LOS INICIOS DEL LIBERALISMO EN ESPAÑA. LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812

Paralelamente a la Guerra de Independencia, tuvo lugar la creación de la primera constitución escrita de nuestra historia. Mientras gran parte de los españoles se enfrentaban con las armas a los franceses, unos pocos ilustrados pretendían realizar una verdadera revolución burguesa.

Formación de los Órganos de Gobierno durante la Guerra

En 1808, debido a la salida de la familia real, se crearon Juntas Provinciales de Defensa en casi todas las capitales. Posteriormente, se formó una Junta Central Suprema de 34 miembros en Aranjuez, presidida por Floridablanca, que se convirtió en el máximo órgano de gobierno.

Debido al desarrollo de la guerra, la Junta Central primeramente se trasladó a Sevilla para después establecerse definitivamente en Cádiz, ya que era la única ciudad libre de las tropas francesas.

En 1810, la Junta Central Suprema decidió disolverse, nombrando un Consejo de Regencia con el encargo de convocar las Cortes y consultar al país sobre las reformas que debían llevarse a cabo. La guerra dificultó considerablemente la convocatoria y el proceso de elección de diputados entre las provincias ocupadas fue difícil, por lo que se decidió elegir sustitutos o diputados entre las personas de cada una de dichas provincias que habitaran en Cádiz.

Las Cortes de Cádiz y sus Tendencias Ideológicas

Finalmente, alrededor de 300 diputados abrieron la primera sesión de Cortes (que estarían vigentes hasta 1814) el 24 de septiembre de 1810. Las primeras sesiones se celebraron en la Isla de León (actual San Fernando), pero a partir de 1811 se trasladaron a la Iglesia de San Felipe Neri en Cádiz.

Entre los componentes, destacaban las siguientes tendencias ideológicas:

  • Tradicionalistas (llamados despectivamente “serviles”): partidarios de no realizar ninguna reforma y mantener la monarquía absoluta y la sociedad estamental, es decir, el Antiguo Régimen.
  • Renovadores o Jovellanistas: partidarios de las reformas de carácter moderado, que limitasen la autoridad del monarca, pero que de ningún modo comulgaban con las ideas más rompedoras.
  • Liberales: el grupo más numeroso, partidario de acabar con el Antiguo Régimen e instaurar la separación de poderes, el sufragio universal masculino o la igualdad jurídica. En este grupo destaca Agustín Argüelles.

Obra Legislativa y la Constitución de 1812

El primer manifiesto de las Cortes fue el nombramiento de Fernando VII como rey, aunque rechazaba la monarquía absoluta y el origen divino del poder. Le siguieron la abolición del Régimen Señorial y la Inquisición, las libertades económica y de prensa o una nueva desamortización.

Sin lugar a dudas, la principal obra de las Cortes de Cádiz fue la Constitución firmada y aprobada el día de San José (19 de marzo) de 1812, motivo por el que recibió el sobrenombre de “La Pepa”. El texto estuvo integrado por 10 títulos y un total de 384 artículos.

Estructura y Contenido de “La Pepa”

A continuación, se detallan los puntos clave por título:

  • Título I (“España”): Se reconoce la soberanía nacional.
  • Título II (“Los Españoles”): Se recoge una amplia declaración de derechos como la igualdad de todos los españoles ante la ley, la libertad de pensamiento, de imprenta… Además, se proclama la Religión Católica como oficial del estado.
  • Título III, IV y V: Se proclama la separación de poderes. El rey ostenta el poder ejecutivo, las cortes unicamerales ostentan el poder legislativo y son elegidas por sufragio universal masculino indirecto. El poder judicial correspondía exclusivamente a los tribunales.
  • Título VI (“Gobierno de las provincias y los ayuntamientos”): Se establece el carácter electivo de los ayuntamientos.
  • Título VII (“Hacienda”): Se propone crear una caja única y un impuesto único proporcional a la capacidad económica de cada español.
  • Título VIII (“Fuerzas armadas”): Se pretende reforzar el ejército mediante la obligatoriedad del servicio militar.
  • Título IX (“Instrucción púbica”): Se pretende que todos los españoles sepan leer y escribir. Para ello se crearán las escuelas de primeras letras.
  • Título X (“Observancia de la propia constitución”): Establecía que no se podía introducir ninguna enmienda durante un periodo de 8 años.

