra de Cádiz. En 1814, al regresar al trono, Fernando VII derogó la Constitución, disolvió las Cortes y restauró el absolutismo, persiguiendo a liberales y afrancesados.

Legado de la Constitución de 1812

Aunque efímera, la Constitución de 1812 se convirtió en un símbolo del liberalismo español y europeo, inspirando futuros movimientos. Durante el Trienio Liberal (1820-1823), los liberales consiguieron que Fernando VII la reinstaurara, demostrando la lucha continua entre absolutismo y liberalismo en el siglo XIX.

El Reinado de Fernando VII (1814-1833): Absolutismo y Liberalismo

Contexto e Introducción

El reinado de Fernando VII (1814-1833) marcó un período de conflicto entre el Antiguo Régimen y el liberalismo naciente en España. Tras la Guerra de la Independencia y el breve experimento liberal de las Cortes de Cádiz (1812), Fernando VII regresó a España en 1814 decidido a restaurar el absolutismo, aunque la presión liberal y las transformaciones sociales hicieron de este un régimen en crisis permanente. Su reinado se divide en tres etapas clave:

1. Sexenio Absolutista (1814-1820)

  • Restauración del absolutismo: En 1814, Fernando VII firmó el Decreto de Valencia, anulando la Constitución de 1812 y disolviendo las Cortes de Cádiz. Esto fue apoyado por el Manifiesto de los Persas, un documento firmado por diputados absolutistas que defendían el retorno al Antiguo Régimen.
  • Represión: Los liberales fueron perseguidos, encarcelados o exiliados, mientras que los pronunciamientos militares (como el de Porlier en La Coruña) fracasaron sucesivamente.
  • Contexto internacional: La Europa de la Restauración (tras la derrota de Napoleón) apoyaba el absolutismo, reforzando la posición de Fernando VII.

2. Trienio Liberal (1820-1823)

  • Pronunciamiento de Riego: En 1820, el general Rafael del Riego se levantó en Sevilla, obligando a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812. Se inició así un gobierno liberal que restableció las reformas de Cádiz.
  • Divisiones internas: Los liberales se dividieron en moderados (conservadores) y exaltados (progresistas), debilitando el régimen.
  • Intervención extranjera: La Santa Alianza (alianza de monarquías absolutistas) envió los Cien Mil Hijos de San Luis (ejército francés) para restaurar a Fernando VII en 1823. El rey, liberado, traicionó a los liberales y volvió al absolutismo.

3. Década Ominosa (1823-1833)

  • Represión brutal: Ejecuciones como las de Riego, Mariana Pineda y Torrijos, cierre de universidades y censura a la prensa.
  • Reformas limitadas: Aunque mantuvo el absolutismo, Fernando VII introdujo cambios como el Consejo de Ministros y presupuestos estatales, alejándose de los ultras carlistas.
  • Cuestión sucesoria: En 1830, la Pragmática Sanción permitió que su hija Isabel II heredase el trono, anulando la Ley Sálica. Esto provocó la rebelión de su hermano Carlos María Isidro y el inicio de las Guerras Carlistas (1833-1876), un conflicto entre liberales y absolutistas.

Conclusión del Reinado de Fernando VII

El reinado de Fernando VII representó la lucha entre un absolutismo en declive y un liberalismo en ascenso. Aunque logró restaurar temporalmente el Antiguo Régimen, sus contradicciones y la presión liberal abrieron paso a la transformación política del siglo XIX. Con su muerte en 1833, España inició una transición hacia el liberalismo, mientras los carlistas continuaron la lucha por una visión tradicionalista del país.

Las Corrientes del Liberalismo en la España del Siglo XIX

Durante el siglo XIX, el liberalismo en España no fue una corriente homogénea, sino que se fragmentó en tres grandes ramas con visiones diferentes sobre el poder político, los derechos ciudadanos y el papel del Estado. Estas fueron el liberalismo moderado, el liberalismo progresista y el liberalismo demócrata-republicano.

