Alfonso XIII y los intentos de regeneración del sistema político (1902-1917)

Los grandes problemas del país

El inicio del reinado de Alfonso XIII estuvo marcado por una serie de problemas estructurales que dificultaron la estabilidad y el progreso:

  • Descomposición de los partidos dinásticos: La desaparición de Cánovas y Sagasta provocó luchas internas por el liderazgo en los partidos Conservador y Liberal, dividiéndolos en facciones y debilitando el turnismo.
  • Aumento de la conflictividad social: El movimiento obrero ganó fuerza, con un crecimiento significativo de la afiliación a los sindicatos (UGT y CNT), que demandaban mejores condiciones laborales y cambios sociales.
  • La cuestión religiosa: El avance de la influencia de la Iglesia generó un debate sobre la necesidad de limitar el poder de las congregaciones religiosas. El anticlericalismo se extendió, especialmente en las ciudades, apoyado por socialistas, republicanos y un sector del Partido Liberal.
  • La cuestión militar: El ejército arrastraba problemas estructurales (exceso de oficiales, falta de recursos) y un profundo malestar tras culpar a los políticos del Desastre del 98. Demandaban reformas y mayor reconocimiento.
  • El problema regional/nacionalista: Surgieron y se consolidaron corrientes nacionalistas en varias regiones, principalmente en Cataluña (con la Lliga Regionalista) y el País Vasco, cuestionando el modelo de Estado centralista.
  • El problema de Marruecos: Tras la Conferencia de Algeciras (1906) y el posterior acuerdo con Francia (1912), España estableció un protectorado en la zona norte de Marruecos (el Rif). Esta empresa colonial buscaba restaurar el prestigio militar perdido en 1898, pero las dificultades y derrotas militares (como la posterior de Annual) tuvieron graves repercusiones en la política interior.

Evolución política entre 1902 y 1914: La “revolución desde arriba”

Hasta 1912, hubo intentos de aplicar reformas regeneracionistas desde el poder para modernizar el país y superar la crisis. Sin embargo, estos intentos fracasaron debido a las disputas internas en los partidos dinásticos y la corta duración de los gobiernos.

Los comienzos del siglo XX: Turnismo inestable y la crisis de 1905-1906

Alfonso XIII accedió al trono en 1902. Entre 1902 y 1905 gobernaron los conservadores, y entre 1905 y 1906, los liberales. No obstante, la inestabilidad fue la norma, con cinco gobiernos conservadores y cinco liberales en este corto periodo, reflejo de las profundas divisiones internas. Esta falta de continuidad impidió llevar a cabo las reformas regeneracionistas necesarias.

El catalanismo adquirió fuerza política significativa. En 1901 se creó la Lliga Regionalista, un partido conservador apoyado por la burguesía catalana que en 1905 obtuvo una importante victoria en las elecciones municipales de Barcelona.

Esta etapa se caracterizó también por la tensión entre el ejército y la prensa (especialmente la catalanista, tras un incidente con la revista ¡Cu-Cut!). Los militares exigieron y consiguieron la aprobación de la Ley de Jurisdicciones (1906), que establecía que los delitos contra el ejército o la patria serían juzgados por tribunales militares, lo que fue visto como una concesión al poder militar y un ataque a las libertades civiles.

El regeneracionismo de Maura (1907-1909)

En 1907, el conservador Antonio Maura fue nombrado jefe del gobierno. Su proyecto, conocido como la “revolución desde arriba”, buscaba una reforma profunda de la vida política para evitar una revolución popular. Sus principales ejes fueron:

  • Medidas económicas y sociales: Impulsó la inversión pública, aprobó una ley de protección de la industria nacional y estableció el Instituto Nacional de Previsión (embrión de la seguridad social).
  • Reforma política: Intentó acabar con el caciquismo con una nueva Ley Electoral (1907), aunque su éxito fue muy limitado.
  • Administración local: Promovió una Ley de la Administración Local que buscaba dotar de mayor autonomía a los municipios y reconocer ciertas entidades regionales. Sin embargo, la ley no llegó a aprobarse durante su mandato debido a la fuerte oposición.

La Semana Trágica de Barcelona (1909)

En Barcelona confluían un fuerte nacionalismo catalán y un potente movimiento obrero (anarquista y socialista). Entre las fuerzas republicanas destacaba el Partido Republicano Radical de Lerroux, de carácter anticlerical y anticatalanista.