Principios Fundamentales del Liberalismo en la Constitución de 1812

En definitiva, en la Constitución de 1812 quedaron plasmadas las ideas básicas del liberalismo español, que serían una reclamación constante por parte de los sectores liberales de la sociedad a lo largo de todo el siglo XIX. Algunas de estas ideas fueron:

  1. La Soberanía Nacional, por la cual el poder quedaba en manos del pueblo.
  2. El establecimiento de una monarquía parlamentaria como forma de gobierno.
  3. La separación de poderes en el ejecutivo, legislativo y judicial.
  4. El sufragio universal masculino, que permitía votar a todos los varones mayores de 25 años (de forma indirecta).
  5. El sufragio pasivo continuaba siendo censitario, con lo que solo eran elegibles las personas de renta más elevada.
  6. La Igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, lo que suponía el fin de los estamentos y de los privilegios de determinados sectores sociales.
  7. Amplia declaración de derechos y libertades: libertad de pensamiento y opinión, derecho a la propiedad privada, etc.
  8. El Estado era confesional, imponiéndose el catolicismo como religión oficial del mismo.

Distribución del Poder

El poder ejecutivo recaía en el monarca, que poseía la dirección del gobierno e intervenía en la elaboración de leyes, contando además con derecho a veto durante dos años. El legislativo quedaba en manos de las Cortes, que representaban la voluntad nacional y poseían amplios poderes como la elaboración de leyes, aprobación de presupuestos o mando sobre el ejército. Por último, el poder judicial correspondía a los tribunales, que debían ser independientes para garantizar el correcto funcionamiento democrático.

La Pepa marca el inicio del constitucionalismo español, y fue uno de los textos más avanzados de su tiempo, que sirvió como modelo en Portugal, Nápoles e Hispanoamérica. Sin embargo, a pesar de las muchas reformas y cambios planteados, lo cierto es que la situación de guerra impidió una correcta aplicación de estas medidas, que no pudieron llevarse a cabo en su inmensa mayoría.

RESTAURACIÓN DEL ABSOLUTISMO E INTENTOS LIBERALES DURANTE EL REINADO DE FERNANDO VII (1814-1833)

El reinado de Fernando VII se divide en tres periodos bien diferenciados: el Sexenio Absoluto (1814-1820), el Trienio Liberal (1820-1823) y la Década Ominosa (1823-1833).

a) El Sexenio Absoluto (1814-1820)

Tras el Tratado de Valençay en 1813, Fernando VII se preparó para regresar a un país donde gobernaban unos principios políticos completamente contrarios a sus convicciones absolutistas. El monarca demoró su regreso a Madrid tanteando la situación ante la cada vez más evidente debilidad de los liberales en el interior del país.

Fernando VII entró en España el 22 de marzo de 1814, recibido por continuas aclamaciones populares. El 12 de abril, un grupo de diputados a Cortes absolutistas, le presentaron el conocido como Manifiesto de los Persas, en el que le reclamaban la vuelta al absolutismo. En él afirmaban: “Señor, era costumbre entre los antiguos persas pasar cinco días de anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias, les obligase a ser más fieles a su sucesor…”

Finalmente, Fernando VII terminó por decidirse y el 4 de mayo de 1814 emite en Valencia un decreto en el que se disolvían las Cortes, se abolía la Constitución de 1812 y toda la labor legislativa de las Cortes de Cádiz, además de restablecer el absolutismo.

Consecuencias del Decreto del 4 de Mayo

El decreto del 4 de mayo inició un periodo caracterizado por la sistemática anulación de las reformas de las Cortes gaditanas y la vuelta al antiguo régimen y al absolutismo. Con una economía depauperada por la guerra recién terminada y con unas colonias americanas que se habían sublevado con la intención de independizarse, Fernando VII, apegado al mantenimiento de los privilegios estamentales, se negó a emprender cualquier reforma fiscal que incrementara los ingresos de un estado en quiebra.

La labor del gobierno de Fernando VII se centró en la represión de los enemigos de la restaurada monarquía absoluta. Más de doce mil “afrancesados” tuvieron que exiliarse del país y se inició una dura persecución contra los liberales. Muchos militares, entre ellos antiguos héroes de la guerra de la Independencia, optaron por las posturas liberales y para hacer frente a la represión se integraron en sociedades secretas de ideología liberal como la masonería. Estos militares protagonizaron diversas intentonas de golpe militar o pronunciamientos:

  • Espoz y Mina en 1814.
  • Díaz Porlier en 1815.
  • Lacy en 1817.