Liberalismo Moderado

El liberalismo moderado, representado por las élites tradicionales como la alta burguesía, la nobleza y sectores del clero, defendía una concepción conservadora del liberalismo. Su proyecto político apostaba por un gobierno centralizado y autoritario, donde la soberanía era compartida entre el rey y unas Cortes dominadas por las clases altas. Este modelo excluía a la mayoría de la población mediante un sufragio censitario muy restringido, y mantenía la confesionalidad del Estado, otorgando a la Iglesia un papel central en la vida pública. La Constitución de 1845 reflejaba estos principios y consolidaba un régimen conservador, reforzado institucionalmente por la creación de la Guardia Civil en 1844. Figuras como el general Narváez encarnaron este modelo, especialmente durante la Década Moderada (1843-1854), caracterizada por un gobierno autoritario.

Liberalismo Progresista

En contraste, el liberalismo progresista representaba los intereses de la pequeña y mediana burguesía, y abogaba por una modernización del Estado a través de reformas más ambiciosas. Aunque también defendía el sufragio censitario, este era más amplio, permitiendo una mayor participación política. Los progresistas otorgaban más poder a las Cortes frente al rey, y favorecían la descentralización administrativa, promoviendo ayuntamientos elegidos por sufragio. Además, impulsaban libertades individuales como la libertad de prensa y reunión, y recortaban la influencia de la Iglesia en los asuntos del Estado. En el ámbito militar, apoyaban la Milicia Nacional como garante de las libertades frente a los abusos del poder. Su ideario se reflejó en la Constitución de 1837 y en el proyecto constitucional de 1856. Durante el Bienio Progresista (1854-1856), líderes como Espartero llevaron a cabo importantes reformas, incluidas las desamortizaciones.

Liberalismo Demócrata y Republicano

Por último, el liberalismo demócrata y republicano fue la expresión más radical del pensamiento liberal del siglo XIX en España, surgido como una escisión del progresismo. Esta corriente, apoyada por las clases populares, defendía la soberanía popular frente a la soberanía compartida o regia, y exigía el sufragio universal masculino, lo que suponía una ruptura con los modelos anteriores. A diferencia de los moderados y progresistas, los demócratas y republicanos propugnaban un Estado laico, con plena separación entre Iglesia y Estado, así como la libertad religiosa. En lo político, muchos rechazaban la monarquía, abogando por una república como forma de gobierno, tal como se intentó implantar durante la Primera República en 1873. Su protagonismo fue crucial en la Revolución Gloriosa de 1868, que derrocó a Isabel II e inauguró el Sexenio Democrático (1868-1874), un período caracterizado por intensos ensayos democráticos y republicanos.

Conclusión sobre las Corrientes Liberales

En resumen, los tres tipos de liberalismo en la España del siglo XIX diferían en su visión del poder, la participación ciudadana y la relación entre el Estado y la Iglesia. Mientras los moderados defendían un orden jerárquico y autoritario, los progresistas apostaban por reformas dentro de una monarquía parlamentaria, y los demócratas-republicanos buscaban una transformación profunda del sistema hacia una democracia más inclusiva y secular.

El Movimiento Obrero en España (Siglo XIX)

1. Contextualización histórica

El movimiento obrero en España se desarrolla en el contexto de las transformaciones provocadas por la Revolución Industrial y el triunfo del liberalismo en el siglo XIX. La sociedad tradicional de privilegios dio paso a una sociedad de clases, en la que la burguesía controlaba el poder económico y político, mientras el proletariado sufría explotación y carecía de derechos básicos. Esta situación motivó la organización de los trabajadores para reivindicar mejoras laborales y sociales.