La decisión del gobierno de Maura de movilizar a los reservistas (muchos de ellos casados y con hijos) para ser enviados a la guerra de Marruecos, especialmente tras las noticias de derrotas en el Rif (Barranco del Lobo), provocó una enorme indignación popular en Barcelona y otras ciudades.

El 26 de julio de 1909 se inició una huelga general en Barcelona, convocada por Solidaridad Obrera y UGT, que derivó rápidamente en una violenta insurrección popular espontánea y antimilitarista, con un fuerte componente anticlerical. El gobierno declaró el estado de guerra y la huelga se extendió. Entre el 26 de julio y el 1 de agosto, se produjeron asaltos, quemas de conventos e iglesias, levantamiento de barricadas y enfrentamientos con el ejército. Barcelona quedó aislada. La represión fue muy dura, con numerosos muertos, heridos y detenidos.

Las consecuencias fueron graves: la ejecución del pedagogo anarquista Francisco Ferrer Guardia (acusado de ser el instigador, aunque sin pruebas concluyentes) generó protestas internacionales y la caída de Maura. Solidaridad Obrera desapareció, pero de sus cenizas surgió la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) entre 1910 y 1911, que se convertiría en el gran sindicato anarcosindicalista español.

El gobierno de Canalejas: Último intento regeneracionista (1910-1912)

Tras la caída de Maura, gobernó el liberal José Canalejas, quien representó el último intento serio de regeneracionismo dentro del sistema de la Restauración. Sus principales medidas fueron:

  • Reformas sociales: Suprimió el impuesto de consumos (muy impopular), estableció el servicio militar obligatorio sin posibilidad de redención en metálico (aunque con la figura del “soldado de cuota” que lo matizaba), reguló el trabajo nocturno femenino y mejoró las condiciones laborales.
  • Cuestión religiosa: Aprobó la llamada “Ley del Candado” (1910), que prohibía durante dos años la instalación de nuevas congregaciones religiosas en España, buscando frenar su crecimiento.
  • Política exterior y territorial: Se firmó con Francia el Tratado que delimitaba definitivamente la zona del Protectorado franco-español en Marruecos (1912). Se aprobó la Ley de Mancomunidades (1912), que permitía la unión de varias diputaciones provinciales para gestionar servicios comunes (aplicada solo en Cataluña en 1914).

El asesinato de Canalejas por un anarquista en noviembre de 1912 truncó este proyecto reformista y marcó el fin de los intentos serios de renovación desde dentro del sistema. El Partido Liberal se dividió en facciones personalistas (Romanones, García Prieto), al igual que el Conservador (Dato, Maura), volviendo a un turnismo inestable y sin proyecto claro.

La evolución de los movimientos sociales y obreros: Expansión del sindicalismo

La lenta industrialización y los cambios económicos provocaron transformaciones sociales, pero mantuvieron grandes desigualdades. Las condiciones de trabajo en fábricas y en el campo seguían siendo pésimas para la mayoría de la población obrera y campesina.

Ante esta situación, los trabajadores recurrieron al sindicalismo como herramienta para defender sus intereses y mejorar sus condiciones de vida. Las dos grandes corrientes del movimiento obrero español se consolidaron:

  • Socialismo: Representado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su sindicato, la Unión General de Trabajadores (UGT). Tenía mayor implantación en Madrid, Asturias y País Vasco. Defendía la acción política (participación electoral) y la negociación colectiva, sin renunciar a la huelga como instrumento de presión.
  • Anarquismo: Con gran fuerza en Cataluña y Andalucía. Tras la Semana Trágica, los anarcosindicalistas fundaron la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en 1910-1911. La CNT se declaraba apolítica, rechazaba el Estado y la participación electoral, y defendía la acción directa (huelgas, boicots, sabotajes) y la huelga general revolucionaria como medio para transformar la sociedad. Aunque preferían la negociación directa con los patronos, no dudaban en recurrir a la huelga.

La crisis de 1917 y el sistema político de la Restauración

Impacto de la Primera Guerra Mundial

Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, España se declaró neutral. La opinión pública, sin embargo, se dividió apasionadamente entre aliadófilos (partidarios de Francia y Reino Unido, generalmente sectores liberales y republicanos) y germanófilos (partidarios de Alemania y Austria-Hungría, asociados a sectores conservadores y el ejército).