Dichos pronunciamientos fueron todos duramente reprimidos.

b) El Trienio Liberal (1820-1823)

Finalmente, un pronunciamiento liberal terminó por triunfar. Poniéndose al frente de un ejército que, en Cabezas de San Juan (Sevilla), estaba acantonado para marchar hacia América a luchar contra los rebeldes independientes, proclamó la Constitución de 1812, consiguiendo que el movimiento se extendiese por todo el país.

El 9 de marzo de 1820, Fernando VII, atemorizado, juró la Constitución de 1812. Por primera vez, se aplicaba la Constitución. Se formó entonces un nuevo gobierno que proclamó una amnistía, permitió el regreso de liberales y afrancesados, y convocó elecciones, que fueron ganadas por los liberales.

Obra Reformista del Trienio Liberal

Las nuevas Cortes iniciaron una importante obra reformista con el objetivo principal de consolidar la abolición del Antiguo Régimen. Para ello se tomaron las siguientes medidas:

  1. Supresión de los señoríos jurisdiccionales, mayorazgos y vinculaciones, lo que permitió liquidar el feudalismo en el campo.
  2. Reforma eclesiástica: supresión de conventos y secularización de frailes. Desamortización de tierras del clero regular, que pasaron al Estado y fueron vendidas a particulares en subasta pública. Con ello se pretendía limitar el poder de la Iglesia, conseguir recursos para la Hacienda y potenciar la producción agraria.
  3. Reforma del sistema fiscal para aumentar los recursos del Estado y disminución del diezmo que cobraba la Iglesia.
  4. Eliminación de los gremios y aprobación de la libertad de industria y de circulación de mercancías, lo que favoreció el desarrollo de la burguesía comercial e industrial.
  5. Instauración de la Milicia Nacional, un cuerpo de ciudadanos armados formado por clases medias urbanas, con el objetivo de mantener el orden público y defender el régimen constitucional.

También se procedió a una nueva división del territorio en provincias y a organizar los nuevos ayuntamientos y diputaciones por medio del sufragio. Asimismo, se promulgó un primer Código Penal (1822), se reformó el ejército (1821) y se organizó la educación en tres grados (primario, secundario y universitario).

Oposición y División Liberal

Las reformas suscitaron la oposición de la monarquía y de los absolutistas. Fernando VII había aceptado el nuevo régimen forzado por las circunstancias y paralizó las leyes que pudo mediante el derecho de veto que le otorgaba la Constitución.

Las reformas del Trienio, si bien abolían los señoríos jurisdiccionales, no incorporaban aspiraciones básicas del campesinado, como el acceso a la propiedad de la tierra y una efectiva rebaja de los impuestos. Además, las nuevas contribuciones estatales agravaron su situación y el descontento del campesinado se tradujo en protestas y levantamientos que fueron estimulados por la nobleza tradicional y la Iglesia, perjudicadas por la supresión del diezmo y los privilegios, y por la venta de bienes monacales.

Las dificultades también dieron lugar a enfrentamientos entre los propios liberales, que se dividieron en:

  • Los moderados (o doceañistas): gobernaron hasta 1822. Eran partidarios de reformas más moderadas, que no provocasen conflictos con el rey y los estamentos privilegiados.
  • Los exaltados (o veinteañistas): en buena medida organizados en sociedades patrióticas. Defendían el pleno desarrollo de la Constitución y la aplicación de reformas radicales más próximas a las clases medias y populares. Se enfrentaron a los realistas, a los que derrotaron a finales de 1822.

El Fin del Trienio Liberal

Tras la derrota de Napoleón en 1815, las grandes potencias absolutistas (Prusia, Austria, Rusia y la Francia de Luis XVIII), reunidas en el Congreso de Viena y coaligadas en la Santa Alianza, se habían comprometido a intervenir ante cualquier amenaza liberal que surgiera en Europa contra los principios de la Restauración (absolutismo, antiguo régimen). Así, reunidas en 1822 en un Congreso en Verona, las potencias acordaron la intervención en España.

El 7 de abril de 1823 un ejército francés, conocido como los “Cien Mil Hijos de San Luis”, al mando del Duque de Angulema, entró y, sin encontrar resistencia popular, conquistó fácilmente el país. El 1 de octubre puso fin al último foco de resistencia del gobierno liberal en Cádiz y repuso como monarca absolutista a Fernando VII, que derogó las normas y decretos promulgados durante el Trienio e inició la persecución de los liberales, muchos de los cuales se exiliaron a Francia (Martínez de la Rosa, Javier de Burgos, Andrés Borrego…) o al Reino Unido (Blanco White, Alcalá Galiano…).

c) La Década Ominosa (1823-1833)

El regreso al absolutismo fue acompañado de una gran represión contra los liberales. Para ello se creó un cuerpo militar (los voluntarios realistas) encargado de la persecución del liberalismo. Además, se depuró la Administración y el ejército de presuntos liberales y se crearon comisiones de vigilancia y control para sancionar a los opositores.