La aparición del movimiento obrero en España fue más tardía que en otros países europeos debido al atraso industrial. Las primeras expresiones, como el ludismo o las sociedades de socorro mutuo, tuvieron lugar en la primera mitad del siglo, especialmente en zonas industriales como Cataluña. Estas protestas combinaban elementos asistenciales y reivindicativos, y sufrieron continuas prohibiciones por parte del Estado.

2. Desarrollo y Tendencias Ideológicas

El Sexenio Democrático (1868–1874) representó un momento clave para el movimiento obrero. La Constitución de 1869 reconoció derechos fundamentales como la libertad de asociación, lo que permitió un desarrollo legal de las organizaciones obreras. En este contexto llega la influencia de la AIT (Asociación Internacional de Trabajadores) y de las ideologías obreras europeas: el anarquismo y el socialismo marxista.

El anarquismo, introducido por Fanelli, propone la abolición del Estado y la propiedad privada, apostando por una sociedad igualitaria basada en comunas autónomas. Dentro de esta ideología destacaron dos corrientes: la de acción directa, asociada a la violencia revolucionaria, y la anarcosindicalista, centrada en la huelga general como herramienta de lucha, que más adelante daría lugar a la CNT y a éxitos como la jornada de 8 horas.

El socialismo marxista, basado en las ideas de Marx y Engels, buscaba la emancipación de la clase obrera mediante la conquista del poder político a través de partidos y sindicatos. Pablo Iglesias fue figura clave, fundando el PSOE en 1879 y la UGT en 1888. Esta vía combinó la acción sindical con la participación política, alcanzando representación parlamentaria a comienzos del siglo XX.

Durante la Restauración (1874–1931), el movimiento obrero sufrió una nueva etapa de represión, especialmente durante los reinados de Alfonso XII y XIII, marcada por la persecución de los anarquistas y la ilegalización de las asociaciones. No obstante, con el tiempo, los derechos fueron parcialmente recuperados (1881: derecho de reunión; 1887: legalización de los sindicatos).

3. Valoración y Legado

El movimiento obrero fue uno de los grandes protagonistas del cambio social en el siglo XIX. A pesar de la constante represión y de la lentitud de la industrialización española, los trabajadores consiguieron organizarse y desarrollar ideologías propias, influenciadas por corrientes europeas pero adaptadas a la realidad del país.

El Sexenio significó una oportunidad para la organización obrera, aunque las expectativas no se cumplieron plenamente. Durante la Restauración, la consolidación de organizaciones como la UGT o la CNT muestra la progresiva maduración del movimiento, a pesar de las duras condiciones. Las ideologías anarquista y socialista dejaron una huella profunda en el sindicalismo y en la política española del siglo XX.

Conclusión sobre el Movimiento Obrero

En resumen, el movimiento obrero español nació de la injusticia social generada por la industrialización y evolucionó desde formas espontáneas de protesta hacia organizaciones estructuradas con ideología propia. Su historia en el siglo XIX combina avances, represiones y luchas por derechos que marcaron el devenir político y social de la España contemporánea.

Anarquismo y Socialismo Marxista en España: Ideologías del Movimiento Obrero

El anarquismo y el socialismo marxista fueron las dos principales ideologías que influyeron en el movimiento obrero español del siglo XIX, especialmente a partir del Sexenio Democrático. Aunque ambos movimientos compartían un objetivo común —la emancipación de la clase trabajadora y la lucha contra el capitalismo—, diferían tanto en sus principios ideológicos como en los métodos de acción y en la organización.

El Anarquismo en España

El anarquismo, introducido en España por Giuseppe Fanelli, discípulo de Bakunin, defendía la libertad absoluta del individuo, la supresión del Estado y de toda autoridad, y la eliminación de la propiedad privada. Pretendía construir una sociedad sin jerarquías, basada en comunas autónomas y en la cooperación voluntaria. Rechazaba cualquier forma de participación política institucional y veía la revolución como un acto inmediato y directo.