La neutralidad provocó un espectacular boom económico a corto plazo, ya que España se convirtió en suministradora de materias primas y productos industriales a los países beligerantes. Sin embargo, este aumento de las exportaciones causó un fuerte desabastecimiento del mercado interior y una inflación galopante. Los precios subieron enormemente, pero los salarios se mantuvieron estancados o subieron muy por debajo, provocando una grave pérdida de poder adquisitivo para las clases trabajadoras y un aumento de la tensión social.

La crisis de 1917

La crisis del verano de 1917 fue la confluencia de tres graves problemas que amenazaron la supervivencia misma del régimen de la Restauración:

Las Juntas de Defensa

Eran organizaciones corporativas ilegales constituidas por oficiales de infantería y otras armas (excepto artillería) de baja y media graduación. Protestaban por:

  • Los bajos salarios, erosionados por la inflación.
  • El sistema de ascensos por méritos de guerra, que favorecía a los militares destinados en Marruecos (los “africanistas”) en detrimento de los peninsulares. Reclamaban la escala cerrada (ascenso exclusivo por antigüedad).
  • La percepción de arbitrariedad y favoritismo en el Ministerio de la Guerra.

Las Juntas de Defensa representaban un desafío directo al poder civil y al principio de subordinación militar, actuando como un grupo de presión.

La Asamblea de Parlamentarios

Ante la crisis económica y social, y la incapacidad del gobierno conservador de Eduardo Dato para afrontarla, la oposición política intentó forzar un cambio de régimen. Desde principios de 1917, las Cortes permanecían cerradas por temor a que se plantearan los graves problemas del país.

Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista, intentó que se reabrieran, pero ante la negativa del gobierno, convocó una Asamblea de Parlamentarios en Barcelona el 19 de julio, al margen de las Cortes oficiales. Acudieron diputados y senadores catalanistas, republicanos y socialistas (aunque pocos en número total). Acordaron exigir la formación de un gobierno provisional y la convocatoria de Cortes Constituyentes para reformar la Constitución en un sentido descentralizador y democratizador. Sin embargo, la Asamblea no contó con el apoyo de los partidos dinásticos (conservadores y liberales mayoritarios) ni de las Juntas de Defensa. La Guardia Civil disolvió la reunión sin incidentes graves, y la convocatoria de la huelga general de agosto aparcó temporalmente sus propuestas.

La Huelga General

La creciente tensión social, agravada por la carestía de la vida, llevó a las principales organizaciones obreras, la UGT (socialista) y la CNT (anarcosindicalista), a acercar posturas. En 1916 firmaron un pacto de unidad de acción y convocaron una huelga general de 24 horas. En marzo de 1917, ante un conflicto ferroviario en Valencia y la represión gubernamental, UGT y CNT acordaron organizar una huelga general indefinida con un objetivo inicialmente económico y social, pero que adquirió tintes políticos revolucionarios, buscando derrocar el régimen.

La huelga estalló finalmente en agosto de 1917. Tuvo un seguimiento importante en los centros industriales (Cataluña, País Vasco, Asturias, Madrid), pero fue desigual en el resto del país y no contó con el apoyo del campesinado. El gobierno de Dato reaccionó con extrema dureza: declaró el estado de guerra y utilizó al ejército para reprimirla. Hubo decenas de muertos y miles de detenidos (entre ellos, los miembros del comité de huelga, como Largo Caballero o Besteiro).

La huelga fracasó por varias razones: la dura represión, la falta de coordinación, la división interna del movimiento obrero y el temor de la burguesía y las clases medias a una revolución social similar a la rusa (ocurrida meses antes). Aunque fracasó en sus objetivos revolucionarios, la huelga demostró la fuerza del movimiento obrero y la profundidad de la crisis del sistema.

La triple crisis (militar, parlamentaria y obrera) de 1917 no consiguió derribar el régimen, pero lo dejó herido de muerte. El rey Alfonso XIII intervino para buscar una solución, forzando la dimisión de Dato y propiciando la formación de gobiernos de concentración nacional (con participación de conservadores, liberales e incluso catalanistas), que sin embargo resultaron inestables y efímeros.

El hundimiento del régimen de la Restauración: Hacia la dictadura (1918-1923)

El periodo entre 1918 y 1923 se caracterizó por una crisis permanente y la descomposición final del sistema de la Restauración.