Para reorganizar el ejército, el monarca pidió a Francia que se mantuvieran los Cien Mil Hijos de San Luis, que permanecieron en nuestro país hasta 1828. El ajusticiamiento de Mariana Pineda o el fusilamiento de Torrijos en 1831 se convirtieron en un caso emblemático de la represión fernandina.

Dicotomía Política y Reformas Moderadas

En el ámbito político, la monarquía se hallaba ante la dicotomía de rechazar cualquier intento reformista por el temor del auge del liberalismo y la necesidad de adoptar los cambios propuestos por algunos de sus ministros para asegurar el funcionamiento de la maquinaria del Estado. Se propuso una amnistía para superar la coyuntura de violencia y una tímida reforma de la Hacienda para aumentar los ingresos.

El gobierno se sentía amenazado y condicionado tanto por las conspiraciones liberales como por los levantamientos de los defensores más radicales del absolutismo.

A partir de 1825, ante la gravedad de los problemas económicos, fundamentalmente el déficit de la Hacienda, agravado por la pérdida de las colonias americanas y la caída del comercio, el gobierno adoptó posiciones abiertas a la colaboración con el sector moderado de la burguesía. El ministro de Hacienda, López Ballesteros, impulsó algunas reformas:

  • Estableció los presupuestos anuales del Estado con doble partida de ingresos y gastos para paliar la deuda. Sin embargo, no afrontó la reforma fiscal, dado que era imposible aumentar la recaudación sin tocar los privilegios fiscales de la nobleza, principal apoyo del monarca.
  • Estableció un Código de Comercio, que facilitaba los intercambios y la creación de sociedades industriales y de inversión.
  • Creación del Banco de San Fernando, que recibía sus ingresos del Estado.

El Conflicto Sucesorio y el Final del Reinado

El cambio de orientación política fue mal visto por el sector más conservador y tradicionalista de la Corte, la nobleza y el clero, ya descontentos porque Fernando VII no había repuesto la Inquisición ni perseguido con suficiente saña a los liberales. En Cataluña, en 1827, se levantaron partidas realistas (Els “Malcontents” o “Agraviados”) que defendían el retorno a las costumbres y fueros tradicionales.

En la corte, dicho sector se agrupó alrededor de Carlos María Isidro, hermano del rey y previsible sucesor, dado que Fernando VII no tenía descendencia.

El mayor problema al que tuvo que hacer frente Fernando VII al final de su vida fue la cuestión sucesoria. En 1830, el nacimiento de una hija del rey, Isabel, dio lugar a un grave conflicto en la sucesión al trono. La Ley Sálica, implantada por Felipe V en España, impedía el acceso al trono a las mujeres, pero Fernando VII, influido por su mujer María Cristina, promulgó la Pragmática Sanción, que derogaba dicha ley y abría el camino al trono a su hija y heredera, Isabel II.

Los partidarios de don Carlos (carlistas) se negaron a aceptar la nueva situación e influyeron sobre el monarca, gravemente enfermo, para que fuera repuesta la Ley Sálica. No se trataba solo de una disputa acerca de la legitimidad de sucesión, sino que escondía un enfrentamiento entre dos modelos de sociedad. Alrededor de Carlos se agrupaban las fuerzas partidarias del Antiguo Régimen, los opuestos a cualquier forma de liberalismo. Por contra, María Cristina comprendió que, si quería salvar el trono para su hija, debía buscar apoyos en los sectores más cercanos al liberalismo.

Nombrada regente mientras durase la enfermedad del rey, formó un nuevo gobierno de carácter reformista, decretó una amnistía que supuso la vuelta de 10 000 exiliados liberales y se preparó para enfrentarse a los carlistas.

En 1833, Fernando VII murió, reafirmando en su testamento a su hija Isabel, de tres años de edad, como heredera del trono, y nombrando regente a María Cristina hasta la mayoría de edad de su hija. El mismo día, don Carlos se proclamó rey, iniciándose un levantamiento absolutista en el Norte de España. Fue el inicio de la primera guerra carlista.