Dentro del anarquismo destacaron dos tendencias: la acción directa, que recurría a la violencia contra las estructuras del poder y a los atentados como forma de lucha (ej. Mano Negra, asesinato de Cánovas), y el anarcosindicalismo, que apostaba por la organización en sindicatos revolucionarios y por la huelga general como herramienta principal. Esta última corriente tuvo mayor relevancia a comienzos del siglo XX con la creación de la CNT.

El Socialismo Marxista en España

Por su parte, el socialismo marxista, inspirado en los escritos de Karl Marx y Friedrich Engels, defendía la lucha de clases como motor de la historia y proponía la conquista del poder político por parte del proletariado como paso necesario para eliminar el sistema capitalista. Su estrategia combinaba la acción política (a través de partidos) y sindical. En España, la figura clave fue Pablo Iglesias, fundador del PSOE (1879) y de la UGT (1888). A diferencia del anarquismo, el socialismo apostaba por la participación en el sistema parlamentario como vía de transformación social.

Diferencias y Áreas de Influencia

En resumen, mientras el anarquismo rechazaba el Estado y la política institucional, apostando por la acción revolucionaria inmediata, el socialismo veía el Estado como un instrumento que podía ser conquistado y utilizado para la construcción de una sociedad sin clases. El anarquismo tuvo mayor peso en el mundo rural y obrero de Cataluña, Aragón y Andalucía, mientras el socialismo se consolidó en zonas industriales como Madrid, Vizcaya o Asturias.

Ambas corrientes fueron fundamentales en la historia del movimiento obrero español, dejando una huella duradera tanto en las formas de lucha como en las organizaciones que sobrevivieron a lo largo del siglo XX.

Las Desamortizaciones de Mendizábal y Madoz: Transformación Agraria en el Siglo XIX

Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz fueron dos momentos clave de la Reforma Agraria Liberal en el siglo XIX en España. Ambas tenían como objetivo común modernizar el sistema agrario, aumentar los ingresos del Estado y fortalecer el liberalismo, pero diferían en contexto, alcance y consecuencias.

La Desamortización de Mendizábal (1836)

La desamortización de Mendizábal, llevada a cabo en 1836 durante la regencia de María Cristina en el contexto de la Primera Guerra Carlista, tenía como objetivos inmediatos financiar el conflicto, reducir el poder de la Iglesia y ganar apoyos para la causa liberal. Se centró en la expropiación de bienes del clero regular (órdenes religiosas), que luego fueron subastados en subasta pública. A pesar de que también buscaba crear una nueva clase de pequeños propietarios, los principales beneficiados fueron la burguesía urbana y la nobleza, que ampliaron sus propiedades. El campesinado, en cambio, quedó marginado del proceso, lo que derivó en mayor proletarización y descontento, especialmente en las zonas rurales.

La Desamortización de Madoz (1855)

Por su parte, la desamortización de Madoz, aprobada en el Bienio Progresista en 1855, tuvo un carácter más amplio y fue más masiva. Se llamó “general” porque afectó no solo al clero (regular y secular), sino también a los bienes municipales, como montes y tierras comunales. Los objetivos principales eran financiar la construcción del ferrocarril, eliminar los restos del régimen señorial y saldar la deuda pública. Esta medida supuso la ruina de muchos ayuntamientos, que perdieron sus recursos y autonomía, y perjudicó especialmente a las clases populares, que utilizaban esos bienes comunales para sobrevivir.

Resultados y Consecuencias de las Desamortizaciones

En cuanto a los resultados, ambas desamortizaciones favorecieron la concentración de la propiedad en manos de élites, sin conseguir una auténtica redistribución agraria. También tuvieron efectos culturales negativos, como la pérdida de patrimonio artístico y eclesiástico. Aunque contribuyeron a financiar el Estado y algunos proyectos como el ferrocarril, no lograron modernizar el campo ni resolver la desigualdad en la propiedad de la tierra, que persistiría hasta bien entrado el siglo XX.