La inestabilidad política

Tras el fracaso de los gobiernos de concentración (hubo varios, presididos por García Prieto o Maura), se volvió al turno, pero con partidos dinásticos completamente fragmentados en facciones personalistas y enfrentadas. Los gobiernos eran extremadamente débiles e inestables (hubo más de diez gobiernos en cinco años). La capacidad del sistema para generar consensos y abordar los problemas del país era nula.

La participación de Cambó (Lliga Regionalista) como ministro en algunos de estos gobiernos, abandonando temporalmente sus posturas nacionalistas más exigentes en favor de la estabilidad, provocó la radicalización de sectores del catalanismo y la aparición de nuevos partidos más independentistas y republicanos.

La división de los partidos tradicionales, junto con el ascenso de las fuerzas antidinásticas (socialistas, republicanos, nacionalistas) y la aparición en 1921 del Partido Comunista de España (PCE), alarmaba a los sectores más conservadores de la sociedad y, sobre todo, al ejército.

La conflictividad social

La crisis social se agudizó enormemente en estos años, especialmente en Barcelona, periodo conocido como el pistolerismo. Factores como la recesión económica de posguerra, el impacto de la Revolución Rusa (que animó las expectativas revolucionarias obreras) y la intransigencia patronal contribuyeron a ello.

La huelga de La Canadiense (empresa eléctrica de Barcelona) en 1919 fue un hito: paralizó el 70% de la industria catalana durante semanas y consiguió importantes mejoras laborales (como la jornada de 8 horas), pero también desató una reacción patronal muy dura.

Se vivió una auténtica guerra social entre patronos y obreros:

  • Los patronos recurrieron al lock-out (cierre de empresas), crearon grupos armados (somatenes) para defenderse y contrataron pistoleros para asesinar a líderes sindicales de la CNT.
  • La CNT respondió también con la violencia y atentados contra patronos, encargados y miembros de los Sindicatos Libres (organizaciones obreras amarillistas apoyadas por la patronal).

Esta espiral de violencia creó un clima de inseguridad y miedo insostenible.

El contexto internacional

La situación internacional de posguerra favoreció el auge de soluciones autoritarias frente a la crisis de las democracias liberales. En 1922, la Marcha sobre Roma instauró el fascismo de Mussolini en Italia. En Alemania, Hitler intentó un golpe de Estado en Múnich en 1923 (Putsch de la Cervecería). En muchos países de Europa central y oriental, las democracias parlamentarias cedían ante regímenes dictatoriales.

El Desastre de Annual (1921)

Fue el golpe definitivo para el régimen parlamentario. El general Fernández Silvestre, Comandante General de Melilla, emprendió una acción mal planificada y temeraria para adentrarse en el corazón del Rif. Las tribus rifeñas, lideradas por Abd el-Krim, lanzaron un ataque sorpresa contra las posiciones españolas en Annual en julio de 1921.

El resultado fue una caótica y desastrosa retirada del ejército español, que sufrió miles de muertos y la pérdida de gran parte del territorio ocupado. El Desastre de Annual conmocionó al país y tuvo enormes consecuencias políticas:

  • Provocó una oleada de indignación en la opinión pública, que se oponía mayoritariamente a la sangría humana y económica de la guerra de Marruecos y exigía responsabilidades políticas y militares.
  • El ejército, humillado, culpó a los políticos de la falta de medios y exigió mano dura y un cambio político radical.

Se formó un gobierno de concentración presidido por Maura para gestionar la crisis. Se abrió una investigación parlamentaria para depurar responsabilidades, encargada al general Picasso (Expediente Picasso). Las conclusiones de este expediente apuntaban a graves negligencias e incluso a la posible implicación de altos mandos militares y del propio rey Alfonso XIII.

La discusión parlamentaria del Expediente Picasso en 1923, en un clima de extrema tensión política y social, fue el detonante inmediato del golpe de Estado.

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

La llegada de la dictadura

La conspiración militar se fue fraguando durante 1923. En junio, un grupo de generales (los llamados “cuadriláteros”) acordaron dar un golpe de Estado para poner fin al caos político y social. En la noche del 12 al 13 de septiembre de 1923, el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, declaró el estado de guerra en Barcelona y lanzó un manifiesto titulado “Al país y al ejército españoles”. En él, justificaba el golpe por la necesidad de acabar con la vieja política corrupta, el desgobierno, el terrorismo, la agitación separatista y el problema de Marruecos. Prometía una dictadura temporal para regenerar el país y después devolver el poder a los civiles.

El golpe fue prácticamente incruento y contó con escasa oposición inicial. El gobierno liberal de García Prieto fue incapaz de reaccionar. El rey Alfonso XIII, en lugar de oponerse, aceptó el golpe y nombró a Primo de Rivera presidente de un gobierno exclusivamente militar: el Directorio Militar.

La reacción social fue diversa:

  • La “gran masa neutra” (clases medias, sectores conservadores) lo aceptó con alivio, esperando el restablecimiento del orden.
  • La alta burguesía industrial y financiera apoyó la dictadura.
  • Los partidos dinásticos lo recibieron con recelo, pero sin oponerse activamente al principio.
  • El movimiento obrero se dividió: los anarcosindicalistas (CNT) y comunistas (PCE) la consideraron una reacción burguesa y fueron reprimidos. El PSOE y la UGT adoptaron una postura de cierta expectativa y colaboración inicial, esperando obtener mejoras sociales.

La Dictadura se divide en dos etapas:

El Directorio Militar (1923-1925)

Un Real Decreto estableció la organización del Directorio Militar, presidido por Primo de Rivera, que acumulaba todos los poderes ejecutivos y legislativos. Era un gobierno de generales de brigada y un contralmirante, con Primo como ministro único.

Las primeras medidas fueron drásticas:

  • Declaración del estado de guerra en todo el país (hasta 1925).
  • Suspensión de la Constitución de 1876 y de las garantías constitucionales.
  • Disolución de las Cortes.
  • Destitución de gobernadores civiles y nombramiento de militares en su lugar.
  • Desmantelamiento de ayuntamientos y diputaciones, sustituidos por juntas de vocales afines.

El orden público fue una obsesión. Se reprimió duramente el anarcosindicalismo y el comunismo. Se extendió a toda España el Somatén Nacional, una milicia ciudadana armada de origen catalán, como instrumento de control social.

Se intentó acabar con el caciquismo mediante la figura de los delegados gubernativos (militares) que supervisaban la administración local. El Estatuto Municipal de 1924 intentó reformar la administración local, pero manteniendo un fuerte control centralizado.

Para crear una base social de apoyo al régimen, se fundó la Unión Patriótica (UP), un partido único gubernamental, católico, monárquico y nacionalista español, sin una ideología definida más allá del apoyo al dictador.

El gran éxito inicial de la Dictadura fue la resolución de la guerra de Marruecos. Primo de Rivera, tras algunas dudas iniciales, decidió implicarse personalmente y, en colaboración con Francia, organizó el Desembarco de Alhucemas (1925), una compleja operación militar que supuso el principio del fin de la resistencia rifeña. Abd el-Krim se rindió en 1926.

En cuanto al catalanismo, la Dictadura aplicó una política de dura represión: se prohibió el uso oficial del catalán, se clausuraron instituciones culturales catalanas y se suprimió la Mancomunidad de Cataluña (1925). Esto provocó que gran parte del catalanismo conservador (Lliga) se distanciara del régimen y que el catalanismo de izquierdas y republicano ganara fuerza.

El Directorio Civil (1925-1930)

Una vez resuelto el problema marroquí y consolidado el orden público, Primo de Rivera sustituyó el Directorio Militar por un Directorio Civil en diciembre de 1925. Incluyó a técnicos civiles, muchos de ellos procedentes del maurismo o de la derecha católica, como José Calvo Sotelo (Hacienda) o Eduardo Aunós (Trabajo).

Se intentó institucionalizar el régimen para darle una apariencia de legitimidad y permanencia. Se creó una Asamblea Nacional Consultiva (1927), formada por miembros designados por el gobierno y representantes de corporaciones, cuya función era meramente consultiva. Se le encargó elaborar un anteproyecto de Constitución, pero el texto resultante no satisfizo a nadie (ni al rey ni al dictador) y nunca se aprobó, evidenciando la incapacidad del régimen para encontrar una alternativa viable al parlamentarismo liberal.

La Dictadura coincidió con una coyuntura económica internacional favorable (los “felices años veinte”). El régimen impulsó una política económica basada en el intervencionismo estatal y el nacionalismo económico:

  • Fomento de la industrialización con ayudas estatales y creación de monopolios (Telefónica, CAMPSA).
  • Importante política de obras públicas (carreteras, pantanos, electrificación).
  • Mejoras en la agricultura (confederaciones hidrográficas).

Se desarrolló una política social paternalista, inspirada en parte en el fascismo italiano. Se creó el Consejo Nacional del Trabajo (1924) y, sobre todo, la Organización Corporativa Nacional (OCN) en 1926. La OCN establecía comités paritarios (formados por igual número de patronos y obreros bajo arbitraje del Estado) para regular las condiciones laborales y resolver conflictos, buscando eliminar la lucha de clases. Esta política contó con la colaboración inicial de la UGT y el sector moderado del PSOE (liderado por Largo Caballero), lo que les permitió actuar legalmente y ganar influencia, aunque generó tensiones internas en el socialismo. La CNT, en cambio, fue perseguida y permaneció en la clandestinidad.

Oposición y caída de la Dictadura: La “Dictablanda”

A partir de 1927, la oposición al régimen fue creciendo y abarcando sectores cada vez más amplios:

  • Políticos de los partidos dinásticos: Muchos se negaron a colaborar con la Asamblea Nacional Consultiva y exigieron a Alfonso XIII el restablecimiento de la Constitución y la convocatoria de elecciones.
  • Republicanos: Se reorganizaron y en 1926 fundaron la Alianza Republicana (liderada por Lerroux, Azaña, etc.), iniciando una lenta movilización contra la Dictadura y la Monarquía.
  • Izquierda obrera: A partir de 1927-1928, el PSOE y la UGT abandonaron su colaboración con la Dictadura y adoptaron una postura claramente republicana. La CNT, desde la clandestinidad, y el PCE también incrementaron su actividad opositora.
  • Nacionalismo catalán: La política represiva de la Dictadura unió a casi todo el espectro catalanista en la oposición.
  • Intelectuales y estudiantes: Figuras como Unamuno, Ortega y Gasset o Marañón criticaron abiertamente al régimen. Hubo importantes protestas estudiantiles (FUE).
  • Ejército: Surgieron conspiraciones militares contra Primo de Rivera (como la “Sanjuanada” de 1926), motivadas por rencillas internas, el descontento por la política de ascensos o la percepción de que la Dictadura se prolongaba demasiado.

La crisis económica mundial desencadenada por el crack de Wall Street en otoño de 1929 golpeó a España. El hundimiento de la peseta, la crisis financiera, el aumento del paro y la inflación provocaron una nueva oleada de huelgas y protestas sociales.

Primo de Rivera, enfermo, cansado, cada vez más aislado políticamente y presionado por el ejército y una oligarquía económica descontenta con su intervencionismo, presentó su dimisión al rey el 27 de enero de 1930. Alfonso XIII la aceptó y nombró jefe de gobierno al general Berenguer.

Se inició así el periodo conocido como la “Dictablanda”. El objetivo del rey y de Berenguer era organizar una transición gradual de vuelta al régimen constitucional de 1876, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la mayoría de los políticos de los antiguos partidos dinásticos desconfiaban del rey (por su papel en el golpe y la dictadura) y se negaron a participar en el gobierno.

La lentitud y torpeza del gobierno Berenguer desesperaron a la oposición. Los republicanos, socialistas y nacionalistas catalanes y gallegos vieron la oportunidad de acabar no solo con la Dictadura, sino también con la Monarquía, a la que consideraban cómplice. En agosto de 1930, los representantes de estas fuerzas firmaron el Pacto de San Sebastián, un acuerdo para coordinar sus esfuerzos con el objetivo de derrocar la Monarquía e instaurar una República.

Finalmente, Berenguer dimitió en febrero de 1931. El rey encargó formar gobierno al almirante Aznar, quien convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Aunque concebidas como unas simples elecciones locales, en la práctica se convirtieron en un plebiscito sobre la Monarquía.

El resultado fue una victoria abrumadora de las candidaturas republicano-socialistas en las grandes ciudades y capitales de provincia (aunque los monárquicos obtuvieron más concejales en total, gracias al voto rural y caciquil). Ante la evidencia del rechazo popular en los núcleos urbanos más significativos, el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República Española. El comité revolucionario surgido del Pacto de San Sebastián se convirtió en Gobierno Provisional. Ese mismo día, Alfonso XIII abandonó España, camino del exilio, poniendo fin a su reinado y al sistema de la Restauración.